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Trump e hijos deberán declarar ante la Corte por investigación sobre sus negocios en NY

El magistrado Arthur Engoron ordenó que Trump y sus dos hijos mayores, Ivanka y Donald Trump Jr., acaten las citaciones emitidas.

El expresidente Donald Trump y dos de sus hijos deben declarar bajo juramento en la investigación civil que realiza el estado de Nueva York sobre sus negocios, determinó un juez este jueves.

El magistrado Arthur Engoron ordenó que Trump y sus dos hijos mayores, Ivanka y Donald Trump Jr., acaten las citaciones emitidas en diciembre por la fiscala general del estado de Nueva York, Letitia James.

Trump y sus dos hijos deberán presentarse a declarar durante los próximos 21 días, dijo Engoron.

Engoron emitió el fallo luego de una audiencia de dos horas con abogados de los Trump y la fiscalía estatal.

“En el análisis final, una fiscal general estatal inicia investigando una entidad comercial, descubre copiosa evidencia de posible fraude financiero y desea hacer preguntas, bajo juramento, a varios de los directivos de las entidades, incluyendo a la persona de la que provenga su nombre. Ella tiene todo el derecho de hacerlo”, escribió Engoron en su decisión.

Es casi seguro que el fallo sea apelado, pero en caso de ser ratificado podría llevar al expresidente estadounidense a una decisión difícil sobre si responder preguntas o mantenerse en silencio, amparándose en la Quinta Enmienda constitucional contra la autoincriminación.

Voceros de Trump no respondieron de momento a una petición de declaraciones respecto al fallo.

James, una demócrata, remarcó que su investigación ha revelado evidencia de que la compañía de Trump usó valoraciones “fraudulentas o erróneas” de bienes como campos de golf y rascacielos a fin de obtener préstamos y beneficios fiscales.

Los abogados de Trump argumentaron al juez Engoron durante la audiencia que obligar a su cliente a presentarse a una deposición civil ahora, cuando su compañía es además objeto de una pesquisa penal paralela, es un intento inapropiado de evadir una ley estatal que impide que los fiscales llamen a testificar a alguien ante un jurado investigador penal sin otorgarles inmunidad.

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