Monterrey

Vicente González: ¿Está usted seguro de que su empresa no recibió una factura apócrifa?

Nuevo León es considerado como el tercer lugar donde se emiten comprobantes fiscales apócrifos.

Ante esta emergencia sanitaria que vive el país, personas físicas y morales han tenido que cerrar sus operaciones o cambiar de domicilio, lo que ha provocado que la fiscalización de las autoridades se complique y que los contribuyentes cumplidos se vean afectados.

Es por ello que en Nuevo León el 100 por ciento de los contribuyentes pueden ser víctimas de haber recibido comprobantes fiscales apócrifos, porque las empresas al haber cerrado y no estar localizadas, la autoridad fiscalizadora determina que la emisión del documento fiscal fue ilegal.

Hay que alertar a los contribuyentes cumplidos que no están exentos de recibir una factura presumiblemente ilegal, aquí el problema se complica cuando las autoridades publican en el Diario Oficial de la Federación el listado mensual donde se notifica la presunción de operaciones inexistentes.

El delito por darle efectos fiscales a un comprobante apócrifo tipifica la defraudación fiscal, lo que puede poner en riesgo de cárcel y hasta perder sus pertenencias al contribuyente.

Nuevo León es considerado como el tercer lugar donde se emiten comprobantes fiscales apócrifos de acuerdo al Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que convierte a Monterrey en la ciudad industrial en una de las más fiscalizadas.

Como contribuyentes cumplidos no estamos exentos de que nos hayan proporcionado una factura ilegal, lo cual nos sitúa en los supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación con las penas que eso conlleva e incluso la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio.

El Presidente de la República, Andrés López Obrador (AMLO) ha conminado a quienes estén en esta situación (sin revelar su identidad) a acercarse voluntariamente con la autoridad tributaria para corregir su situación fiscal antes de que se inicien procedimientos penales en su contra.

Esta acción se debe principalmente a que, en los últimos años, ha proliferado el uso de facturas apócrifas e inclusive se han formado negocios dedicados a emitirlas y Nuevo León no es la excepción.

En días pasados, el presidente anunció que, en conjunto con el SAT, ha identificado a los contribuyentes que, mediante el uso de comprobantes fiscales apócrifos, lograron reducir o incluso nulificar la cantidad de impuesto que debían pagar.

El ejecutivo de la nación quiere marcar, con este tipo de acciones, la diferencia de su gobierno con los anteriores y ha dejado claro su objetivo de erradicar prácticas ilegales como es la compra de facturas para evadir impuestos.

En ese contexto, es importante saber que existe un listado mensual, que se publica en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se notifica la presunción de operaciones inexistentes de conformidad con el ya mencionado artículo 69-B.

La primera acción que le sugerimos a los contribuyentes, es solicitar a su despacho fiscal que verifique que sus proveedores, quienes le emitieron facturas de bienes o servicios, no se encuentren en dicho listado.

VGL Abogados desarrolló el servicio denominado Semaforización, que arroja con precisión la lista de proveedores cuyos comprobantes fiscales emitidos son presumibles como de operaciones simuladas.

En el supuesto que el diagnóstico resulte limpio, es de suma importancia establecer manuales de operación y cumplimiento fiscal diseñados a la medida, para blindar fiscalmente las operaciones que realice en un futuro.

En caso de que se detecten en la contabilidad proveedores que el SAT ha identificado como emisores de facturas falsas, es de importancia corregir la situación fiscal de inmediato porque de lo contrario el contribuyente vera amenazado no sólo su patrimonio, sino también su libertad.

Hoy es el momento de asesorarse con firmas fiscales especialistas en el área, y que te regularicen conforme a la Ley.

¡Que el miedo no le paralice!

El autor es Licenciado en derecho con estudios de Contabilidad y Finanzas en el Tecnológico de Monterrey. Tiene una Maestría en derecho fiscal por la UANL y cursa el doctorado en Derecho en Constitucional, Penal y Amparo. Es director general del despacho VGL Abogados.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.