¿Verificación vehicular a la vista para Nuevo León?

Tras el análisis de las propuestas para la nueva Ley de Movilidad, el Congreso de Nuevo León discute una verificación vehicular obligatoria que está basada en la iniciativa que promovió el gobierno estatal.

Del martes al viernes de la semana anterior, los diputados locales realizaron mesas de trabajo para lograr un consenso que permita una nueva Ley de Movilidad basada en cuatro iniciativas: una del gobierno estatal, una impulsada por organizaciones no gubernamentales, otra de la bancada de Morena, y una más de grupo legislativo del PAN.

El análisis de las cuatro iniciativas abre la puerta a una posible verificación vehicular en la metrópoli, que deberá de ser aprobada en el Pleno Legislativo del Congreso de Nuevo León.

Entre otros circulatorios, se plantea impulsar el uso de la tarjeta de prepago, mejor conocida como Tarjeta Feria, así como una reestructura de la circulación de las rutas, y la fomentación del uso de medios de transporte no motorizados y de vehículos que utilicen energías limpias.

Para resolver los problemas de fondo en materia de movilidad, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Mariela Saldívar, pidió no apresurarse en la elaboración de un dictamen de Ley de Movilidad.

Saldívar destacó que es mejor contar con una Ley bien hecha, en lugar de una formulada bajo presión.

"Nosotros tenemos la oportunidad en la nueva Ley de Movilidad de incorporar estos elementos que aprendimos, pero se necesita tiempo, no son temas sencillos, son decisiones técnicas", dijo.

Deberían atenderse los problemas de fondo y no salir con la presión de hacer un anuncio político, en dos o tres semanas, con una Ley que no va a resolver los problemas de fondo, pues en la letra, Nuevo León está muy bien, en la práctica muy mal y con mucho retraso.

"El tema de movilidad y el transporte público se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y los políticos sacan provecho de ese discurso. Pero en la realidad toman decisiones que afectan a los ciudadanos en la movilidad, que contravienen los principios básicos por intereses político-electorales".