Susto a la industria inmobiliaria
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Susto a la industria inmobiliaria

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Susto a la industria inmobiliaria

Las personas afectadas por un acto de desalojo, podrán solicitar a las autoridades correspondientes, su incorporación a los programas de vivienda.

Opinión MTY CON-CIENCIA INMOBILIARIA Guillermo Godinez Palma
03/06/2019
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Guillermo Godínez
Guillermo GodínezFuente: Cortesía

Gran susto se han llevado los capitalinos en los últimos meses con la presentación de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías en la Ciudad de México (CDMX).

Me puse a leerla y todo sonaba muy bien, por los derechos para la familia, para uno como persona, para los diferentes géneros que hay, derecho a la mujer (tema que se me hace arcaico que toque el punto de la mujer, cuando no debiera, ya que a mi punto de vista mujeres y hombres debemos tener los “mismísimos” derechos. El hecho de hacer un apartado significa que las mujeres siguen teniendo diferencias con los hombres).

Derechos por aquí y derechos por allá y más allá y cuando llego al artículo 60 ya no se me hizo derecho, sino más bien izquierdo, curvo…. digamos que chueco para el derecho a la propiedad privada.

Se los comparto tal y como venía:

Artículo 60. Para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos, violen, entre otros derechos, el derecho a una vivienda adecuada, podrán llevarse a cabo sólo en casos excepcionales. Antes de realizarse, las personas que serán desalojadas tienen el derecho a: no ser discriminadas, que se estudien todas las demás posibilidades que permitan evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza; la debida indemnización en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales; y contar con las debidas garantías procesales, lo que incluye la obligación del juez de dar audiencia a las personas que puedan ser objeto de un lanzamiento de su domicilio. Las autoridades competentes deben garantizar el adecuado realojamiento, de las personas sin recursos desalojadas, en un radio no mayor a 15 kilómetros tomando como centro el lugar de origen.

Después de haber sido analizada por expertos empezaron a brincar personalidades, abogados y congresistas diciendo que la Nueva Legislación en materia del “Derecho a la Vivienda” en la CDMX; garantiza a los inquilinos morosos que no paguen la renta a los propietarios de casas habitación; que no podrán ser desalojadas por medio de la fuerza pública bajo ninguna circunstancia. Tampoco podrían ser desalojados los invasores de predios particulares, si su invasión, que se entiende como una “ocupación social” de inmuebles es para “ejercer su legítimo derecho constitucional” a una vivienda digna y decorosa.

La 4a T, encabezada por Claudia Sheinbaum, se pone con esta legislación, definitivamente de lado del pueblo bueno; en contra de los propietarios de bienes inmuebles que generalmente pertenecen al denostado grupo de los “fifís”; neoliberales; conservadores o minoría rapaz capitalista. Si se dan cuenta ya empiezan a sonar frases como las que se escuchan a diario en Cuba y Venuezuela, por cierto….

Ignacio Morales Lechuga señaló en su momento que lo lo más grave de esta Ley, apunta el exprocurador, es que “su entrada en vigor y observancia equivale a extender un permiso para ocupar, invadir o no pagar renta en cualquier edificio habitacional de propiedad privada en favor de quien se declare incapaz o inconforme con pagar renta y tenga que enfrentar un desalojo judicial”.

Ante el fuerte agravio que se veía venir al derecho de la propiedad privada y a la industria inmobiliaria, el Diputado de Morena y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Temístocles Villanueva reconoció que se les había pasado la mano y habría que modificar dicho artículo y que lo propondrían al Pleno el viernes pasado.

Finalmente así quedó:

Artículo 60: Ninguna persona podrá ser desalojada sin mandamiento judicial emitido de conformidad a las disposiciones constitucionales y legales aplicables al caso concreto.

Las leyes en la materia establecerán los procedimientos y modalidades para garantizar el derecho de audiencia, respetar el debido proceso, y procurar en todo momento, la mediación y la conciliación; además de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento.

Las personas afectadas por un acto de desalojo, podrán solicitar a las autoridades correspondientes, su incorporación a los programas de vivienda.

Afortunadamente en Nuevo León no tenemos el problema de las “rentas congeladas” como lo habían sufrido hasta hace unos años los capitalinos por el decreto emitido en su momento por el entonces presidente de México, Manuel Ávila Camacho, en 1941.

Pero si sería bueno que ante esta situación o ensayo, por parte de algunos grupos para hacer uso social de la propiedad privada la gente de Caprobi y algunas cámaras locales, empezaran a analizar cómo proteger a los tenedores de tierra ante una “ideota” como ésta.

Nos vemos ¡Hasta la próxima!

El autor cuenta con más de 25 años de experiencia en el ramo de los bienes raíces en materia de comunicación, campañas y lanzamiento de proyectos inmobiliarios. Desde 1995, es miembro de la National Asociation Real Estate Editors (NAREE).

Opine usted: guillermogodinez9@hotmail.com

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.