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Pese a que Nuevo León señaló que desde el 2010 cuenta de manera interrumpida con algún instrumento de combate a la corrupción, durante el año pasado la prevalencia de corrupción en la entidad subió 10.3 por ciento.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi, entre 2013 y 2019, las víctimas de corrupción a nivel nacional pasaron de 12 a 16 personas por cada 100 habitantes.
En el reporte, el organismo indicó que durante el 2013 la prevalencia de corrupción en Nuevo León se incrementó 6.3 por ciento, y que el año pasado se mantuvo esta tendencia al registrarse un alza de 10.3 por ciento.
Durango registró el mayor incremento con 25.4 por ciento, seguida de la Ciudad de México y el Estado de México con 20.7 por ciento, cada uno, Quintana Roo con 19.9 por ciento y Morelos con 16.4 por ciento.
El Inegi destacó que pese a esta alza en la corrupción, la entidad se ubica entre las cinco entidades que registraron el menor repunte en esta variable, de 25 que reportaron un incremento.
"En 2019, las entidades que presentaron la mayor proporción de personas víctimas de algún acto de corrupción fueron Durango, Ciudad de México y México, en donde la población tiene el doble de probabilidad de ser víctima de corrupción comparada con Nuevo León, y el triple de probabilidad que en Colima o Zacatecas, entidades con la menor prevalencia a nivel nacional", dijo el instituto.
"Cabe mencionar que hubo varias entidades, que pese a tener un plan anticorrupción estatal operando por varios años, no muestran evidencia de que el soborno disminuya, por el contrario, ha aumentado en los últimos años", detalló.
El Inegi señaló que Nuevo León cuenta un Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, con un Consejo o Comité de Participación Ciudadana, con una Fiscalía Anticorrupción u homóloga, con una Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, con un Tribunal de Justicia Administrativa, así como con Planes y programas anticorrupción.
A nivel nacional, el 2019 el monto total por actos de corrupción que experimentaron las personas al realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos, y otros contactos con autoridades, ascendió a 12 mil 770 millones de pesos, lo que representó tres mil 822 pesos promedio por persona afectada.