Sobre la universalidad y gratuidad de la educación superior

Opinar sobre la educación superior pública es incursionar en uno de los temas sociales más sensibles a debate, debido a que en éste convergen ideas e ideologías de diversos ámbitos, así como intereses que van en un espectro del genuino objetivo de procurar herramientas para mejorar el bienestar social, hasta intereses puramente populistas de quienes ven a las universidades como un semillero de votos potenciales.

Por tanto, escribir sobre este tema requiere de elementos que permitan fundamentar cada argumento en datos e información que construyan ideas, y así comenzar un debate en aras de encontrar posturas de común acuerdo, así como elementos de abierto desacuerdo.

Como egresado de dos instituciones de educación superior públicas, estoy convencido de la efectividad de la educación universitaria pública como un mecanismo de movilidad social basado en el mérito, el estudio, y la capacidad de crear conocimiento útil al servicio de la sociedad.

Sin las universidades públicas, miles de estudiantes capaces y comprometidos con el aprendizaje difícilmente podrían acceder a una educación equivalente en el sector privado, considerando que la oferta de becas y crédito típicamente no cubrían otros costos complementarios como libros, y otros gastos diversos.

Por otra parte, como economista, he estudiado las virtudes del capital humano como máximo factor de desarrollo económico y social de un país, y en este caso, la educación superior es la formadora por excelencia de especialistas, investigadores, y profesionistas capacitados para emplear y mover las fronteras del conocimiento a través de la innovación.

Sin embargo, para alcanzar estos fines, en el corazón de la eficiencia de la educación superior universitaria se encuentra un principio fundamental para su funcionamiento: la capacidad de todas estas instituciones para identificar y asignar el talento de sus estudiantes así como "separar" a través de sus múltiples cursos, exámenes, trabajos finales, y distintos mecanismos de evaluación, a aquellos individuos que poseen las habilidades necesarias para ejercer una profesión, de aquellos que no las tienen.

Esto es, una educación superior universitaria efectiva, a través de la permanencia en la universidad de sus estudiantes y la eventual titulación de los aptos para ejercer una profesión, permite emitir una señal a la sociedad: quien cuenta con un título universitario posee el conjunto de habilidades y conocimientos necesarios para ejercer una profesión responsablemente, habiendo adquirido este conocimiento en un entorno académico que brinda los mejores elementos para garantizar una formación de calidad de quien porta esa licencia.

Por todo lo anterior: estoy en contra de la universalidad y gratuidad universitaria, entendidas éstas como el acceso abierto, irrestricto, y sin filtros de ninguna especie de todo a quien se le ocurra la idea de estudiar en una universidad, poniendo en riesgo la calidad educativa de quienes merecen la oportunidad de contar con una educación de vanguardia, de bajo costo, y que no tienen acceso a recursos para adquirirla privadamente.

La formación universitaria es en esencia meritocrática: sólo quienes poseen las habilidades necesarias pueden estudiar, permanecer y concluirla. Quien aprovecha esa oportunidad, persevera, persiste, aprende, y se muestra apto para ejercer una profesión, lo cual lo demuestra al titularse.

Abrir el acceso irrestricto a las universidades públicas sin exámenes de admisión, garantizar la permanencia "hasta que el alumno apruebe", o simplemente ver el título universitario como un derecho sin remediar en las obligaciones que su adquisición conlleva, es una amenaza para el fin último de la educación superior pública, al poner en riesgo la calidad educativa que ofrece y distorsionar el valor social de un título de educación universitaria.

Lo que es más, dado que no existe un compromiso para incrementar el presupuesto real dedicado a la educación superior pública en el corto plazo, el delicado equilibrio financiero en el que muchas universidades públicas sobreviven, tratando de brindar educación de calidad a sus estudiantes, y un ambiente propicio para la investigación científica a sus profesores, se ve amenazado al ver en la presión por incrementar la matrícula de manera arbitraria una verdadera amenaza a la calidad de la educación que se imparte.

Por todo lo anterior, estoy a favor de una educación universitaria pública cuyo compromiso sea la provisión de ésta con calidad a quien la necesite, se esfuerce, y la merezca.

El autor es Doctor en Economía en la Universidad de Chicago. Es Profesor-Investigador de la Facultad de Economía de la UANL.

Opine usted: jorge.o.moreno@gmail.com.

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