Roberto Mendoza: El régimen fiscal Méxicano post-pandemia

A poco menos de cumplirse un año de haber sido declarada la pandemia (Marzo 11, 2020), existiendo ya registros de cientos de millones de personas contagiadas, en más de 250 países y sin duda habiéndose detonado un fenómeno socioeconómico disruptivo y sin precedentes similares, ha sido tarea obligatoria de todas las naciones la planeación, evaluación y medición del impacto económico que el confinamiento ha traído y traerá, así como las posibles modificaciones a su política económica fiscal, con la finalidad de mantener a flote al sector empresarial de su país.

Bajo un panorama estrictamente fiscal-financiero; es una práctica común a nivel global, es que cada vez que exista un fenómeno de cualquier tipo que impida la activación normal de la economía local (por ejemplo; fenómenos meteorológicos, epidemias, etc.), el sistema fiscal del país recurra a la promoción de diversos estímulos que eviten el desempleo o la caída de ciertos sectores clave, e incluso otros que permitan la reactivación comercial. México ha destacado por ello, pero no en el sentido que lo imaginamos; ocupamos el nada honroso lugar 20 dentro de los países miembros del G20, al haber otorgado poco menos del 1% del PIB en estos rubros, cuando el promedio de los países de la OCDE fue del 6%.

Contrario a esta tendencia, pareciera que estamos atravesando por en una realidad alterna, donde lejos de buscar elevar índices de competitividad de nuestra economía, tal vez mediante el otorgamiento de beneficios que aceleren la reactivación y el fomento al empleo, están siendo promovidas diversas iniciativas de reforma que al menos en el papel, podrían resultar a todas luces, contraproducentes.

En un país donde históricamente hemos adolecido de una cultura fiscal y además existe un porcentaje importante de economía informal, resulta hasta obvio confirmar que somos una de las naciones con los índices más bajo de recaudación; así, en efecto el objetivo de las autoridades durante los últimos años ha estado encausados a reforzar las tareas de fiscalización. Así se ha demostrado, ya que convenientemente México ha decidido ser early adopter de las recomendaciones de la OCDE, pero casualmente en aquellas que van alineadas a fomentar una recolección tributaria con reglas más exigentes (revelación de esquemas reportables) y restrictivas (ciertas limitantes a deducciones) y no así en aquellas que provoquen una mejor atracción para inversionistas (reducir tasa de ISR u homologar IVA).

El índice de competitividad fiscal internacional publicado por el think tank Tax Foundation ha ubicado al país en el lugar 31 de 36, razones como la burocracia y tiempos ineficientes para dar cumplimientos con las obligaciones tributarias, así como los procesos dolorosos para recuperar saldos a favor, han sido destacados como aspectos negativos. No tendrá buen augurio el resultado de esta publicación para México en los siguientes años, si durante el presente año termina de cocinarse la reforma que busca prohibir la subcontratación, basta con señalar que al menos un 24% de los empleados registrados en el IMSS lo están bajo esta figura, habrá que ver cómo termina, pero sin duda podría detonar consecuencias severas para la economía en general, pero podría ser fatídico para algunos sectores.

El círculo de funcionamiento de una política fiscal eficiente, aunque complejísimo en su fórmula, termina siempre siguiendo factores sencillos; sin actividad económica en el país habrá que considerar que no existirán utilidades en los negocios y por ende tampoco existirá ISR por recolectar. De igual forma, si no existe actividad comercial y el consumidor no sale a la calle o compra en línea a falta de recursos, no habrá IVA o IEPS que recolectar.

Utópico o no, pero será crucial que en el corto plazo se comiencen a gestar algunos mecanismos de estímulos temporales que permitan a los comercios mantenerse a flote, y por qué no, diseñar una reforma fiscal que permita en efecto elevar el cumplimiento y los índices de competitividad y que a su vez doten de certidumbre a todos los negocios de todos los tamaños.

El autor es Profesor del Programa Académico de la Licenciatura en Contabilidad y Finanzas de la Escuela de Negocios en la Universidad de Monterrey. Es Contador Público egresado de la UDEM y Maestro en Derecho Fiscal por la Facultad de Derecho de la UANL. Cuenta con amplia experiencia en consultoría fiscal nacional e internacional.

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