Monterrey

¿Quién paga el ISN de los estados mexicanos?

OPINIÓN. El ISN es en la práctica un impuesto más al ingreso, sólo que exclusivamente a los ingresos laborales y de carácter proporcional.

El presente artículo muestra un resumen del trabajo de investigación
del mismo nombre que fue recientemente galardonado con el segundo lugar del Premio Nacional de Finanzas Públicas 2016 que otorga el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

Desde el año 2000 hasta la actualidad 23 estados han aumentado la tasa del impuesto sobre la Nómina (ISN), 15 de ellos lo hicieron tan sólo del 2009 en adelante.

Como resultado de estos ajustes la tasa legal del ISN se ha doblado, de 1.1 por ciento en el 2000 a aproximadamente 2.3 por ciento en el 2016.

De igual forma, los ingresos que provee este impuesto han crecido en proporción a los ingresos totales de los que disponen las haciendas estatales 60 por ciento en el periodo considerado.

El resultado es que el ISN representa aproximadamente un tercio de los ingresos propios de los estados.

Aun y cuando es comprensible la necesidad de que los estados procuren fuentes de ingresos locales como el del ISN, también es indispensable contrastar con la evidencia empírica los efectos que producen estas medidas fiscales.

En este sentido, el ISN puede provocar importantes distorsiones en los mercados laborales estatales.

También puede provocar contracciones en el empleo o en las
remuneraciones reales dependiendo de la incidencia.

El presente estudio busca contribuir en esta línea.

En particular nos hacemos una pregunta de formulación sencilla, pero de difícil respuesta: ¿Quién paga el impuesto sobre nóminas de los estados de México? ¿Las empresas o los trabajadores?.

Si bien el ISN se aplica legalmente a las empresas, es posible que las empresas se lo trasladen a los trabajadores, en la forma de menores salarios reales, de la misma forma en que el IVA es pagado por los comercio pero usualmente se traslada (total o parcialmente) al consumidor.

Esta es una posibilidad genuina, basta con contener el crecimiento de los salarios nominales por debajo de la inflación.

Para contemplar esta posibilidad, en el estudio presentamos un modelo teórico de la incidencia económica del impuesto sobre la nómina en México basado en la revisión de la literatura económica sobre la incidencia de las cargas fiscales y/o contribuciones a los salarios.

Este modelo se aplicó a un macro panel de los 32 estados de la República para el período 2000-2015, empleando métodos 
econométricos de macro paneles de segunda generación.

Nuestras estimaciones sugieren que el coeficiente de respuesta de los salarios reales ya sea a los cambios en la tasa legal o a la tasa efectiva del ISN (que se estimó con información de la Encuesta de Ocupación y Empleo) está en un rango consistente con las magnitudes que
deberíamos esperar bajo la traslación completa del ISN al salario real.

En cambio, en todas las especificaciones fallamos en encontrar algún efecto sistemático de la tasa del ISN sobre el empleo.

Es decir en los estados que incrementaron la tasa del ISN, los salarios reales crecen más lentamente en el siguiente año al cambio en comparación con aquellos donde no se incrementó, mientras que las tasas de crecimiento del empleo no muestran diferencias significativas.

Así el ISN es en la práctica un impuesto más al ingreso, sólo que exclusivamente a los ingresos laborales y de carácter proporcional.

Si la proporción de los ingresos laborales en el ingreso total es mayor para las familias más pobres, el ISN será regresivo.

En este sentido, el ISN contribuye al mediocre crecimiento de los salarios reales en México que implican que el salario por hora en las manufacturas se haya estancado en sólo dos dólares y medio por hora desde hace casi quince años, o que el salario real crezca tan poco que
tendrían que pasar más de cuarenta años, es decir más que el
horizonte laboral típico, para que éste se doble.

Consuela saber que el ISN no destruye empleo, la cual es una de las principales críticas al impuesto debido a su potencial efecto negativo sobre la oferta laboral en los estados.

* Edgardo Ayala es profesor del Departamento de Economía del ITESM, René Cabral es profesor de la EGADE Business School y Joana Chapa es profesora de la Facultad de Economía de la UANL.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.

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