Primero rechazan tarifazo, y ahora van por requisa

A fin de consolidar su propuesta de tener el control total de las rutas camioneras, el gobierno estatal planteó ayer requisar el transporte público.

Tras una reunión con diputados locales de diferentes partidos, el secretario General de Gobierno, Manuel González, indicó que la requisa permitirá al gobierno estatal acelerar el proyecto de administrar totalmente el transporte público.

Es por eso, aseguró, que el Estado requiere del apoyo de los diputados locales, para que aprueben la iniciativa del gobierno estatal para adquirir una deuda aproximada a los 5 mil millones de pesos para financiar su proyecto.

"¿Cuál es el mejor procedimiento de acuerdo a los que hemos analizado? Es la requisa, porque administrativamente nos permite llegar a un acuerdo y navegar con relativa rapidez. La requisa nos da seis meses", dijo.

El secretario General de Gobierno explicó que la deuda aproximada a los 5 mil millones de pesos estaría financiada a cargo del presupuesto de distintas dependencias en los años 2020 y 2021; es decir, se prevén recortes.

La deuda, agregó González, corresponde a que se necesita liquidez para comprar las rutas de las empresas interesadas en la venta y que no deseen continuar en el negocio.

Sin embargo, refirió que algunos empresarios podrían continuar en el negocio debido a que se plantea también una reestructuración de recorridos, lo que les permitirá reducir sus costos de operación.

Al respecto, Carlos Garza, tesorero estatal, incluyó que el Estado adquiriría camiones que no rebasen los 10 años de antigüedad, para evitar la compra de unidades chatarra.

"Si fuese la requisa, la que nosotros recomendamos más en esto, sería como lo marca la ley, la publicación de un decreto donde se establece qué rutas, qué empresas, después de haberlo platicado con ellos, porque estamos en total trato con ellos, no es esto un rompimiento ni mucho menos", comentó

"Nos vamos a sentar con cada uno de ellos para establecerlo, pero el procedimiento requisa es más sencillo, burocrática y administrativamente, porque nos lleva a un avalúo, practicado en no más de 90 días, y a una decisión llevada a cabo en no más de 120 días, por eso muy probablemente adoptemos ese sistema".

"Pero para adoptarlo tenemos que tener primero la autorización del Congreso (…) No se adquirirían los que tiene más de 10 años o chatarra luego observar lo que estando dentro de los 10 años para ver cuáles son y sus valores y luego los bienes inmuebles a ver si son necesarios o no", expresó.