La bancada independiente en el Congreso local, presentó una iniciativa que propone que las empresas participantes en las licitaciones de obras públicas se investiguen previamente, y que estos concursos no se realicen en días inhábiles.
La iniciativa plantea reformar la Ley de Obras Públicas del Estado, así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Nuevo León.
"Se proponen dos modificaciones, básicamente, la obligatoriedad de investigar los antecedentes de cualquier empresa que participe en un concurso, y la segunda modificación, es el no licitar en días inhábiles.
"La iniciativa abarca estados y municipios, con los recursos que se utilicen la entidad", indicó el diputado independiente, Eugenio Montiel Amoroso.
La iniciativa promueve reformas a los artículos 23, 43 y 44 de la Ley de Obras Públicas Estatal, para evitar que empresas con antecedentes de rescisión de contrato de obra pública a nivel federal participen en licitaciones locales.
"Otro aspecto que se pretende con la modificación a la ley es el de impedir que las licitaciones se efectúen en días inhábiles, lo cual se presta a suspicacias y atenta contra la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos", mencionó el legislador.
Destacó que existirán excepciones en materia de licitaciones cuando se efectúen ante una eventualidad como desastres naturales, o exista el riesgo de perder recursos asignados por el gobierno federal.
"Históricamente no se tiene memoria de que se haya presentado una iniciativa así, cuando los dos poderes se ponen de acuerdo. Esta ley transparenta", dijo.
Montiel presentó el documento ante la Oficialía de Partes, en el Congreso local, acompañado por el Secretario de Infraestructura del Gobierno de Nuevo León, Humberto Torres; y el Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Nuevo León, José Gutiérrez Cantú.
Montiel explicó que respecto a la modificación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se solicitará adicionar las fracciones XIII BIS y XXIII BIS I del artículo 50, para que los servidores públicos se abstengan de contratar obra pública a favor de personas físicas o morales que hayan incurrido en rescisión de contrato ante cualquier otra instancia.
"En caso de hacerlo, los servidores públicos estarían incurriendo en un delito por lo que quedarían a disposición de las instancias correspondientes para someterse a las sanciones administrativas y penales que resulten", dijo.
Agregó que confía en que el pleno del Congreso vote a favor de esta iniciativa.
Monterrey