Precios de la canasta alimentaria y apertura comercial

La teoría del comercio internacional explica que, ante la apertura comercial al exterior, los precios relativos de los bienes de exportación del país tenderán a crecer, mientras aquellos que compiten con los de importación bajarán. Si la producción nacional se orienta más hacia los bienes de exportación, la riqueza nacional aumentará y así su capacidad de consumo.

La evidencia empírica disponible es variada, pero puede decirse que buena parte de ella muestra que la apertura comercial al exterior, ha propiciado el crecimiento real de la riqueza económica de aquellos países que la han llevado a cabo.

Al hablar del efecto de esta misma apertura comercial sobre la distribución de las ganancias, la historia ya no es tan clara. Los desarrollos teóricos no se preocuparon de este asunto, sino hasta más recientemente. Hoy, tanto la nueva teoría del comercio internacional, como la evidencia empírica de ésta, dejan en claro que los efectos redistributivos de la riqueza existen y pueden afectar de manera sesgada a ciertos grupos de productores y consumidores.

Luego de la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio en 2002, se considera que el mundo ha vivido una de las épocas de mayor exposición al comercio internacional y nuestro país, competidor de China en variados bienes en el mercado externo, también. ¿Qué ha pasado con los precios relativos de los alimentos básicos producidos en México en esta época?

Al observar las tendencias de los precios relativos (precio de cada bien en relación al índice general de precios al productor) de los bienes genéricos que componen la canasta alimentaria de nuestro país, aquella con la que se mide el nivel de ingreso mínimo necesario para no estar en la pobreza alimentaria (extrema), puede observarse que entre 2003 y 2019, la mayoría de ellos ha aumentado más que los del resto de la economía, promediando 51 por ciento por encima del crecimiento del nivel general, este último que se duplicó en dicho lapso.

Chile, naranja y frijol, fueron los tres productos cuyos precios relativos más crecieron por encima del índice general, con 313 por ciento, 257 por ciento y 257 por ciento, respectivamente, mientras el yogurt, el azúcar y los jugos envasados crecieron menos que el índice general, 44 por ciento, 39 por ciento y 27 por ciento, respectivamente.

La mayor libertad comercial seguirá propiciando que los precios relativos de los bienes de exportación crezcan y en dicho entorno la política pública puede contribuir a que la competitividad de este tipo de bienes siga vigente. Paralelamente, en vías a corregir los posibles impactos negativos en los grupos más pobres y que tienen una asignación sesgada de su ingreso hacia los productos alimenticios básicos, también debería propiciar la mayor disponibilidad de aquellos alimentos cuyos precios relativos han bajado, en los mercados más cercanos a estos grupos de ingreso.

Idealmente, los patrones de consumo se irán orientando hacia sustituir en los hábitos alimenticios los bienes que se van encareciendo (de exportación), con los que se van abaratando (de importación), pero la evidencia señala que esto no sucede todo lo rápido que se quisiera. La falta de información y sobre todo de conectividad entre los mercados internos del país propician efectos no deseados de empobrecimiento en grupos poblacionales, que a la postre representan injusticias distributivas.

Una vía para atenuar el impacto redistributivo no deseado, es mediante un sistema eficiente de información de mercados y de dotar de infraestructura de caminos y carreteras, que permitan integrar los mercados internos reduciendo los costos de traslado. Por lo pronto, resulta preocupante que la vertiente de infraestructura del Presupuesto Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, decreció en términos reales con respecto a la del 2018, y en particular, su renglón de comunicaciones y transporte lo hiciera casi a la mitad, donde la subcuenta de construcción de caminos rurales, pasó de mil 854 millones de pesos en 2018 a cero en 2019 y la de mantenimiento de caminos rurales se redujera casi un 30 por ciento, ello hará más difícil acercar el comercio interior y exterior, al medio rural y cumplir con el derecho social de acceso a carretera, contemplado en el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social.

El autor es economista del Tecnológico de Monterrey, con Maestría en Economía y Doctorado en Ciencias Sociales de la UANL. Actualmente es Profesor Investigador del Departamento de Economía, Miembro del SNI, nivel 1.

Opine usted: jsalazar@itesm.mx

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.