Pablo de la Peña: No veo rumbo claro hacia adelante

Querer culpar a la presidencia de López Obrador por el perene rezago en el combate a la pobreza sería totalmente fuera de lugar; sin embargo, si es necesario reconocer que la administración actual es responsable de lo que suceda en el país en política económica y política social a partir del 2019 y al menos hasta el 2024.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dio a conocer hace algunos días su reporte sobre el Panorama Social en América Latina. En este reporte se enfatiza cómo la pandemia Covid-19 ha profundizado los problemas relacionados con la desigualdad, pobreza e informalidad.

La pobreza extrema en América Latina dio un salto en el 2020 superando el 12 por ciento, cifra que no veíamos desde del 2002, y aunque en términos porcentuales es similar, la población que vive en condiciones de pobreza extrema supera ya los 70 millones en la región.

Si bien en México el porcentaje de la población con niveles de pobreza extrema se logró mantener en niveles cercanos del 10 por ciento en los últimos 10 años, esto de acuerdo con cifras del CONEVAL, el porcentaje de mexicanos en pobreza extrema dio un brinco al 18.4 por ciento en el 2020.

La CEPAL estima que de no haberse implementado apoyos fiscales y transferencias directas en los países, el nivel de pobreza extrema hubiera superado el 15 por ciento en toda América Latina; esto nos hace pensar que el apoyo operado por la administración de López Obrador pudo haber tenido un efecto positivo pero marginal, pues sabemos que este apoyo a penas supera el 1 por ciento respecto al PIB, mientras que en otros países como Colombia es cercano al 5 por ciento y no se diga en países europeos que superan el 20 y 30 por ciento (Inglaterra, Italia y Alemania).

Si bien las transferencias en efectivo a los grupos vulnerables son necesarias ante este contexto, es muy cuestionable la eficiencia con que se llevan a cabo en nuestro país; ya vimos hace algunas semanas el drama que vivió la Auditoría Superior de la Federación por andar presentando "otros datos" respecto al programa "jóvenes construyendo el futuro" y al costo de la cancelación de lo que nunca llegó ser el "Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México".

Si bien las transferencias de efectivo contribuyen a mantener un nivel de poder adquisitivo constante entre las personas que las reciben, no necesariamente es una fuente sustentable de apoyo a la población, pues siempre dependerá del presupuesto público y éste a su vez dependerá de los impuestos que se generen en la economía formal.

Desde mi punto de vista, la mejor estrategia para reducir la pobreza es la generación de fuentes de empleo, que sólo se logrará mediante el fomento a la actividad económica formal. Hace unos días el Banco de México anunció una mejoría en su pronóstico de crecimiento del PIB para este 2021 al pasar del 3.3 al 4.8 por ciento, incluso se advirtió que la economía mexicana podría rebotar hasta un 6.7 por ciento.

Recordemos que nuestra economía cayó casi 9 por ciento el año pasado, por lo que cualquier tasa de recuperación en este 2021 cercana a los 9 puntos será siempre bienvenida; pero siendo realistas no será posible sin la inversión pública y privada. En este tema, el INEGI, dio a conocer algunos indicadores que no dan buenas señales de que podamos ver pronto una recuperación económica.

La inversión fija bruta cayó en diciembre en términos anuales 13 por ciento, el consumo privado cayó también en diciembre respecto al mismo mes del 2019 un 6.5 por ciento.

Aunado a lo anterior, las ventas nacionales de automóviles ligeros en el mes de febrero del 2021 cayeron un 21 por ciento y el indicador de pedidos manufactureros confirmó en febrero que presenta una tendencia hacia la baja desde el último trimestre del 2020.

Por todo esto, es necesario que haya una discusión seria sobre la distribución del gasto público, de tal manera que apuntale la inversión productiva, promueva la inversión privada, y asegure la efectividad del gasto público; esto es urgente porque muy pronto iniciarán las campañas y la agenda legislativa tendrá un receso político hasta el mes de septiembre en que entre la nueva legislatura en San Lázaro.

Con el reto de la pandemia y de la recuperación económica, y en medio de este proceso electoral, siento que no tenemos un rumbo claro, ni la administración federal, ni los partidos políticos están siendo capaces de dibujar un futuro deseable en el horizonte, al cual podamos apuntar nuestras miradas.

El autor es Decano Asociado de Educación Continua de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, del Tec de Monterrey.

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