Monterrey

Niegan derrota por negativa de la SCJN a suspender el SEA

Manuel González Flores, Secretario General de Gobierno, subrayó que esta negativa a la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo a través de una controversia constitucional no es una resolución definitiva.

El gobierno de Nuevo León rechazó que la negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para suspender la entrada en vigor del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) represente un revés jurídico en la lucha por abrir a los ciudadanos la elección del Fiscal.

Manuel González Flores, Secretario General de Gobierno, subrayó que esta negativa a la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo a través de una controversia constitucional no es una resolución definitiva.

"Es un mero acuerdo que da entrada a nuestro recurso de controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia", explicó el funcionario.

"Por ahora no se suspende la entrada en vigor de la Ley hasta en tanto no se discuta el fondo del negocio, que es el juicio", agregó.

González Flores descartó que haya tiempo para que el SEA pueda entrar en vigor o nombrarse un nuevo Fiscal antes de que se resuelva la controversia constitucional.

"El Congreso tendrá que modificar alrededor de unas cinco o seis leyes, que difícilmente lo podrán hacer en un periodo ordinario, esto lleva un gran tiempo", indicó.

"Esto va a llevar cuando menos un año, en lo que ellos (los diputados) intentan modificar las leyes, va a haber muchos recursos (legales) y mucha discusión alrededor de esto, no hay riesgo de que suceda eso, ni va a suceder", agregó.

El pasado 30 de mayo el Poder Ejecutivo presentó una controversia constitucional contra el SEA aprobado por el Congreso, y que contempla un Fiscal General de Justicia elegido por un grupo de notables, en lugar de una elección abierta a los ciudadanos, como propone el Estado.

González Flores precisó que el acuerdo de la SCJN es independiente de la Ley reglamentaria del SEA, vetada por la Administración estatal, y que deberá ser reenviada por el Congreso local corregida o con el contenido original ratificado por las dos terceras partes del Congreso.

En caso que el Legislativo mantenga su propuesta original, añadió, el Poder Ejecutivo la publicará y posteriormente presentará otra controversia constitucional y una acción de inconstitucionalidad, pero ahora ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

"Esto nunca ha pasado, sería primera vez en la historia que se dan las dos en el Estado, la controversia y la acción de constitucionalidad", puntualizó.

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