Marco Pérez: Mitos y realidades del decreto de extinción de fideicomisos

Como sabemos, mediante Decreto Presidencial, el pasado 2 de abril de este año, el ejecutivo federal ordenó a todas sus dependencias, extinguir y dar por terminados todos los fideicomisos públicos, mandatos o análogos, sin estructura orgánica, donde las dependencias públicas figurarán como fideicomitentes o mandantes, solicitándoles integrar a la Tesorería de la Federación, los recursos disponibles.

Como al 31 de diciembre del año pasado, el informe de las Finanzas Públicas reportaba que estaban registrados 338 fideicomisos y mandatos sin estructura orgánica, de los cuales 30 se encuentran en proceso de extinción, y 308 registraban operaciones regulares, con recursos disponibles por un monto de 740 mil 572.7 millones de pesos al cierre del año pasado, rápidamente se especuló que esa cantidad de dinero pasaría a la Tesorería de la Federación, y coadyuvaría a enfrentar la crisis financiera que actualmente enfrenta el Sector Público Federal, lo cual es un mito.

De hecho, el propio Decreto Presidencial, en su Artículo 5, a la letra señala:

Artículo 5.- Quedan excluidos del presente decreto aquellos fideicomisos públicos, mandatos o análogos constituidos por mandato de ley o decreto legislativo y cuya extinción o terminación requiera de reformas constitucionales o legales, así como los instrumentos jurídicos que sirvan como mecanismos de deuda pública, o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones.

Si revisamos los fideicomisos que están actualmente en operación, los que tienen mayores recursos son precisamente los creados por ley, como el famoso Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestales (FEIP) del cual tomaron el año pasado $156 mil millones de pesos, y al cierre del año pasado todavía contaba con 158 mil 543.8 millones de pesos, mientras que el Fondo de Estabilización de Ingresos para las Entidades Federativas, (FEIEF) registraba un saldo de 60 mil 460.7 millones de pesos, recursos que pertenecen a los estados.

Muchos otros fondos, se constituyeron para garantizar pensiones y prestaciones laborales a los trabajadores del sector público, principalmente del sector bancario, y sus recursos fideicomitidos son de unos $130 mil millones de pesos aproximadamente, recursos que en alguna medida no se constituyeron exclusivamente con recursos presupuestales, y tampoco le pertenecen a la federación.

Del mismo modo, hay fideicomisos, como el constituido para la construcción del fallido nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que recibía todos los recursos que se destinarían a la construcción del nuevo aeropuerto, incluyendo los créditos sindicados que obtuvo primeramente el Grupo Aeroportuario, así como los provenientes de la colocación de valores en los mercados internacionales, por lo que los recursos actualmente disponibles en este fideicomiso, por unos $28 mil millones de pesos, provienen de adeudos que aún no han sido liquidados, y obviamente se deben destinar a repagar deudas.

Otro fondo con saldo importante, es el constituido por el SAT para administrar la contraprestación a la que se refiere el Artículo 16 de la Ley Aduanera, que aunque el mismo ordenamiento señala que la contraprestación cobrada a los particulares no deberá ser mayor a los derechos causados, al cierre del año pasado había acumulados en este Fideicomiso $64 mil 347.7 millones de pesos, recursos que sí podrían ser transferidos a la Tesorería de la Federación, para apoyar el gasto público.

Otro fideicomiso importante que puede proporcionar ingresos al gobierno federal, es el del Sistema de Protección Social en Salud, el cual fondeaba los gastos catastróficos del extinto Seguro Popular, y que desde el arranque de esta administración, contaba con más de $85 mil millones de pesos, pero ha sido sub utilizado por esta administración, a pesar de las demandas por medicamentos para los niños con cáncer, y de manera inexplicable, ha recibido más recursos presupuestales de los que ha erogado, ya que al cierre del año pasado, sus disponibilidades superaban los $105 mil millones de pesos, dinero que puede ser aplicado a combatir la pandemia.

Por otro lado, el uso de fideicomisos se popularizó dentro del sector público, ya que existe una disposición de ley que señala que los recursos presupuestales no devengados en el año, deben ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, pero si estos recursos se transfieren a un fideicomiso, se pueden reportar como "devengados" y no se pierden.

Tal es el caso del fideicomiso constituido para la administración y pago de equipo militar, el cual el año pasado recibió más de $27.2 miles de millones de pesos para destinarlos a compra de equipo militar, pero como solo se erogaron unos tres mil millones de pesos, el saldo disponible en este fideicomiso, al cierre del año pasado, superaba los $25 mil millones de pesos.

Vamos a ver si los militares acceden a reembolsar estos recursos a la federación.

Por otro lado, la investigación y desarrollo, principalmente liderada por el CONACYT, regularmente opera mediante esta figura del fideicomiso, y también una buena parte de la infraestructura física que recibe recursos presupuestales, actividades que se verían seriamente afectadas si se extinguen estas figuras y los recursos disponibles se transfieren al gobierno, ya que esto cancelaría todas estas actividades y obras en proceso.

También se verían afectadas las actividades de apoyo financiero que realizan principalmente Nafinsa y la Financiera Rural, ya que tiene algunos fideicomisos de garantías a pequeños productores, que tendrían que ser cancelados.

En resumen, la cancelación de los fideicomisos públicos ocasionaría importantes costos en algunos sectores y actores de la economía, que deben ser evaluados, previo a su extinción, para corroborar que los recursos liberados, en efecto tendrán un mayor beneficio alternativo.

Habría un importante impacto en el fondeo a la investigación y al desarrollo, y seguramente se vendrían abajo muchos de estos proyectos, cancelando las posibilidades de que puedan seguir adelante.

Se estima que los recursos que podrían liberarse para propósitos de ser re etiquetados en el gasto público, podrían ser del orden de los $230 mil millones de pesos, pero no se sabe aún si serán suficientes para sufragar los gastos asociados a la emergencia sanitaria.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.