Monterrey

Marco A. Pérez: ¿Y quién califica a las calificadoras?

Es importante que nuestras autoridades reguladoras, sean más estrictas supervisando los análisis y opiniones de las Compañías Calificadoras.

Como sabemos, el papel que han jugado las compañías Calificadoras, desde los escándalos financieros del gigante Enron, en 2001, así como la estrepitosa quiebra del Banco de Inversión Lehman Brothers en 2008, que desató la última gran crisis financiera de alcance internacional, pusieron en entredicho la credibilidad, y hasta la posible complicidad, de estas empresas Calificadoras, al ser totalmente incapaces, ya no de prever, sino incluso de "percibir" un posible incumplimiento de las obligaciones financieras de sus "clientes", quienes incluso días antes de que fuera ya imposible ocultar sus quebrantos, seguían gozando de calificaciones crediticias de "grado de inversión".

Resulta difícil de creer que después de los inmensos daños causados a los inversionistas, las Calificadoras hayan escapado a castigos más severos y a medidas regulatorias más estrictas, tendientes a evitar, en lo posible, escándalos como los ya señalados, y sigan operando sin que nadie las evalúe ni las califique.

En este caso, toca a la Calificadora Moody's la crítica en particular, ya que este lunes 20 de julio, en su publicación "Credit Outlook" incluye un análisis, en el apartado de Gobiernos Subnacionales, donde emite un juicio totalmente equivocado (y obviamente favorable) al Gobierno del Estado de Nuevo León, con referencia a la reforma a la Ley del ISSSTELEÓN.

Es simplemente increíble que Moody's concluya que con esta reforma "se reducirá el gasto en pensiones" y esto conducirá a una mejoría en el Balance Operativo del Gobierno Estatal, como porcentaje de sus ingresos de operación.

O no entendieron bien la reforma a la Ley del ISSSTELEÓN, o lo que es aún peor, externan conclusiones falsas con la intención de que mejoren las expectativas crediticias de nuestro estado.

Analizando esta propuesta de reforma, lo primero que se pone de manifiesto, es que el gasto del estado va a aumentar, simplemente porque las aportaciones patronales se aumentan en un 8.65 por ciento sobre el salario base de cotización, es decir, el Gobierno del Estado deberá enterar mayores cuotas al ISSSTELEÓN, lo que implica un mayor gasto.

Ahora bien, un mayor gasto corriente de operación, (manteniendo constantes los ingresos operativos) conduce a un mayor déficit, empeorando el balance operativo, y no reduciéndolo, como lo afirma Moody's.

Peor aún, esta reforma, además de que viola flagrantemente la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y de los municipios, conduce a un mayor endeudamiento para el estado, y a un mayor servicio de la deuda, toda vez que adquirirá mayores compromisos de pago, al tomar prestadas las nuevas aportaciones (obrero-patronales) que devengarán un 3.5 por ciento de interés real, (como 7.5 u 8 por ciento en términos nominales) lo que transgrede el techo de financiamiento fijado por la referida ley, y lo aprobado por el Congreso Local en la Ley de Ingresos para este año.

Otra violación a las disposiciones que gobiernan el endeudamiento de los gobiernos locales, es que abiertamente señalan que estos recursos que tomará "prestados" la Tesorería del Estado, los usará para pagar las pensiones en curso de pago, a cargo del gobierno estatal, es decir, se endeudarán para pagar gasto corriente, cuando la deuda pública debe ser aplicada a inversiones productivas.

Y claro, si el gobierno consigue más ingresos, provenientes de más deuda, es cierta la afirmación de Moody's en el sentido de que esta reforma aliviará (en algo) la crisis de liquidez (o iliquidez) por la que atraviesa el gobierno del estado.

Es importante que nuestras autoridades reguladoras, sean más estrictas supervisando los "análisis" y "opiniones" de las Compañías Calificadoras, quienes abiertamente tienen un conflicto de intereses, ya que reciben pagos de sus "clientes" a quienes califican, y obviamente, esto puede conducir a opiniones sesgadas.

Comentario aparte merecen las empresas "valuadoras" de pasivos actuariales, quienes también suelen manejar con amplio margen de maniobra sus valuaciones actuariales, llegando incluso a calcular pasivos laborales a 100 o 150 años, bajo el peregrino argumento de "Empresa en Marcha", y asignan un valor presente a pensiones que se habrían de pagar en el año 150 a trabajadores que aún no han nacido. ¿Absurdo?.

Finalmente, y como lo apunté en una nota anterior, esta propuesta de reforma también incrementa las cuotas que deben pagar los burócratas del estado, en un mal momento, ya que lo que quieren los trabajadores, es más ingreso presente, versus ingreso futuro.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad única de quien la firma y no hay que hacer que la postura editorial de El Financiero.