Marco A. Pérez: ¿Puede rifarse el avión presidencial?

Una vez concluida la fallida intentona de vender el avión presidencial, después de estar un año esperando comprador en los Estados Unidos, cuya estadía costó más de $30 millones de pesos, el ejecutivo federal ha tomado la decisión de regresarlo al país, y buscar otros medios para deshacerse de este activo, el cual, por ningún motivo, desea conservar y usar el presidente López Obrador.

Para sorpresa de todos, la semana pasada se detallaron algunas opciones para desincorporar el avión, y una de ellas en particular, llamó fuertemente la atención, ya que el presidente anunció que se podría "rifar" el avión, a través de un sorteo de la Lotería Nacional, emitiendo seis millones de "cachitos" con valor nominal de $500 pesos cada uno, y obtener unos tres mil millones de pesos por su desincorporación.

Obviamente, esta ocurrencia fue objeto de una avalancha de "memes" y de comentarios que inundaron las redes sociales, haciendo burla y escarnio a esta propuesta de "rifar" el avión presidencial.

Sin embargo, es importante señalar que existe una Ley General de Bienes Nacionales, y que la enajenación del avión, es objeto del Título Quinto de esa Ley, referente a los Bienes Muebles de la Administración Pública Federal, donde, obviamente, no se contempla como opción una "rifa".

En particular, el Artículo 132 de esa Ley, señala que la venta se debe realizar mediante licitación pública, y de no lograrse vender, se puede proceder a subastar el bien mueble que se desea desincorporar.

En los párrafos tercero y cuarto de ese artículo, se señalan los casos en los que se puede vender sin licitar, utilizando la adjudicación directa o la invitación a cuando menos tres personas, cuando se presenten situaciones o circunstancias extraordinarias, imprevisibles, o situaciones de emergencia, pero definitivamente que el método de la "rifa" no lo contempla la Ley.

De manera equivocada, algunas personas, (incluyendo una senadora) señalaron que el avión no se podía vender, porque no estaba pagado, y que la Secretaría de la Defensa Nacional lo estaba pagando mediante un contrato de arrendamiento financiero.

Lo que no se dijo, es que ese contrato lo firmó con BANOBRAS, institución financiera que adquirió, de contado, el avión presidencial en el año 2012, pagando en total $213 millones de dólares, valor que incluía, además del costo del avión, los trabajos de adaptación y configuración de los interiores del avión, los cuales se dice que costaron $90 millones de dólares, pagados a una empresa extranjera que se creó ex profeso para ese objeto, y que posteriormente dejó de operar.

Otra anomalía en esta adquisición, es que la aeronave en cuestión, fue una de las diez unidades prototipo de realizó la Boeing para probar este modelo de avión, y que se vendían a precios muy económicos, y que el Gobierno Mexicano "infló" de sobre manera el precio que pagó por este avión, siendo secretario de Hacienda Ernesto Cordero.

Por todo lo anterior, se cuestiona mucho el avalúo hecho por la agencia internacional de la ONU, la que estableció el valor del avión en $130 millones de dólares, cuando aeronaves similares se han vendido en menos de $50 millones de dólares, por lo que era de esperarse que no tuviera éxito la venta.

Por otro lado, también se ha especulado que esta ocurrencia de "rifar" el avión, que por supuesto no es viable legalmente, ha sido una cortina de humo para desviar la atención sobre el fallido intento de reformar y homologar el Código Penal, ampliando la aplicación de la prisión preventiva y más instrumentos de represión, esto sin mencionar el desastre del Instituto Nacional para la Salud y el Bienestar (INSABI) que viene a sustituir al Seguro Popular, y que está causando una avalancha de reclamos y de inconformidades entre la población anteriormente atendida por el Seguro Popular.

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