Marco A. Pérez: ¿Contingencia sanitaria o emergencia sanitaria por “fuerza mayor”?
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Marco A. Pérez: ¿Contingencia sanitaria o emergencia sanitaria por “fuerza mayor”?

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Marco A. Pérez: ¿Contingencia sanitaria o emergencia sanitaria por “fuerza mayor”?

bulletSe pretende que los patrones no obtengan el beneficio de “indemnizar” con un mínimo diario y les paguen el salario completo a los trabajadores.

Opinión MTY COMENTARIO ECONÓMICO MARCO A. PÉREZ Valtier
01/04/2020
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Marco Pérez Valtier
Marco Pérez ValtierFuente: Félix Vásquez

Pues de verdad que el gobierno federal está en contra de los empresarios, y ahora no solo les niega los apoyos económicos que les permitan subsistir ante esta crisis, producto del Coronavirus, ya que pretende acudir a argucias e “interpretaciones” legales para evitar que los patrones obtengan el beneficio de interrumpir el pago de salarios, y que proceda la “indemnización” equivalente a un salario mínimo diario, conforme lo dispone la Ley Federal del Trabajo.

Esto se desprende de las declaraciones del Canciller Marcelo Ebrad, quien a pregunta expresa de una reportera, en el evento de declaratoria de Emergencia Sanitaria, declaró textualmente:

"Esta declaratoria de emergencia es por causas de fuerza mayor. En ese caso la disposición legal no permite la aplicación del artículo (que permite reducir salarios). La empresa que lo intente, se va a enfrentar en el proceso laboral, que va a perder", puntualizó.

A lo que se refiere el Canciller, es a que la fracción I del Artículo 427 a la letra señala:

Artículo 427. Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento:

I. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión de los trabajos.

Y posteriormente el Artículo 429 señala:

Artículo 429. En los casos señalados en el artículo 427, se observarán las normas siguientes:

I. Si se trata de la fracción I, el patrón o su representante, dará aviso de la suspensión al tribunal, para que éste, previo el procedimiento consignado en el Procedimiento Especial Colectivo establecido en el artículo 897 y subsecuentes de esta Ley, la apruebe o desapruebe.

Es decir, esta interpretación, piensan ellos, les permitiría no caer en el supuesto del Artículo 42 Bis, ni en la fracción VII del ya referido Artículo 427, (Contingencia Sanitaria) y su correlativa fracción IV del 429, que a la letra dice:

IV. Si se trata de la fracción VII, (del 427, la Contingencia Sanitaria) el patrón no requerirá aprobación o autorización del tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente, por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes.

De tal suerte, la declaratoria del pasado lunes no fue de “Contingencia Sanitaria”, sino de “Emergencia Sanitaria por causas de Fuerza Mayor”, con lo que pretenden que los patrones no obtengan el beneficio de “indemnizar” con un mínimo diario y les paguen el salario completo a los trabajadores, incluyendo prestaciones, impuestos locales a las nóminas, así como las Contribuciones de Seguridad Social.

Sin embargo, la “fuerza mayor” a la que se refiere la fracción invocada, debe producir, como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión de los trabajos, (por ejemplo con un terremoto o una inundación) lo cual, en este caso, no se cumple, pues el cierre de los establecimientos es por orden de la autoridad.

Esta interpretación a “modo” de la Ley, pretende cargarle la mano al patrón, al exigirle que pague salarios completos y sus correspondientes contribuciones de seguridad social, no obstante el cierre de los negocios no obedece a una “fuerza mayor” sino a la autoridad sanitaria, como medida “preventiva” de contagio.

Obviamente, cualquier empresario que pretenda defenderse y “litigar” este acto de autoridad, va a ser catalogado de insensible y falto de solidaridad con sus trabajadores, buscando enfrentar a patrones y trabajadores.

Se equivoca el gobierno si cree que todos los empresarios son cerdos capitalistas que están nadando en dinero y que pueden obligarlos a pagar salarios completos, aún con negocios cerrados y sin ventas.

Nadie está obligado a lo imposible, y lo único que va a conseguir el gobierno federal, con esta “interpretación” a la Ley, es que de plano cierren los negocios, particularmente los pequeños y medianos, y se declaren en suspensión de pagos, eliminando la posibilidad de reabrir los establecimientos tan pronto las condiciones sanitarias lo permitan, y recuperar las fuentes de trabajo.

Sin duda, otra mala decisión de nuestras autoridades, la cual abonará a profundizar aún más esta crisis económica. Ya un menos cuatro o menos cinco por ciento de crecimiento del PIB, luce francamente optimista.

Lejos de estimular la actividad económica, se empeñan en aniquilarla.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.