Marco A. Pérez: Aumentarían las cuotas de los burócratas con la nueva ley del ISSSTELEÓN

Como dice el refrán, "Ven la tempestad y no se hincan", ya que la propuesta de una nueva Ley para el ISSSTELEÓN, incluye un fuerte incremento en las cuotas "Obrero-Patronales" que se deben pagar quincenalmente al instituto, que en total suman 13.7 por ciento del salario base de cotización, de los cuales el gobierno y los organismos estatales aportarían 8.65 por ciento más, y los burócratas estatales un 5.05 por ciento adicional.

En total, por todos los seguros, la aportación de los empleados gubernamentales pasaría del 12.25 por ciento que se contribuye actualmente, al 17.30 por ciento, lo que representa un incremento superior al 41 por ciento de la cuota actual, donde el 83 por ciento de ese aumento (4.20 puntos) se aplicaría al ramo de pensiones.

La propuesta de nueva ley agrega un beneficio adicional al Sistema Certificado para Jubilación, que es el de "Pensión Garantizada", y se legisla una aportación adicional (del 1.20 por ciento) con cargo al trabajador, para financiar este beneficio adicional, y con estos recursos se constituiría un nuevo "fondo" para financiar el faltante para esta pensión mínima, de seis mil 250 pesos al mes, en caso de que al trabajador no le alcanzara con sus recursos ahorrados.

Ya considerando esta nueva aportación a la "Pensión Garantizada", el trabajador incrementaría su cuota actual de seis por ciento, a un 10.20 por ciento (aumento del 70 por ciento) mientras que el gobierno y sus organismos aumentarían su aportación del seis por ciento actual, al 12 por ciento, (cien por ciento de aumento), por lo que los recursos invertidos para las pensiones subirían del actual 12 por ciento, hasta un 22.20 por ciento, (85 por ciento), considerando ya la nueva aportación a la "Pensión Garantizada".

Obviamente, se aprovecha la vuelta para aumentar también las contribuciones para las otras ramas de seguros que proporciona el ISSSTE, como el seguro de gastos médicos y maternidad, el de riesgos del trabajo, etc., alcanzando en total el 5.05 por ciento ya mencionado en este texto.

SI bien es cierto que la carga de las pensiones de los burócratas jubilados bajo los beneficios de la Ley de 1983, (reformada en 1993) y que está a cargo del gobierno del estado, es un lastre para las finanzas estatales, y aún no termina de crecer, también es cierto que los efectos de la pandemia están afectando económicamente a todas las familias, y de hecho, ya hay hasta propuestas en el sentido contrario, para permitirle a los trabajadores echar mano de sus recursos ahorrados para el retiro, privilegiando el consumo hoy, a costa del consumo futuro, intentando mitigar las carencias actuales causadas por la menor actividad económica y la reducción o pérdida de los ingresos familiares.

Es decir, en lugar de modificar la ley para darles más facilidades a los trabajadores para resarcir ingresos echando mano de sus ahorros, se les obligaría legalmente a pagar más cuotas, reduciendo así el salario neto que les llegaría a sus bolsillos.

Por otro lado, como lo señalaba en mi comentario anterior, de la semana pasada, la propuesta de reforma incluye la facultad para el gobierno del estado, de tomar en préstamo la totalidad de las nuevas aportaciones para el retiro de los burócratas, y ayudar a pagar el gasto corriente ocasionado por las pensiones a su cargo, propuesta totalmente ilegal porque viola absolutamente toda la normatividad aplicable al endeudamiento público estatal.

Si bien el artículo séptimo transitorio señala que será el ISSSTE el que "tomará" los recursos aportados para esta rama de seguro, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, y que pagará por estos recursos el 3.5 por ciento real anual (como 6.5 por ciento nominal)expresamente señala que esos recursos se aplicarán al pago de las pensiones de jubilados bajo la Ley de 1983, a cargo del gobierno del estado, así como también los intereses que generen.

Como lo quieran hacer ver, ya sea que esta nueva deuda se la asignen al ISSSTE, va a financiar gasto corriente a cargo del gobierno del estado, y será éste quien finalmente la pagará, además, no está aprobada por el Congreso ni está autorizada en la Ley de Ingresos del Estado, además de que viola (de nueva cuenta) el tope del endeudamiento determinado en la Ley de Disciplina Financiera, que por cierto, como se determina en función de los ingresos de libre disposición, el tope considerado para este año 2020, (en términos absolutos) debería, legalmente, ser ajustado a la baja.

Tienen la palabra los diputados locales.

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