La política fiscal en el ámbito local: hablemos claro

Comienza el año 2019, y con ello para todos es evidente que la inversión pública y el desarrollo de nuevos grandes proyectos para el estado de Nuevo León no figuran entre de las prioridades del presupuesto del gobierno federal entrante. Ante los retos que representa para el estado hacer frente a los compromisos fiscales ya comprometidos en forma de deuda, además cumplir con las obligaciones en gasto público recurrente, y dado el contundente mensaje hace unos días de la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, sobre la necesidad de que los estados encuentren formas más efectivas de recaudación, surge de nuevo la perene discusión anual en los ámbitos locales de gobierno: ¿cómo podemos diseñar una miscelánea fiscal local efectiva y eficiente?

Aquí, hemos de abrir nuestro análisis al menos a dos perspectivas no necesariamente equivalentes: la de una visión recaudatoria financiera simple, y la de un análisis más detallado que considere el impacto en bienestar social de una determinada política fiscal. Mientras que el primer enfoque se centra en elaborar una combinación de instrumentos destinada a recaudar la mayor cantidad de recursos de los contribuyentes al menor costo financiero, la segunda visión busca una recaudación objetivo que minimice los costos en bienestar asociados a las distorsiones ocasionadas por los impuestos y obligaciones definidos en la miscelánea.

Si dejamos de lado los costos políticos derivados de una determinada medida impositiva, desde un punto de recaudación financiera la solución se presenta simple para los regidores: para aumentar los recursos disponibles sólo basta incrementar la tasa impositiva y el cobro de derechos de aquellos servicios sobre los cuales se tiene un mayor control fiscal y la experiencia administrativa necesaria para ejercerse, como lo son la vivienda y los vehículos automotores. El hecho de contar con un padrón relativamente confiable en estos dos bienes hace que el cobro sea efectivo, fácil, y directo sobre el contribuyente cautivo. A pesar de lo simple de su ejecución, esta efectividad de cobro no está vinculada a las distorsiones y pérdidas de eficiencia que dichos impuestos generan.

Así, el análisis de incidencia en bienestar generados por una determinada política fiscal no sólo considera los montos de recaudación generados por una miscelánea, sino además integra las distorsiones que dicha directriz genera entre el costo y el valor social de un determinado bien o servicio. Esta contabilidad de afectaciones se puede realizar de una manera estática (analizando los efectos inmediatos de una distorsión fiscal en un determinado mercado) o dinámica (considerando el valor de dichas distorsiones y sus respectivas asociaciones a otros mercados en el largo plazo). Así, la regla de selección de una política fiscal consiste en elegir no un objetivo de máxima recaudación, sino una combinación de instrumentos asociada a las menores distorsiones en bienestar.

Sin embargo, aún entre los economistas y especialistas, existen falacias comunes al estudiar los costos en bienestar de una determinada política fiscal. Por ejemplo, es común encontrar en la literatura básica de economía que los impuestos que menor "carga social muerta" crean en términos de las distorsiones inducidas son aquellos que se realizan sobre bienes insensibles al cambio en precios y que ya están fijos en posesión del usuario final, como son los bienes de capital (precisamente vehículos, vivienda, y en general, cualquier tipo de capital instalado, incluyendo el capital humano). No obstante, estudios posteriores mostraron que este enfoque es fundamentalmente erróneo, ya que esta visión de corto plazo no incorpora las distorsiones a la inversión presente y futura, y por tanto, ignora el efecto de largo plazo en el crecimiento. Así, si bien un impuesto a los vehículos puede crear un incremento directo en recaudación con pocas distorsiones en el corto plazo, también reduce los incentivos a la compra de nuevos vehículos, afectando indirectamente el crecimiento de esa industria.

De esta forma, las diferencias entre lo necesario (en forma de recaudación), lo deseable (para reducir el perjuicio en contra de los ciudadanos), y lo posible (aquello que finalmente se aprueba y ejecuta, integrando los objetivos políticos de cada regidor) nos deja a los contribuyentes frente a una nueva "cuesta de enero", y en medio de la creciente incertidumbre política local, nacional y global.

Doctorado en Economía en la Universidad de Chicago. Es Profesor-Investigador de la Facultad de Economía de la UANL y miembro del SNI-CONACYT Nivel 1.

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