MONTERREY.- Hasta 146 gasolineras en Nuevo León fueron reportadas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por incumplir con la normativa que regula este tipo de negocios durante el mes de agosto.
En este sentido, Monterrey es el municipio con más incidencias en las gasolineras, con 51 unidades que presentaron alguna irregularidad; seguida de Guadalupe, con 26 estaciones de gasolina que presentaron algún inconveniente.
De acuerdo al reporte de la Procuraduría, los causales de las incidencias van desde la acreditación documental, la calidad del combustible, cualidades metrológicas, electrónicas, fallas hidráulicas, falta o deficiencia en el servicio de calibración, fuera de servicio, precio o seguridad.
Con menos casos aparecen municipios como San Nicolás, con 18; Santa Catarina, con 13; García, con 13; Apodaca, con 12 incidencias y Escobedo con cinco casos. El restante se divide entre los municipios fuera del área metropolitana, según la información de la Profeco.
El proceso de verificación de las gasolineras, según explica la dependencia a través de un video publicado en su sitio web, consiste en la entrega de orden de verificación, se identifica el personal como miembro de la Profeco, se nombran a dos testigos.
Posteriormente se revisa que cada bomba tenga el holograma de identificación vigente, se realiza la inspección volumétrica, es decir, que se despache "litros de a litro", esta medición se hace tres veces a la velocidad más baja que despacha la bomba, tres más en velocidad media y tres más en la más alta.
"La normativa admite hasta 100 mililitros faltantes por cada litro de gasolina", esto debido al deterioro que los dispensarios puedan padecer debido a las inclemencias del tiempo.
Mientras que las bombas que superan dicha cantidad son inmovilizadas por el personal de la Procuraduría.
Aunado a eso se revisa el componente electrónico, así como el software, en busca de que éste coincida con el modelo de los dispensarios y constatar que no cuenta con alteraciones en sus funciones.
En seguida se levanta un acta de irregularidades, hechos u omisiones encontradas y la firma de los involucrados. A partir de ahí, se inicia un proceso que resultará en una sanción administrativa para el proveedor.
Cabe señalar que las multas impuestas por la dependencia federal pueden ser superiores a los dos millones de pesos.