José Efrén Cornejo: El costo económico y cultural de una decisión política

En octubre del año pasado, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados dictaminó, con 65 votos a favor y 51 en contra. la propuesta del Presidente de la República de extinguir 109 fondos y fideicomisos y concentrar estos recursos (68.5 miles de millones de pesos equivalente al 9.4% del monto total asignado a todos los fideicomisos) en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El proyecto de decreto se justificó por la política de austeridad del presidente, y para eliminar la opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, así como fomentar la transparencia, rendición de cuentas y la responsabilidad. La decisión se antoja precipitada sin un análisis del costo beneficio de ésta.

Resulta cuestionable que se actúe de esta forma, por ejemplo, cuando existen obligaciones legales que el fiduciario está consciente que debe cumplir, entre otras, el destino de los recursos, así los reportes de ejecución de los recursos fideicomitidos.

Esta certidumbre en cuanto al manejo de los recursos correspondería darla a los comités técnicos compuestos por funcionarios públicos y particulares que se encargan de vigilar el buen manejo de los presupuestos, de ahí que surja entonces la inquietud de si esa corrupción no atañe también al sector público. Es decir, si efectivamente existen este tipo de problemas y malos manejos al interior de estos fideicomisos por qué no se decidió por ir directamente en contra de las instancias responsables del cumplimiento de estas obligaciones. ¿Por qué no crear un comité multidisciplinario integrado por abogados y economistas que analice todas las implicaciones legales y económicas de esta decisión?

Lamentablemente con esta decisión presidencial, y en apego a lo dispuesto por la Ley de Ingresos, ahora los recursos podrían reasignarse en proyectos de infraestructura severamente cuestionados por los especialistas (la construcción de la refinería de Dos Bocas), para amortizar deuda pública, y/o para rescatar a las finanzas de Pemex.

En opinión del Instituto Mexicano para la Competitividad se requiere de mejores controles y mecanismos de gobernanza en los fideicomisos, y la solución no es extinguirlos sin el detallado análisis costo beneficio. Su extinción podría generar otros problemas y debilitar aún más la posición competitiva del país. La decisión tomada plantea una serie de interrogantes que no han sido aclaradas:

1. Se desconoce el tratamiento y el destino que tendrían los recursos. Solo se sabe que serán concentrados en la SHCP.

2. No se define la manera en la que el Estado podría proveer de esos recursos a los sectores y beneficiarios que resulten afectados por la decisión, quedando en una situación de indefensión. En algunos casos estos fideicomisos incorporan recursos propios generados por las instituciones de investigación.

3. La transparencia en el uso y destino de los recursos públicos queda en entredicho. La falta de elementos para sustentar la extinción genera más dudas e incertidumbre sobre el manejo de los recursos públicos en México.

4. ¿Qué hace suponer que ésta sea la medida correcta para proveer de recursos al gobierno?

Por otra parte, de los 109 fondos y fideicomisos involucrados en la decisión, 65 pertenecen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y la gran mayoría de ellos corresponden a fondos de investigación científica y tecnológica en diversas áreas, además de algunos otros fondos de apoyo a la ciencia, al cine, el deporte, y al campo también se vieron afectados.

Esta decisión podría eventualmente repercutir directamente en los investigadores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores, en donde existen 28,500 científicos aproximadamente, y 1,636 colaboran en instituciones educativas del sector privado en donde el Conacyt ha informado que mantendrá el pago del incentivo a los investigadores únicamente en lo que resta de 2021, (esto se venía haciendo desde 2014 que se instituyó el esquema) independientemente de que negocie con las instituciones privadas universitarias el esquema de los nuevos convenios que asegura contendrán un carácter novedoso. Estos científicos se ubican en las principales universidades privadas del país, algunas de ellas con reconocimientos internacionales por el nivel de investigación que desarrollan.

De momento el Conacyt ha informado que no afectará a los investigadores quienes seguirán recibiendo su estímulo económico mensual que va desde los tres ($12,753) hasta los catorce salarios mínimos vigentes ($59,514) para científicos con nivel de candidato hasta investigador emérito.

Sin embargo, todos ellos saben que la recepción de su estímulo está condicionada a que existan los recursos presupuestales para pagarlos, y en una situación de pandemia, de adquisición de vacunas y de insuficiencia de recursos presupuestales, en cualquier momento podría ordenarse una reasignación de esos fondos. ¿Qué pasaría si estos recursos terminan por no llegarles? Tres escenarios son posibles: 1) un encarecimiento de la educación privada universitaria en aquellas instituciones que en sus cuadros tienen a algunos de estos investigadores, 2) una posible fuga de estos talentos hacia las instituciones públicas, con el riesgo de si éstas tendrán la capacidad de absorción suficiente en un momento en que se les están recortando sus presupuestos, en una franca polarización entre la educación pública y privada, y 3) incentivos perversos para que algunos de ellos busquen oportunidades de desarrollo en otros países generando un éxodo de cerebros.

Las palabras de la actual directora del Conacyt en el sentido de que "en los próximos meses veremos una refundación del SNI, para cambiarlo de un sistema individualista, meritocrático y competitivo a un sistema que realmente estimule el trabajo colaborativo y el trabajo científico de muy alto rigor, y también incida en los grandes problemas de la nación" deja serios cuestionamientos, ¿acaso hoy no es por méritos la asignación del nivel de investigador?, ¿acaso no es el Conacyt quien asigna esos niveles de reconocimiento?, ¿qué es lo que se busca entonces?. Los científicos actualmente deben demostrar su producción para ser merecedores de la distinción.

Instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económica, o el Colegio de la Frontera Norte, por citar solo algunos, podrían ver severamente recortados sus presupuestos sacrificando su notable producción investigadora, y más en tiempos en que tanta falta le hace a nuestro país ¿por qué México no es capaz de desarrollar su propia vacuna contra el Covid-19?. Sería lamentable que esta decisión pudiera resultar en una eventual desaparición de organismos destinados a promover la investigación.

La educación y la investigación en México deben verse de manera complementaria y ambos sectores (público y privado) apoyarse mutuamente promoviendo el desarrollo cultural y de investigación, tanto básica como aplicada. No podemos dejar de reconocer que el mundo avanza a pasos agigantados y en el ramo de energías, medicina y tecnologías vienen cambios importantes para los que habrá de estar preparados, o dejaremos a las futuras generaciones en una brecha de desigualdad competitiva muy fuerte, especialmente en relación con los países asiáticos.

En resumen, la extinción de estos fideicomisos y la determinación del Conacyt de retirar el pago a los investigadores adscritos a universidades privadas es a todas luces una muy mala decisión que podría generar otros problemas más serios a futuro como puede ser el frenar el desarrollo cultural, de investigación y competitivo del país, inclusive llegando a establecer diferencias entre los investigadores del país. Problemas como la atención a la pandemia, el combate a la corrupción y la falta de transparencia en el manejo de los recursos fideicomitidos difícilmente podrán ser resueltos mediante un decreto de extinción. Habrá que estar pendientes para conocer las consecuencias de estas acciones en el futuro.

El autor es Director del Programa Académico de la Licenciatura en Economía en la Universidad de Monterrey y Presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Docencia e Investigación Económica. Es Licenciado en Economía y Maestro en Ciencias de la Administración por el ITESM. Tiene experiencia en el sector público luego de haber laborado para la extinta Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.