Jorge O. Moreno: Voto económico y voto político

Economía y política han sido, sin duda, posturas determinantes en la discusión sobre las políticas a adoptar en nuestra sociedad a lo largo de la presente pandemia. Oportunidades perdidas, aprovechadas, o ignoradas, son el día a día del ciudadano de a pie.

Mientras desde lo económico, la pérdida de empleos en todos los sectores y la histórica reducción en la actividad económica no tiene precedentes en nuestro país, desde lo político, la falta de asertividad en el manejo de la pandemia desde el ámbito federal, sumado a la falta de una estrategia clara y asertiva para informar a la población sobre la gravedad de la situación y la implementación de medidas como el uso obligatorio del cubrebocas, contrastan con la enorme aceptación que las encuestas de distintos medios muestran con respecto a la percepción del manejo de la política pública, en particular en referencia a la capacidad mostrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en este tema.

Este contraste entre indicadores económicos duros y percepción ciudadana obliga a reflexionar profundamente sobre cómo conciliar dos realidades disonantes pero evidentes, y cómo debemos interpretar este análisis a la luz de las próximas elecciones que habrán de realizarse en nuestro estado Nuevo León, en términos de las opciones políticas que se presentan como alternativas.

Considero que la manera de interpretar este fenómeno de disonancia en percepción econo-política es utilizar nuestra herramienta científica económica y en particular, bajo la óptica de una de las áreas de menor estudio pero de mayor influencia en el pensamiento clásico, si es que aspiramos encontrar sentido en lo que arriba se describe, me refiero al estudio de la economía política.

Como ya lo hemos tratado en otras ocasiones en este mismo espacio, la economía política (political economy) es el campo multidisciplinario de las ciencias sociales que estudia la producción, y el comercio, en su relación con la ley y el gobierno. En otras palabras, es el estudio de cómo las teorías económicas afectan a diferentes sistemas socioeconómicos de toma de decisiones vinculadas a consumo y producción (incluyendo el capitalismo, el socialismo, el comunismo y todos sus puntos medios) junto con la creación e implementación de políticas públicas bajo los regímenes legales que se definen en dicho sistema.

En otras palabras, la economía política se centra en comprender cómo los sistemas económicos, las instituciones políticas y el medio ambiente se afectan, influyen, y determinan mutuamente. Las tres áreas de estudio interdisciplinario incluyen modelos económicos de procesos políticos, la economía política internacional y cómo afecta las relaciones internacionales, y la asignación de recursos en diferentes sistemas económicos.

En este caso, intentemos hacer sentido de todo cuanto acontece en nuestro país, usando la evidencia con que contamos, y lo que politólogos expertos han diagnosticado, a la luz de la economía política.

Por una parte, el voto económico, ese que emitimos en los mercados a través de nuestras decisiones de compra-venta o de producción-inversión, dependen fundamentalmente de nuestra capacidad de generar ingresos, mismos que si bien históricamente habían mejorado para todos los estratos de ingreso, documentando incluso reducciones en los niveles de pobreza en sus distintos niveles identificados por el CONEVAL, lo cierto es que la desigualdad en la capacidad de generar dichos ingresos ha sido uno de los factores clave en el disgusto de una parte importante de la población. En otras palabras, el ingreso y nivel de vida ha mejorado para todos, pero mucho más para algunos.

Es entonces donde la habilidad política de una corriente de pensamiento identificó a dicha desigualdad con uno de los peores males que, sin duda, aquejaban a nuestra sociedad: la corrupción, en particular la de gobernantes en puestos políticos o de empresarios "ávidos" por explotar las clases sociales trabajadoras. De esta manera, la dupla vendida como causalidad corrupción-desigualdad se convirtió en la estrategia para convertir el disgusto popular en votos políticos, y en esos últimos, todos y cada uno valen lo mismo independientemente del nivel de ingreso.

El discurso del combate a la corrupción, con su correspondiente reducción en los niveles de desigualdad, se convirtió en la estrategia que catapultó a ganar las elecciones a nivel mundial, y en nuestro país al actual gobierno federal; el denominado teóricamente "votante mediano" viendo la enorme desigualdad del ingreso y la rampante corrupción en todos los niveles de gobierno, compró la premisa simplista y simplificada de que erradicando la corrupción, se eliminaría ese "cáncer" que es la desigualdad, y por tanto, al desaparecer la "causa" del problema de la desigualdad, la enorme capacidad de generar riqueza de nuestro país se convertiría en la catapulta a la prosperidad de todos y cada uno de sus miembros. Una premisa simplista y romantizada, pero falsa e incompleta.

Ese es el discurso, que mañana a mañana, reduce todo a una misión en forma de combate histórico, contra una corrupción que nunca termina, que no genera culpables, que no ha derivado en procesos legales en contra de quien resulte responsable, pero qué si ha costado la cancelación de institutos, fideicomisos, programas sociales, y proyectos claves que costaron décadas en ser creados para sustentar la capacidad de responder a las necesidades de todos nosotros como ciudadanos en nuestra aún incipiente democracia.

Precisamente, ese ha sido el error que muchos especialistas han reconocido en la falla de comunicación con la población de a pie: en el entrampamiento de reducir cualquier argumento económico a los términos que desde la estrategia federal se maneja como argumentación, como lo es el combate a la corrupción, y que todo cuanto acontece es la natural respuesta de un sistema corrupto al cual se resiste al cambio y al que hay que seguir combatiendo (¿sometiendo?), "por la razón, o por la fuerza", como lo dicta el lema de nuestro hermano país Chile.

¡Pues no! es momento de romper con esa falsa y simplista dicotomía, y lo más importante, comunicar con datos, hechos, y evidencia la verdad fuera de dicha trampa ideológica. La realidad de la desigualdad no es un fenómeno exclusivamente derivado de la corrupción, sino que obedece a criterios económicos, sociales, políticos e históricos; es una realidad compleja a la cual miles de investigadores de diversas áreas hemos dedicado nuestro trabajo y esfuerzo para comprender, explicar, medir, y establecer recomendaciones puntuales, y no fórmulas mágicas que de tajo y desde un escritorio en forma de ley resuelvan dicha situación. Evidencia como que el acceso a la educación preescolar (tan simple como se lee) han mostrado avances importantes, significativos, y científicamente probatorios en la erradicación a la desigualdad, a partir de mejorar las condiciones de vida de todos los individuos desde sus propias capacidades de aprendizaje (Moreno y Cortez, 2020).

Por otra parte, la corrupción no se combate desde el púlpito matutino preferencial al cual tiene acceso nuestro presidente, sino con un sistema jurídico fuerte qué, a base de construcciones de casos fundamentados y sustentados en evidencias, enjuicien a quien se demuestre su culpabilidad, respetando la presunción de inocencia y los derechos civiles de todos por igual hasta que no se emita veredicto final; de lo contrario la ley es letra muerta, que favorece a unos cuantos que le usan para beneficio, perpetuando precisamente la corrupción que se busca erradicar.

Finalmente, es nuestra responsabilidad desde la academia comunicar, en todo momento, la gravedad de la pandemia, las oportunidades de política pública perdidas, los movimientos en los principales indicadores económicos y financieros, las repercusiones de cada decisión en cada ámbito de gobierno, y el poder que tenemos como sociedad civil de ser responsables de nuestra salud y la de los seres queridos: el poder de nuestras decisiones individuales que suman grandes cambios colectivos. Que toda esta información rompa con la falsa dicotomía que ha monopolizado y simplificado la realidad de nuestro país a un combate a la corrupción, que dicho sea de paso, además de inefectivo solo ha servido para mostrar que este problema permea a todos los ámbitos gubernamentales, partidos, y personas, y no solo a quienes se oponen a la desinstitucionalización de nuestro país, y quienes están en contra de favorecer la reconstrucción del poder absoluto en torno a un partido, un movimiento ideológico, y un líder, regresando a nuestro país un pasado que muchos pensamos haber superado, y deseamos no heredar a nuestras futuras generaciones.

El autor es Doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Es Profesor-Investigador de la Facultad de Economía de la UANL.

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