El valor real de los salarios en el mercado laboral en México ha permanecido con un crecimiento casi nulo por más de veinte años. Este hecho irrefutable y soportado por la evidencia empírica ha sido motivo de estudio de múltiples publicaciones académicas que, entre algunas de sus conclusiones, han identificado la falta de crecimiento en la productividad total de la economía como un elemento determinante de esta inmovilidad.
Como resultado de los bajos niveles en esta compensación laboral, de la mano con la falta de más y mejores oportunidades de trabajo, así como una laxa y tolerante política fiscal hacia un segmento amplio de la población, se generaron los elementos que germinarían en un creciente sector informal, que de acuerdo con los datos más recientes publicados por el INEGI y a pesar de casi representar 56.7 por ciento de la mano de obra, aporta menos del 22.6 por ciento de la producción económica agregada; esto es, la informalidad es un sector de baja productividad, amplio tamaño laboral, nula contribución fiscal directa, pero al cual van destinados muchos de los actuales programas sociales.
Es en este entorno de desigualdad, pobreza, nulo crecimiento, y ante la falta de resultados en áreas estratégicas como la seguridad, que una política redistributiva a favor de los más vulnerables se torna atractiva como un mecanismo que simultáneamente represente una ganancia política inmediata para el gobierno federal que un fortalecimiento del poder de compra de aquellos con menores ingresos, aunque sea breve e ilusivo.
Así, el pasado lunes 16 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó un nuevo incremento en el salario mínimo, para pasar de 102.8 a 123.22 pesos diarios, representando el mayor incremento en la historia reciente del país.
Al menos dos preguntas vinculadas a esta política laboral persisten: ¿quién se beneficia de este incremento? Y ¿cuál es el costo de su implementación? Un razonamiento simple nos obliga a pensar que si en realidad la pobreza, desigualdad, y carencias de millones de mexicanos pudiera simplemente solucionarse con un decreto como el anterior, ¿por qué éste no se hizo antes? Analicemos primero, el tamaño de los beneficiarios directos de esta política para luego conjeturar sobre los potenciales costos, y colocar en una balanza los resultados esperados de esta política pública.
Como parte de un trabajo de investigación en conjunto con Jaime J. Escobedo (FAECO, UANL) analizamos los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) realizada por INEGI, correspondientes el tercer trimestre de 2019. Partiendo del hecho de que el tamaño de la fuerza laboral en el país es de 55.7 millones de personas, nuestro análisis revela que aproximadamente 14.8 por ciento percibe menos que el salario mínimo vigente, y 18.8 por ciento recibe menos que el nuevo salario mínimo decretado. Los datos muestran además que la segmentación del mercado apunta a que la composición de esa población son principalmente mujeres, al representar 8.13 por ciento del primero y 10 por ciento del segundo grupo, respectivamente.
No obstante, el análisis riguroso de los datos revela otro hecho sumamente importante vinculado al tema tratado en esta misma columna en múltiples ocasiones y que vincula a los primeros renglones de esta entrega: el salario mínimo, al ser una ley vinculada a una prestación laboral, únicamente debería representar una restricción real para el sector formal de la economía, y no debería tener efecto en las percepciones recibidas por los trabajadores del sector informal, al menos no de manera directa.
Cuando estudiamos la composición de la fuerza laboral potencialmente beneficiada de acuerdo con la estructura de formalidad, observamos que únicamente 1.3 por ciento de la fuerza laboral total de la economía se sitúa en la formalidad por debajo de salario mínimo vigente, mientras que 2.18 por ciento son formales ganando menos del salario mínimo nuevo decretado. Esto es, si partimos del hecho que una empresa del sector informal, al no estar registrada ni pagar impuestos no está obligada a pagar un salario mínimo, los potenciales beneficiarios de esta política pública representarían a lo mucho dos por ciento de la fuerza laboral total, suponiendo que todos reciben efectivamente ese incremento y que no se destruyen plazas laborales.
Sin embargo, ¿cuáles son los costos de esta política? Un primer costo directo es el desempleo potencial generado en la mano de obra no calificada, que si bien algunos estudios muestran un efecto no conclusivo, sería al menos el esperado por la presión en las empresas formales en este rubro como resultado del incremento en sus costos de mano de obra. Un segundo punto es la presión inflacionaria, razón principal por la cual el salario mínimo se mantuvo en niveles bajos durante tanto tiempo, usando éste como "mecanismo ancla" de la inflación. Finalmente, el incremento en los costos laborales, crearían incentivos a las empresas a buscar evitar nuevas inversiones, pero también reducirían la ventaja competitiva de la mano de obra mexicana en el sector laboral internacional, uno de los puntos que justamente demandaban los representantes de gobierno norteamericano en las negociaciones del nuevo tratado comercial (T-MEC).
Por lo pronto, y no obstante el trabajo de Banco de México para mantener la inflación por debajo de los niveles objetivo, al momento de escribir esta columna éste ha anunciado una nueva reducción a la tasa de interés de referencia de la política monetaria, para colocarla de 7.50 a 7.25 por ciento, lo que representa la cuarta reducción consecutiva en esta variable desde el pasado 15 de agosto.
Al final, desempleo, inflación y ausencia de crecimiento son cargas económicas y políticas con las cuales ningún gobierno quisiera empezar un nuevo año, y menos ante el creciente entorno de incertidumbre internacional derivado de la situación política de Estados Unidos, quien sigue siendo nuestro principal socio comercial y a cuya economía seguiremos fuertemente vinculados en el corto plazo.
El autor es Doctor en Economía por la Universidad de Chicago y Profesor-Investigador de la Facultad de Economía de la UANL.
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