Jorge O. Moreno: Política económica y economía política, más allá del estado benefactor

En estas semanas, dispersas y ocultas entre el mar de información que día a día se difunde en medios por la pandemia y el seguimiento a la crisis económica, en diversos medios han trascendido o pasado desapercibidas algunas noticias sobre el diseño y diversas iniciativas de la política económica federal, cuya limitada difusión debería dejar de llamar la atención para cualquier practicante de la economía y estudioso de las finanzas.

En particular me refiero a las acciones, iniciativas y propuestas desde el poder ejecutivo y de la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público con respecto al tratamiento fiscal de productos de higiene y salud femeninos, la iniciativa del incremento en el cobro de derechos por el uso del espectro de telecomunicaciones, y finalmente, la nueva iniciativa que faculta a los inspectores del SAT a tomar video y fotografías de los bienes de los contribuyentes en las auditorías a que sean sujetos.

No se requiere mucha reflexión o un conocimiento muy profundo de la teoría económica para observar que el tratamiento fiscal que un grupo de senadoras y diputadas proponían en productos de salud e higiene femeninos (y finalmente vetado desde el ejecutivo) pudo haber otorgado beneficios a un sector pobre y vulnerable de nuestra población.

También, con un poco más de reflexión, resulta claro que el incremento propuesto en el cobro de derecho por uso del espectro de red (contrario a una reducción en dicho cobro propuesta por el Instituto Federal de Telecomunicaciones) repercutirá de manera directa en los costos de los proveedores de servicios digitales de telefonía y acceso a internet, y por tanto afectara los precios finales que enfrentamos todos como consumidores; esto además reduciría la competitividad del sector de comercio digital, sumamente necesario para la transformación del sistema económico durante y posterior a la pandemia.

Finalmente, también debería resultar claro que el uso de fotografías o video digital para grabar al contribuyente es un potencial agravio a la privacidad de todos, a pesar de que este cambio se presenta como un mecanismo para combatir a empresas fantasma durante las visitas de los inspectores.

La pregunta es: ¿cuál criterio de beneficio social está detrás de éstas, y de muchas otras decisiones tomadas por el actual gobierno? O más concretamente: ¿por qué desde el gobierno se toman estas medidas, conociendo de antemano sus consecuencias directas e indirectas en el bienestar de la población?

Algunas reflexiones al respecto tienen que ver con temas cubiertos a lo largo de las últimas entregas de la presente columna, y se relacionan con identificar la capacidad de la sociedad para resolver sus propios problemas, y el papel y los objetivos del mismo gobierno. Así, considero que gran parte de la confusión y cuestionamientos anteriores se aclararían si, desde el principio, distinguimos entre los objetivos de una política económica de un gobierno, y observamos su estudio desde la perspectiva propuesta por la economía política.

La economía política (political economy) es el campo multidisciplinario de las ciencias sociales que estudia la producción, el comercio y su relación con la ley y el gobierno.

En otras palabras, es el estudio de cómo las teorías económicas afectan a diferentes sistemas socioeconómicos de toma de decisiones (incluyendo el capitalismo, el socialismo, el comunismo y sus puntos medios) junto con la creación e implementación de políticas públicas.

Esto es, desde un punto de vista más general, la economía política se centra en comprender cómo los sistemas económicos, las instituciones políticas y el medio ambiente se afectan e influyen mutuamente.

Las tres áreas de estudio interdisciplinario incluyen modelos económicos de procesos políticos, la economía política internacional y cómo afecta las relaciones internacionales, y la asignación de recursos en diferentes sistemas económicos.

Si regresamos a la pregunta básica sobre cuál es el objetivo de un gobierno, la primera respuesta idealista sería maximizar el "bienestar social" sujeta a los recursos con los que cuenta un sistema económico, mientras que una respuesta más cínica, pero válida desde el punto de vista de los estudios de economía política de autores como George Stigler (Premio Nobel en Economía 1982 por sus investigaciones acerca de la estructura de la industria, el funcionamiento de los mercados y las causas y efectos de las regulaciones públicas) sería maximizar su poder y capital político, medido en capacidad de apropiarse de rentas y generar votos, tal que le permitan continuar ejerciendo sus funciones y perpetuar su existencia, lo cual no necesariamente está vinculado a la versión idílica del gobierno inteligente, planeador y coordinador de Thomas More ó John M. Keynes, pero si más cercana a la búsqueda y administración del poder de Nicolás Maquiavelo y Thomas Hobbes.

Entonces, bajo esta óptica podemos comprender y terminar por aceptar que todas las medidas que parecen proponerse desde el gobierno tienen un solo objetivo primario: incrementar la recaudación fiscal de la manera más rápida y costo-efectiva (para el gobierno, claro) posible para hacer frente a los compromisos adquiridos por el ejecutivo, obedeciendo a su agenda política; y esto no tiene nada que ver con nuestro elegantes y elaborados modelos teóricos y canónicos de finanzas públicas de impuestos óptimos dinámicos de Ramsey, precios de Lindhal en bienes públicos, o la consistencia dinámica de la política fiscal y monetaria a través de reglas claras inamovibles que garanticen certeza.

En otras palabras, culpar al gobierno de no actuar como "debería" de acuerdo con los cánones idílicos keynesianos centro-planeadores, es claramente desconocer que, en su naturaleza de economía política, el gobierno no busca el bienestar social como fin, sino primero, preservarse a sí mismo, y luego cumplir su agenda de trabajo y compromisos sociales, muchos de ellos vinculados a compromisos ideológicos más que a un programa de desarrollo científico-tecnológico que promueva el bienestar común.

El que algunos de estos programas promovidos por el estado beneficien a algunos grupos de la sociedad es una grata coincidencia, pero es claramente confundir el fin con los medios del gobierno.

Por tanto, si bien nuestro trabajo desde la academia y la ciencia económica es enseñar el potencial del gobierno para coordinar y mejorar situaciones donde la coordinación privada "no alcanza", así como también reconocer aciertos o enfatizar los graves errores de política pública en términos de bienestar que desde las políticas propuestas por esta entidad se llevan a cabo, tarde que temprano debemos aceptar y enseñar que la función de los distintos organismos de gobierno, y más aún en aquellos altamente centralizados en su concentración de poder, es dar salida (pronta, oportuna y expedita) a las prioridades dictadas por el ejecutivo, y no necesariamente, hacer lo correcto.

Esto nos ahorraría muchos recursos en la búsqueda del siguiente héroe o caudillo que resuelva mágicamente nuestros problemas históricos, y nos permitiría observar con mucho mayor objetividad la riqueza de las soluciones que se pueden generar desde las instituciones descentralizadas como el ciudadano común, la familia, la empresa, los mercados, y la misma sociedad civil.

El autor es Doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Es Profesor-Investigador de la Facultad de Economía de la UANL.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.