Jorge O. Moreno: La calidad de la educación básica en México

Existe una percepción equivocada de que, ante la urgente necesidad de mejorar una condición crítica, un cambio brindará resultados favorables no importando la dirección o sentido del mismo. Nada más alejado de la realidad asociada a cualquier problema de índole económica, política o social.

En nuestro país, uno de los factores de inconformidad social que actualmente domina la atención de medios y gobierno se relaciona a la calidad en la provisión de educación pública básica, particularmente después de los alarmantes resultados de las evaluaciones del informe del programa internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA (por sus siglas en inglés: Programme for International Student Assessment) desarrollado por la OCDE y que ubican a México en el último lugar entre los países miembros.

A pesar del esfuerzo por implementar una reforma educativa integral, en general, la educación básica en México es un ejemplo de la falta de una estrategia integral que considere a todos los actores relevantes: familias, docentes, y gobierno. Sin una vinculación y comunicación clara entre todas las partes involucradas e interesadas en implementar los cambios necesarios, resulta imposible poder definir claramente los roles que cada grupo jugará en la búsqueda de un objetivo de interés común previamente acordado.

Antes de entrar en discusión sobre el cómo implementar los cambios, es primordial definir los puntos de acuerdo sobre los cuales se debe construir una estrategia educativa. Se reconoce que la educación es el eje sobre el cual se construye el capital humano de una persona y el capital social de una comunidad. También se ha identificado que la educación básica es pieza fundamental en la adquisición de nuevos conocimientos y para aspirar a un grado académico superior; no obstante, la educación primaria y secundaria tienen una baja tasa de rendimiento de mercado comparado con otros niveles educativos, lo cual desincentiva la inversión privada en forma de crédito, y ante imperfecciones en este mercado, justifica la intervención de una política pública que brinde educación a quienes carecen de acceso a recursos para financiar dicha inversión. Finalmente, se reconoce que desde la década de los 80s, existe una percepción de baja calidad en la educación básica pública, y los comparativos internacionales como las pruebas PISA, posicionan a México recientemente en el último lugar entre los países de la OCDE y entre las últimas posiciones de América Latina, con niveles de desempeño que deben ser causa de alarma para todos.

De esta forma, la pregunta de política a contestar se podría resumir en: ¿cómo ampliar el acceso y mejorar la calidad de la educación que reciben miles de niños y adolescentes mexicanos? Y seguido de esto, ¿cuál es y cuál debe ser la distribución de costos y beneficios asociados a tal política,dados los derechos y obligaciones de los grupos de interés involucrados, esto es, familias, magisterio, y gobierno?

El área de economía de la educación, fuertemente vinculada al estudio del capital humano, identifica que en este fenómeno social, al igual que en cualquier otro bien sujeto a escasez, existen factores de oferta y demanda que determinan los resultados que observamos. Los incentivos de oferta están fundamentalmente determinados por magisterio y gobierno, quienes definen infraestructura, contenidos, materiales, y la provisión de la educación. Por otra parte, la demanda está determinada por las familias, quienes envían a niños y jóvenes a educarse en función de su ingreso, tamaño, nivel de riqueza, y prioridades.

Dado lo anterior, una estrategia educativa integral debe distribuir los costos de su implementación al considerar de manera simultánea políticas de oferta, coordinando esfuerzos y responsabilidades entre gobierno y magisterio, y políticas de demanda, impulsando activamente la participación de los padres de familia en la formación de sus hijos. Esta estrategia integral se ha buscado desde mediados de la década de los 90s, con la implementación de programas como Carrera Magisterial (diseñado para premiar e incentivar el esfuerzo docente) y el extinto programa progresa (orientado a eliminar la deserción escolar infantil, particularmente de las niñas). Sin embargo, en todo este tiempo el objetivo común de mejorar la calidad no se ha alcanzado, y el descontento de algunos grupos de poder dentro del magisterio ha ido en aumento ante la reducción de beneficios y prebendas previamente acordados.

Si bien, una columna no basta para concluir un tema tan complejo, es necesario no quitar el dedo del renglón, pues de una educación pública de calidad depende la formación de muchas generaciones de niños en condiciones vulnerables y está en juego el futuro del país y de miles de ciudadanos que ven en la educación el único mecanismo de movilidad social y económica.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.