Monterrey

Jesús Sánchez: Un duro golpe al defensor de los derechos del contribuyente

El pagador de impuestos desembolsa lo que legalmente le corresponde, y por su parte el SAT obtiene una recaudación en un menor tiempo.

En días pasados la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), tuvo conocimiento que el gobierno federal limitó la aplicación de los recursos para su operación en un 75 por ciento, lo cual pone en riesgo la prestación de sus servicios.

Como asesor de INDEX, consideró conveniente que las empresas de la industria maquiladora estén enteradas de la afectación que esto puede causar.

A manera recordatorio, el día 20 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican" (El Decreto). Una de las acciones de austeridad es no ejercer el 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales, materiales y suministros. Sin embargo, en el Decreto se prevén diversos supuestos de excepción de esta medida, entre ellos, en la aplicación de los recursos destinados a la defensa de los derechos humanos, actividad que lleva a cabo PRODECON, por lo cual no se debería de haber restringido su presupuesto.

Entendemos que la situación económica del país es bastante complicada, por lo que apoyamos que se tomen las medidas necesarias para una administración eficaz y eficiente de los recursos, sin embargo, aquí no se está cumpliendo con estos principios.

Esto es, dentro de los servicios que PRODECON ofrece se encuentran la solicitud de acuerdos conclusivos, a manera de síntesis, consiste en proporcionar las condiciones necesarias para que se lleve a cabo un diálogo más abierto entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, así como un análisis más técnico de los temas tratados por la autoridad fiscal en sus procedimientos de auditoría. Estadísticamente estos acuerdos han beneficiado a ambas partes, el contribuyente paga lo que legalmente le corresponde, y por su parte el SAT obtiene una recaudación en un menor tiempo. Esto, aunando a un ahorro económico para ambas partes, que hubiera generado la interposición de los medios de defensa promovidos por los contribuyentes, y la autoridad en la atención de estos.

De acuerdo con la información proporcionada por el delegado de PRODECON de la ciudad de Monterrey, N.L., así como el titular en funciones de esa procuraduría, a través de estos acuerdos conclusivos se ha logrado colaborar con el SAT para obtener una recaudación de $4,501,064,682.86 pesos, en tan solo un plazo de cinco meses en este año 2020. Por lo que si PRODECON se ve imposibilitada en prestar sus servicios puede generar una menor recaudación para el SAT.

PRODECON ha demostrado ser un organismo financieramente rentable para el país, apoyando en recaudar más de cuatro veces lo que se le asigna para su presupuesto, por lo que esta decisión del gobierno federal lejos de generar un ahorro a las finanzas públicas va a representar una pérdida en la recaudación de manera eficaz y eficiente.

Asimismo, debemos de recordar que los servicios de PRODECON son gratuitos, generando una gran apoyo y protección de los sectores menos favorecidos, ya que la situación económica de este sector no les permite acceder a un prestador de servicios de calidad que protejan sus derechos como contribuyente, como son los que ofrece PRODECON, por lo que desde un aspecto social tampoco hace sentido esta decisión.

PRODECON está trabajando para que el gobierno federal reconsidere esta postura, y se asigne presupuesto mayor al 25 por ciento al que actualmente se le asignó, para poder continuar brindando sus servicios en todas sus delegaciones, lo que representa un beneficio de todos, incluido el SAT.

Las acciones que el gobierno federal tome en los siguientes días o meses nos generará una mayor claridad de si esta decisión fue realmente para generar un ahorro o bien, fue para dejar inoperante una institución que protege a los contribuyentes.

El autor es Socio de PolancoSavā Abogados, S.C.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.