Monterrey

Javier Amieva: Y después del conflicto de energía ¿qué?, ¿expropiaciones?

El amparo, es una figura que garantiza la libertad, la aplicación exacta de la constitución y de los derechos básicos y hasta de los Derechos Humanos de todos los mexicanos.

Para los ojos de un abogado acostumbrado al análisis de Leyes y Reglamentos para interpretar no solo los posibles conflictos, sino las mejores y más adecuadas solidaridades de una ley, un contrato o cualquier documento legal, la resolución que los Jueces de Distrito han otorgado de manera provisional al Decreto de Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de marzo de dos mil veintiuno;, no se podía esperar de otra forma de un Juez que conozca en materia constitucional y de la ley de amparo, si pretendemos vivir en un estado de derecho porque los contenidos y acciones contendidas como finalidad en dicha ley no lo están en ese sentido.

El juez de distrito que resolvió otorgar una "suspensión Provisional" y luego "Definitiva" en el proceso, lo que hizo, no fue abrogar la Ley y ni siquiera estudiar los motivos de la Ley y decidir sobre las rodillas en cuanto a lo que los abogados le llaman "el fondo del asunto", es decir analizar a fondo y decidir sobre si es constitucional y el ejecutivo tiene derecho y actúa en beneficio de la sociedad, lo único que hizo el Juez al conceder estas Suspensiones Provisionales y Definitivas es el DEJAR LAS COSAS COMO ESTABAN ANTES DEL DECRETO DE LEY para que luego analizar sobre "el fondo" a la luz de la constitución y leyes mexicanas así como los compromisos internacionales; ¡proteger a los gobernados contra actos de las autoridades, esa es la Ley!

El presidente López Obrador; al conocer esta resolución apegada a las leyes que nos rigen, en específico a la Ley de Amparo y SUSPENDER ACCIONES QUE PUDIERAN ACARREAR PERJUICIOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN DE APLICARSE LA LEY, y que simplemente ha ordenado que la Ley quede sin efectos temporalmente en tanto se estudia el asunto y se escuchan las partes, se presentan pruebas y el Ejecutivo prueba la legalidad y constitucionalidad de la Ley que ha sido impugnada por empresas que ven afectados sus derechos, el Juez solo ha hecho el cumplir con su trabajo y velar por la aplicación de la Ley protegiendo a la constitución Mexicana.

Estimado lector, hace años cuando recién me recibía como licenciado en Derecho en la UNAM, tuve la oportunidad de ser maestro de Civismo –una materia que los legisladores de hoy, la mayoría si no es que todos, no conocen-; entonces a los alumnos de tercero de secundaria les hable sobre la constitución y la Ley de Amparo, de esa figura de la Ley que es el orgullo de todos los estudiosos de derecho y la aportación más grande que ha dado México a los países que se rigen por gobiernos democráticos.

El Amparo, es una figura que garantiza la libertad, la aplicación exacta de la constitución y de los derechos básicos y hasta de los Derechos Humanos de todos los mexicanos.

El presidente de México AMLO, se molestó con la resolución del juez y declaro públicamente que era una vergüenza, que el juez había sido "puesto por los neoliberales" y que se debía de revisar su actuar y que pediría a la Judicatura y a la Suprema Corte resolviera la situación –en su favor claro-, y si así no se le satisface o es necesario se MODIFICARÍA LA CONSTITUCIÓN y además declaro, peligrosamente sobre temas como expropiación.

"Hasta ahora no he realizado Expropiaciones", declaro ante los medios, mismos que el vitupera cada vez que puede, y –lean mis labios-, pareció decir, es decir, que si ha habido muchas expropiaciones en beneficio del interés público, pero no ha expropiado empresas como lo hicieron en el pasado presidentes que veían en peligro actividades estratégicas de la nación en manos de particulares o extranjeros, o simplemente por tratarse de lograr un beneficio publico mayor interés de la nación fundamentado.

Así como lo escribo, lo dejo planteado AMLO que si los Jueces que defienden la constitución lo siguen haciendo los "estudiara de cerca", es decir – dicen las benditas redes sociales,- que si no cumplen los cesara, le pedirá al SAT que los investigue a ellos y a sus familias y al mismo tiempo pedirá a Monreal y otros distinguidos senadores y legisladores que traten de cambiar la constitución y si esto no se puede o se tarda apara los planes presidenciales, entonces pues para eso está la figura de la Expropiación.

Mire estimado lector, si usted es abogado me podrá tachar de fútil y básico pero me dará la razón; si usted no es abogado permítame comentarle que si el Presidente simplemente ha enunciado que los Jueces son corruptos, que de seguir los contratos como están "los precios de la luz se irán a las nubes" y de que la Reforma Energética era solo para beneficiar a los "neoliberales"; AMLO no aporta pruebas, no aporta explicaciones y se pierde y atiene a que los legisladores encontraran la forma de "enderezar" la Ley para echar abajo los contratos firmados con empresas nacionales y extranjeras.

No solo PEMEX ha sido calificado ya de empresa riesgosa por las calificadoras internacionales, sino MÉXICO mismo, con las actitudes presidenciales y Leyes emitidas, está siendo calificado como un país riesgoso para inversiones, donde no impera la seguridad jurídica y ahora sobre ello, la espada de Damocles de una alta posibilidad de iniciar expropiaciones, como en Venezuela o Cuba.

La Ley de la Industria Eléctrica que se encuentra en discusión, de un simple análisis es inconstitucional entre otras por las siguientes razones: Desconoce los contratos firmado por México en el pasado inmediato en materia de Energía ya sea como proveedores o como concesionarios, la Ley se trata de aplicar en forma retroactiva lo cual es a todas luces inconstitucional, indica que "esta Ley deroga…" todas las anteriores leyes, decretos y derechos, es decir se aplica retroactivamente y desconoce los derechos de los particulares signados formalmente con el gobierno de México; dicho sea de paso que con ello atenta contra el estado de Derecho y la Seguridad Jurídica de aquellos que signan, mexicanos o extranjeros contratos con México o en México.

La Ley ,que tanto molesto a López Obrador el que no se pueda imponer mediante la "Fuerza del Ejecutivo", pasando sobre el poder Judicial, atenta contra los Derechos Humanos o Derechos de las personas que siguen los lineamientos democráticos y se les arrebatan sus derechos.

La Ley de la Industria Eléctrica, desconoce los convenios firmados en materia de Comercio internacional como el T-MEC y trata de desconocer derechos y atentar contra lo signado en materia de Energía y como pretende fomentar el uso de energía derivada de hidrocarburos, contra los convenios de Paris y Kioto; es decir; de aplicarse esta Ley por la fuerza del ejecutivo y de los Senadores como se pretende, desconoce los convenios internacionales y por ello es no solo anticonstitucional, o sea ataca a la Constitución; inconstitucional, porque va en contra de la propia constitución, y antidemocrática. La propia letra de la Ley, va en contra de lo que expresa en su proemio la ley combatida en el lugar de buscar reales beneficios del interés social, lo hace en contra al pretender imponer un estado autoritarito que fomente las energías sucias, que afecte al ambiente y que acarrea problemas de carácter económico a nuestro país desconociendo un estado de derecho, y minando la seguridad jurídica nacional e internacional.

De aquí, a la aplicación de que el estado diga "ahora sí", ahora si empiezan las expropiaciones solo estamos a un paso, eso es lo que muchos tememos analizando la situación y viéndole desde el extranjero y bajo la lupa con que México está siendo escrutinado "desde acá", desde Texas.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.