IMSS detecta desfalco de 20 mdp a firmas de Monterrey
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IMSS detecta desfalco de 20 mdp a firmas de Monterrey

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IMSS detecta desfalco de 20 mdp a firmas de Monterrey

bulletEncuentran ilegalidad en 78 incapacidades laborales de tres patrones diferentes.

Redacción RIVELINO RUEDA
13/05/2019
Lugar. Esta es una de la fachadas de varios inmuebles con direcciones que corresponden a empresas que no existen aquí en Monterrey y que representan una prueba del fraude mediante incapacidades laborales en contra del IMSS.
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La dirección de domicilios de empresas que no existen, en el municipio de Monterrey, Nuevo León, y en el estado de Quintana Roo, representaron la prueba contundente para que la delegación regia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmara que estaba ante un desfalco a ese organismo que supera los 20 millones de pesos.

Primero fue la cautela ante la denuncia ciudadana por supuestas irregularidades en el otorgamiento de 78 certificados de incapacidad temporal para el trabajo. La sospecha mayor provenía que estos documentos oficiales fueron otorgados a 62 pacientes que presuntamente trabajaban para tres patrones diferentes.

Las investigaciones continuaron y las autoridades del IMSS se toparon con un segundo hallazgo contundente: los supuestos pacientes en la categoría post quirúrgicos no cuentan con evidencia alguna de la cirugía realizada en el Hospital General de Zona No. 33, de Monterrey, o en algún centro de salud particular.

Adalberto Méndez López, director de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones del IMSS, comenta que un hecho determinante en esta investigación fue cuando se detectó que una misma empresa tenía diez o 15 trabajadores con la misma incapacidad, en similar periodo.

En ese momento es cuando las autoridades del Instituto se dan cuenta que era imposible que en una misma empresa hubiera esa cantidad de trabajadores con incapacidades por el mismo motivo, por poner un ejemplo, “por una cirugía en el brazo izquierdo”.

También llamó la atención que el periodo comprendido en el otorgamiento de estas incapacidades fue del 28 de marzo de 2018 al 12 de julio de 2018, con un promedio de 28 días por cada incapacidad, y que 24 de estos documentos hayan sido expedidos por “intervención quirúrgica”.

Sin embargo, el funcionario del IMSS destaca que en esos 24 certificados, “no se localizó evidencia de registro en el Formato 4-30-27/17 ‘Intervenciones Quirúrgicas efectuadas en Quirófano’, por lo que no fue posible corroborar que los pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente”.

De esos tres patrones que presuntamente están involucrados en este millonario desfalco al IMSS –y a los cuales se omite la publicación de su nombre para no obstaculizar la denuncia penal que presentará el Seguro Social ante la Fiscalía General de la República (FGR)--, uno está supuestamente dedicado a actividades de construcción y remodelación de inmuebles; le fueron expedidas 49 incapacidades y su presunta defraudación a la institución es por un millón 538 mil 675 pesos.

Otra empresa involucrada también dijo dedicarse a “actividades de construcción y remodelación de inmuebles”; tiene un total de 29 incapacidades expedidas y el monto del presunto fraude es por 695 mil 80 pesos, mientras que un tercero afirmó tener actividades de “construcción”; le fueron otorgadas dos incapacidades y el supuesto desfalco es por 30 mil 210.

Méndez López detalló, en entrevista con El Financiero, que si bien las incapacidades presuntamente fraudulentas alcanzan la suma de dos millones 263 mil 966 pesos, el “daño real” al Instituto es por un monto superior a los 20 millones de pesos.

“No sólo es el tema de las incapacidades, sino que al tener una incapacidad falsa se está incumpliendo con obligaciones con el Seguro Social, entonces se acumula el monto del daño patrimonial”, explicó.

Este caso de defraudación al IMSS es el segundo de gran envergadura detectado en el último mes. Apenas el pasado 29 de abril, la institución presentó una denuncia penal ante la FGR por el hallazgo de 60 mil recetas falsas en la Clínica No. 16, de Torreón, Coahuila, que representó un daño económico al organismo por 300 millones de pesos.