Monterrey

Édgar Rivera: Algo sobre el 'huachicoleo fiscal', la evasión y el pago de impuestos

Es positivo que el SAT emprenda acciones en contra del contrabando de combustibles.

Estimado lector, en esta ocasión en esta Esfera Comunitaria haremos una reflexión sobre la interacción entre empresas, autoridades, Gobierno, asociaciones civiles y ciudadanos con un ejemplo referido al pago, no pago y hasta la evasión de impuestos mediante la importación de algunos productos energéticos como el diésel y hasta la gasolina.

Aquí vale pena referirnos a una nota que publicó El Financiero el pasado 10 de octubre titulada como "Hacienda y CCE acuerdan cambios fiscales para 2020", en la misma se mencionaba que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acordaron cambios a las iniciativas fiscales contenidas en el Paquete Económico 2020, con el fin de dar certidumbre al sector privado y disipar elementos discrecionales o "inquisitivos" en el SAT, dejando pendiente la revisión la ley "antifactureras", pues todavía había diferencias entre Gobierno y empresas.

En conferencia de prensa, el titular de la SHCP, Arturo Herrera, señaló que luego de diversas reuniones con cámaras empresariales del CCE, se llegó a un acuerdo para ajustar iniciativas de la Miscelánea Fiscal 2020 y cambiar algunos umbrales, sin que ello implique un impacto en los estimados de recaudación tributaria e ingresos para el próximo año.

Herrera rechazó que algunas de las iniciativas fiscales que dan "más dientes" a Hacienda y al SAT sean "inquisitivas", tal y como lo señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Por el contrario, sostuvo que el Gobierno busca afinar la redacción de diversas propuestas para evitar malas interpretaciones por parte del sector privado.

Y aquí iniciamos nuestra reflexión, con algunos cuestionamientos: ¿Por qué hasta ahora explica la SHCP? ¿Por qué tiene que aclarar que las iniciativas no tienen más dientes"? ¿Por qué siempre lo que propone la SHCP genera malas interpretaciones y se tiene la imagen de que es recaudatorio?

Para sustentar la reflexión pongamos otro ejemplo en donde participan como en la Esfera Comunitaria autoridades, asociaciones civiles y ciudadanos y esto tiene que ver con el ahora bautizado por el propio Servicio de Administración Tributario como "Huachicoleo Fiscal".

En una nota también publicada por El Financiero titulada como: "Huachicoleo fiscal en diésel afecta a empresas", el pasado 9 de octubre, se indicó que esta modalidad estaba generando una competencia desleal para las empresas que venden diésel que importan de manera legal por las aduanas del país, principalmente las del Norte y Noreste, generando pérdidas significativas al vender el hidrocarburo hasta cinco pesos debajo de su precio de referencia de 18 o 19 pesos, señalaron empresarios del sector.

"Esto nos está pegando muy fuerte a las empresas formalmente establecidas y que cumplimos con el pago de impuestos. Esto debe frenarlo el SAT a la brevedad porque nos está causando pérdidas de clientes, los cuales están cancelando contratos con nosotros de suministro de diésel" compartió un empresario que comercializa diésel, quien pidió el anonimato.

En un anota del sitio Monitor Energético, el Administrador General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Ricardo Ahued, afirmó que detectaron "huachicoleo fiscal" en gasolina y diésel en las aduanas del país, pues al momento de importar combustible las empresas reportaban el ingreso de otro producto para así evitar aranceles.

Pero estimado lector, esta ¿noticia? O novedad en donde el SAT a penas está detectando esta irregularidad no es reciente, fuentes del sector de hidrocarburos a nivel nacional nos han comentado que tienen años quejándose del ahora llamado "huachicoleo fiscal" llevado a cabo por parte de toda una "cadena de desvalor" en donde participan, según nos dicen, agentes y agencias aduanales, policías federales y empresas transportistas, que son las que compran a precios, hasta cinco pesos por debajo del precio promedio de referencia el litro del diésel que se cotiza en promedio a 18 ó 19 pesos, lo que genera una competencia desleal para industria de compra-venta de este hidrocarburo, provocando pérdidas que se manifiestan en cierre de empresas y por ende alza en el desempleo de este sector.

Existen datos históricos difundidos por la propia Asociación Nacional de Distribuidores de Diésel que hace dos años, en 2017 denunció que lo que ahora se conoce como "huachicoleo fiscal" generaba una evasión de impuestos de hasta dos mil millones de pesos al año.

Alguien diría, nunca es tarde y lo bueno es que la autoridad y el Gobierno han detectado esta anomalía pero como nos preguntábamos antes: ¿Por qué hasta ahora? Si los propios organismos de empresas que importan diésel de forma legal y pagando impuestos si lo tenían bien documentado.

Y en cuanto a dejar pendiente la revisión la ley "antifactureras", aquí en este espacio ya hemos difundido información de que la falla no está en la factura digital electrónica, sobre la cual existen mitos y realidad, porque esta industria de la facturación le ha dado grandes beneficios a nuestro país.

Más bien lo que percibimos es el predominio de la corrupción que alienta la generación y crecimiento de ingresos y ganancias ilícitas, un ejemplo de esto es el "huachicoleo fiscal", porque precisamente con estas gestiones al margen de la ley en donde participan delincuentes que se organizan bien para cumplir sus objetivos afectando a todo el país es como podría explicarse que existan facturas digitales apócrifas o con datos falsos.

Recordemos una frase para cerrar esta entrega. "El sistema no falla, lo que falla es la mala información que le mete uno al sistema, o sea que si le mete uno basura al sistema, el sistema le entrega basura".

Confiamos en la SHCP y en el SAT que logren erradicar todas estas fallas e irregularidades y eliminen por completo el "huachicoleo fiscal" que tanto impacta a las empresas formales y en consecuencia a los empleos y el desarrollo del país.

Seguiremos al pendiente.

El autor es economista de la UANL con Maestría de Análisis Político y Medios de Información en la Escuela de Graduados y Administración Pública (EGAP) del Tec de Monterrey.

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