Existe una fuerte expectativa negativa de diversos analistas y calificadoras internacionales sobre el desempeño del gobierno federal,
y en particular de su falta de responsabilidad en la administración del presupuesto público.
El alza en la deuda federal observada en los últimos años, que ha más que duplicado el valor real de las obligaciones federales y el pago por servicio de deuda en relativamente poco tiempo, ha puesto en duda la calidad crediticia de los bonos federales. Esto ha derivado en una advertencia de una posible baja en la calificación asociada al riesgo de dichos instrumentos, lo cual incrementaría las tasas de interés nacionales, subiendo el costo de financiamiento de proyectos locales, y minando la frágil inversión necesaria para el crecimiento en el largo plazo.
Cómo si esto no fuera suficiente material de incertidumbre para
la economía nacional, y debido a factores políticos ajenos a las funciones principales de su envestidura, la reciente renuncia de Luis
Videgaray como Secretario de Hacienda añadió una innecesaria
presión de riesgo que fue librada con regular éxito debido a la reputación de José Antonio Meade.
Ante las múltiples voces académicas, de organismos sociales, y del sector privado que llaman a ordenar el gasto público y transparentar
el ejercicio del presupuesto, surge una molestia y preocupación ante la clara "elasticidad" de la inversión pública y el gasto social durante la contracción actual del ciclo económico, comparado con la falta de ajustes equivalentes en los beneficios, prebendas y salarios percibidos
por funcionarios púbicos y partidos políticos.
¿Qué motivó al gobierno federal a utilizar el acceso al relativo barato crédito internacional y subir su endeudamiento al nivel actual?
Al observar los patrones de compromisos financieros que ha adquirido el gobierno, particularmente en la presente administración federal, la justificación al endeudamiento podría ser la aparente "apuesta" que se realizó a los beneficios esperados de las denominadas "reformas estructurales".
Sin embargo, la ausencia de resultados en rubros como crecimiento y recaudación fiscal así como el difícil entorno internacional que baja las expectativas de crecimiento han agotado la visión que se tenía de tales reformas y ha ocasionado la necesidad de plantear una reorganización
del ejercicio del gasto. Desafortunadamente, los primeros rubros en ser sacrificados ante tales contingencias son los de inversión y gasto social.
La existencia de un sistema público de salud cofinanciado para los trabajadores, como lo es el IMSS, así como la creación de escuelas de educación básica y de universidades públicas, están justificados en los beneficios que el capital humano genera en quien lo recibe y a la sociedad en su conjunto, pero también, en la falta de opciones privadas a estos medios que enfrenta un alto porcentaje de la población y que en
ausencia de estos organismos públicos, simplemente no podrían
acceder. Para continuar con su funcionamiento y provisión de servicios a la sociedad, estos organismos públicos requieren de una fuerte inversión pública, de una reestructuración en su organización interna, y de una depuración administrativa.La baja en las participaciones y recursos públicos que impactaran las finanzas públicas de estados como Nuevo León, solo estancan más la limitada inversión pública, y
desincentivan la coparticipación del sector privado en proyectos de infraestructura al no contar con el apoyo necesario para coordinar e impulsar mecanismos de financiamiento conjunto a la inversión como las Asociaciones Público Privadas (APPs).
Mientras tanto, el nuevo paquete de iniciativas públicas y recortes en el gasto federal, mantiene sin mayor cambio los recursos destinados a partidos políticos, organismos electorales, y salarios de servidores públicos, comprobando así la visión social y de sensibilidad ante una sociedad que demanda compromiso, responsabilidad y transparencia de sus representantes. México es un país que aún requiere fortalecer
sus instituciones sociales y económicas antes de poder descentralizar
en el mercado decisiones fundamentales como la inversión en educación y salud así como la protección social, componentes
fundamentales del crecimiento.
Esperemos que nuestros representantes encuentren los mecanismos
para fortalecer aquellas instituciones que han sido el motor de la movilidad social del país, y que han generado un verdadero bienestar de los ciudad anos a quienes representan.
* Doctorado en Economía en la Universidad de Chicago. Es Profesor-
Investigador de la Facultad de Economía de la UANL y miembro del SNI-CONACYT Nivel 1.
Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.