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Los ciudadanos de Nuevo León gastaron al menos 697 millones 110 mil 433 pesos destinados para que las instituciones públicas desarticulen redes de corrupción, pero a la fecha los resultados han sido nulos, informó la Coalición Anticorrupción, integrada por organismos sociales.
El estimado es una aproximación de lo que se destinó este año al presupuesto de los organismos que son parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción integrado por la Secretaría Ejecutiva, la Contraloría del Estado, la Auditoría Superior del Estado, el Congreso local, sumando el sueldo del Fiscal Anticorrupción y el Magistrado Anticorrupción.
"¿Cuantos particulares o servidores públicos han sido multados, inhabilitados para trabajar en el gobierno o mandados a prisión por desvíos de recursos, sobornos, tráfico de influencias, nepotismo... durante la administración de Jaime Rodríguez, o en el sexenio de Rodrigo Medina?", cuestionaron los organismos.
Preguntaron también ¿ cuánto dinero perdido en actos de corrupción ha sido devuelto al pueblo de Nuevo León? Al dar a conocer el monto estimado de lo que Nuevo León destinó este año, los miembros de la Coalición Anticorrupción se presentaron en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción para solicitar, se dé a conocer a la opinión pública los resultados y la efectividad del trabajo de las instituciones responsables en esta lucha contra la corrupción e impunidad.
A través de un documento dirigido a Joaquín Ramírez, titular de la Secretaría Técnica; y Juan Carlos Gastélum, presidente del Comité de Participación Ciudadana se solicitó que la Secretaría Ejecutiva informe de forma escrita en qué consisten y cuáles son los avances del Programa de Trabajo Anual 2019 del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León.
Que el Comité de Participación Ciudadana desarrolle criterios y lineamientos para la atención y acompañamiento de solicitudes ciudadanas de quejas y denuncias contra servidores públicos y/o particulares, en materia de corrupción en el estado.
"Esto no significa que las instituciones deban desaparecer, sino que los ciudadanos debemos exigirles rendición de cuentas del dinero público que se les ha destinado y pedirles que nos garanticen su autonomía frente a los intereses de los partidos políticos. Es necesario evidenciar a ¿a quién le interesa que la rata de la corrupción en Nuevo León continúe engordando?", cuestionó Sandrine Molinard, directora de Consejo Cívico e integrante de la Coalición Anticorrupción.