Dejar lo importante por lo urgente

Para todos quienes estamos al pendiente de las noticias es claro que el gobierno federal tiene como prioridad cumplir pronta y visiblemente las promesas que día a día, y por más de 12 años, el Presidente López Obrador ha realizado como parte de su plataforma política. Estas promesas, y las que cada mañana se acumulan, fueron parte importante del éxito de su campaña, y han jugado un papel fundamental para explicar su alto grado de aprobación ciudadana, activo político que suma al apoyo mayoritario del Congreso y del de una fracción importante de los magistrados federales.

Esta prioridad se traduce de manera directa en la necesidad urgente de generar suficientes recursos financieros, de manera relativamente rápida, que no mermen el delicado estado de las finanzas públicas, cargándole al erario un mayor pago de servicio por endeudamiento, y que además no atenten contra el ya de por si frágil panorama de crecimiento económico en el corto plazo, con mayores impuestos a la base cautiva de contribuyentes que dan sustento al enorme aparato gubernamental, todo esto en paralelo a la alta informalidad en el mercado laboral.

Así, esa urgencia por recursos financieros, de la mano de las prioridades del gasto público en programas de transferencias directas e incondicionales de dinero a grupos vulnerables (como las denominadas "becas" a estudiantes de secundaria), e inversión en proyectos de dudosa y desconocida rentabilidad social (como el aeropuerto en Santa Lucía, el Tren Maya, o la refinería en Dos Bocas), han dado como consecuencia la reducción en el presupuesto en múltiples rubros de gasto e inversión gubernamental, siendo tres los que en mi perspectiva más dañan a nuestro país en el largo plazo: la salud, la educación y la ciencia, esto es, nuestro capital humano.

Desde hace mucho tiempo, investigadores y especialistas han señalado la importancia de una reforma a los sistemas de salud, de educación y de investigación en México, para proveer el acceso y la calidad de estos servicios, pero además, para garantizar su sustentabilidad en el largo plazo, al sanear la perniciosa corrupción que ha mermado su funcionamiento. No tengo duda de que las instituciones públicas de salud y educación requieren cambios importantes que mejoren su desempeño y premien su valiosa labor social, pero pensar que la corrupción dentro de esas instituciones se "ahogara" ante la falta del "oxígeno" que representan los recursos públicos, es un error que únicamente transfiere el costo social del cambio necesario de régimen a unos pocos.

¿Quiénes están pagando por los servicios médicos que se brindan a millones de ciudadanos, aún en condiciones financieras y de abastecimiento tan adversas? Pagan los médicos, las enfermeras y el personal administrativo, a quienes no obstante sus bajos salarios y casi nulas posibilidades de ascenso, se les exige hacer "más con lo mismo" y dar la cara ante la enorme necesidad por servicio y medicamentos.

¿Quiénes están pagando por la educación primaria que ahora, como resultado de la post-reforma educativa recientemente aprobada, exige menos de los profesores y de los alumnos? Pagan los profesores que durante este tiempo se han comprometido con la calidad en sus cátedras, buscando destacar en su carrera docente, y que ven como todo su esfuerzo ya no será evaluado, ni recompensado, ni reconocido, como consecuencia de privilegiar una educación pública que ni educa, ni evalúa, ni prepara a los estudiantes para, nos guste o no, el exigente mundo en el cual vivimos. ¿Quiénes están pagando por la ciencia que aún en la situación actual y dados los recortes adicionales de presupuesto, sigue generando conocimiento original de, por, y para los mexicanos? Pagan los cientos de investigadores mexicanos, quiénes a pesar de los bajos salarios, reducidos estímulos, y del casi nulo reconocimiento social a su labor, continúan emprendiendo sus proyectos de investigación mayoritariamente desde el anonimato, y aun ante la precariedad financiera, "se atreven" a destacar internacionalmente con sus trabajos, compitiendo directamente con instituciones privadas e internacionales dedicadas a la ciencia e investigación cuyo fondeo es proporcionado por el sector privado o por su gobierno a través de reglas transparentes y claras.

La apuesta del gobierno federal a privilegiar otras inversiones sobre la atención al capital humano es errónea y requiere una urgente corrección.

El autor es doctor en Economía en la Universidad de Chicago. Es Profesor-Investigador de la Facultad de Economía de la UANL y miembro del SNI-CONACYT Nivel 1.

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