Monterrey

De proveedores de Gobierno, a la lista negra del SAT

El Servicio de Administración Tributaria informó que al menos nueve de los 34 contribuyentes declarados con operaciones inexistentes fueron proveedores del estado de Nuevo León o de ayuntamientos.

MONTERREY.- Por lo menos nueve, de los 34 contribuyentes declarados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) con operaciones inexistentes con sede en Nuevo León, fueron proveedores del estado o de algunos municipios en administraciones pasadas.

Del listado que aparece en el portal del SAT de personas morales definitivas, es decir, que no desvirtuaron o no presentaron pruebas de su legal existencia y operación previas notificaciones, 34 son de Nuevo León.

El SAT explicó en un documento que se consideró que las empresas realizaban operaciones inexistentes "porque detectó que estaban emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, para prestar sus servicios o vender los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, estos contribuyentes se encontraban como no localizados".

Mencionó que "de acuerdo con las disposiciones fiscales, cuando se detecte este tipo de contribuyentes se les notifica a fin de que puedan manifestar lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos".

Detalló que la autoridad analiza las pruebas presentadas y resuelve si desvirtuaron los hechos o no; si no los desvirtúan o no presentan pruebas, se considera definitivamente que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales que expidieron no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.

En agosto pasado, el SAT advirtió a los contribuyentes sobre un esquema de venta de facturas apócrifas vía correo electrónico, para acreditar deducciones falsas mediante la simulación de operaciones.

Así, una de las empresas en esta situación es Tokkan Industrial, que en Nuevo León fue proveedor de la Universidad Tecnológica de Santa Catarina por la reparación de un motor a vehículo utilitario, y la reparación de un motor desvielado de un vehículo utilitario.

Otro caso también es el de Comercializadora y Asesoría Planet, que fue cliente de la misma Universidad.

En la lista del SAT está Grupo Integral Karter que aparece en documentos del municipio de Monterrey, en la relación de pagos de octubre de 2014, con seis exhibiciones por concepto de mantenimiento vehicular por un monto total de poco más de 51 mil pesos.

La compañía también forma parte del padrón de proveedores del municipio de Querétaro, dónde sólo se menciona que su actividad es comercializadora y con inscripción del 22 de mayo de 2014.

También está Comercializadora Riccione, la cual vendió en noviembre de 2013 al municipio de García llantas a diferentes unidades de la Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad, Tránsito y Protección Civil, por un monto de 74 mil 708 pesos.

Además recibió un pago por 30 mil 946 pesos por concepto de mantenimiento a unidades de diferentes dependencias, entro otros ingresos.

En el caso de Kya Grupo Empresarial, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) adjudicó de manera directa un contrato por 431 mil 34 pesos que duró un mes y medio, por concepto de la realización de un spot.

También aparece en una publicación del Periódico Oficial de Nuevo León, de septiembre del 2014, como proveedor de artículos de limpieza del municipio de Guadalupe.

Fundadores Industrial aparece en documentos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como uno de los participantes y ganadores de la licitación de los trabajos de obra civil y estructura metálica para la construcción de escalera de emergencia en el hospital general de zona 6, en San Nicolás de los Garza.

En la mayoría del resto de las empresas, que de acuerdo al SAT están registradas están Nuevo León, no se encontró ningún tipo de información, adicional de sus operaciones, salvo las notificaciones que realizó el ente regulador.

SON PRÁCTICAS AÑEJAS

Marco Antonio Pérez Valtier, socio del despacho Pérez Góngora y Asociados, Consultoría Fiscal y Patrimonial, mencionó que la simulación de operaciones y la venta de facturas es una práctica sumamente añeja, sin embargo ahora toma mayor relevancia debido a que la autoridad fiscal hace del dominio público los nombres de los contribuyentes que cometen defraudación fiscal.

"Por qué si alguien compra un factura apócrifa se hace acreedor a sanciones, porque la deducción de impuestos no es legal, se dedujeron impuestos de manera indebida y se hace acreedor a delito de defraudación fiscal. Son prácticas muy añejas, sólo que ahora son del dominio público y con la famosa transparencia los actos de corrupción se hacen más evidentes", dijo.

Añadió que gracias a los avances de la fiscalización en México, este tipo de prácticas, tanto la venta como la compra de facturas, están siendo más difíciles de realizar.

"Con el certificado fiscal digital, la Secretaría de Hacienda tiene acceso a información en línea y en tiempo real, la práctica elusiva es más difícil, pero la práctica de compra de facturas ha estado muy generalizada", mencionó.

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