De buenas intenciones y participación
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De buenas intenciones y participación

bulletLa realidad en hechos es que no existe el sustento legal suficiente para que la ciudadanía sea escuchada, sobre todo cuando la voluntad ciudadana va contra los deseos de quien toma las decisiones.

Opinión MTY La Propia Política Sara Lozano
23/01/2019
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La Propia Política Sara Lozano Fuente: Cortesía

La democracia participativa es un eco presente en discursos de autoridades y voceros institucionales, no necesariamente una nueva forma de gobernar. Se aplaude la intención, pero hay que avanzar a los hechos, es una necesidad inaplazable para la paz, para la transición hacia estas formas novedosas de legitimarse.

La realidad en hechos es que no existe el sustento legal suficiente para que la ciudadanía sea escuchada, sobre todo cuando la voluntad ciudadana va contra los deseos de quien toma las decisiones.

En varias ocasiones he escrito sobre las exigencias irracionales que tiene la Ley de Participación ciudadana, por un lado; mientras que por otro lado la vaguedad con la que se describe el instrumento de participación y sus procesos es tan etérea que vuelve a secuestrar el diálogo en la discrecionalidad de quienes gobiernan.

El gobernador actual consultó a la ciudadanía el pasado 1° de julio sobre la instalación de casetas de primeros auxilios en parques públicos, pero no hay forma de poner en acción el plan, al menos para la ciudadanía no existen mecanismos para obligarle a cumplir.

Tampoco hay canales para establecer un diálogo ciudadano sobre el Tarifazo, una organización de la sociedad civil (OSC), Únete Pueblo, se manifiesta y es la misma autoridad ahora está impidiendo el diálogo. Ya sea un impedimento material o una falta de voluntad política, esta OSC no tiene canal formal-legal, correcto, para pedir explicaciones, hacer propuestas o intervenir de forma alguna. De ser un gobierno abierto, este asunto y muchos otros, tendrían que ser resueltos por los tres elementos: autoridades, organizaciones ciudadanas y la población afectada.

En una democracia participativa, las OSCs no deben entenderse como antagonistas al sistema, ni las instituciones autónomas como Transparencia, Anticorrupción o Derechos Humanos. El trabajo colegiado entre quienes administran, quienes saben y quienes son afectados por esas decisiones es la base de un gobierno abierto. Si alguien dice que la gente no quiere participar, hoy en nuestro estado, es porque no hay certezas en lo que dice ley. No hay certeza y cualquier intención de participación formal está sujete a la buena -o mala- disposición de quien nos gobierna.

Y ya que el lenguaje no sólo enuncia, sino que también denuncia, puedo advertir en muchos reglamentos de participación ciudadana este prejuicio de la autoridad en oposición a la participación, me refiero al presupuesto participativo en Monterrey y otros municipios. Me refiero también a que no hay legislación secundaria para poner en marcha los siete mecanismos de participación ciudadana que sí están legislados, va a cumplir dos año el rezago legislativo.

La democracia verdaderamente participativa se basa en el diálogo -no sólo en el discurso- la correspondencia y la corresponsabilidad, sólo así se logra la confianza mutua. En esos casos, las medidas drásticas que se tomen por intereses del Estado -Tarifazo o desabasto- tendrán el apoyo y la solidaridad ciudadana. Y ojo, también funciona para cuando se busquen los votos en estas buenas intenciones de mejor gobernar. #SeryHacerCiudadanía también es asunto de gobierno.

La autora es Consejera Electoral en el estado de Nuevo León y promotora del cambio cultural a través de la Educación Cívica y la Participación Ciudadana.

Opine usted: loalsara@yahoo.com

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.