Corrupción e impunidad, señores candidatos

Nos encontramos en esa extraña etapa de nuestras elecciones presidenciales denominada "intercampañas" comprendida entre una primera en dónde los aspirantes a candidato dan a conocer con sus propuestas (precampañas) y otra etapa que, una vez determinados los candidatos electos por los distintos partidos, conlleva a un periodo abierto de competencia electoral.

Estas elecciones nos muestran que, no obstante lo costoso que resulta para todos y cada uno de nosotros mantener a todos los ámbitos y niveles de gobierno así como a los partidos políticos que aspiran gobernar, los candidatos a presidente de México carecen de un compromiso verdadero y de propuestas concretas para erradicar dos de los problemas que más daño ocasionan: la corrupción y la impunidad.

Ya he tocado estos temas en esta misma columna, compartiendo reflexiones sobre el alto costo que representa la falta de un mecanismo de rendición de cuentas al destruir los incentivos a la inversión, la educación, y el deseo de progreso personal y del país. Pero, los candidatos ignoran (o hacen caso omiso) esa genuina demanda ciudadana para erradicar ese cáncer de nuestro dañado sistema de instituciones.

Desde el candidato puntero, quien inexplicablemente encabeza todas las encuestas presidenciales no obstante la clara falta de democracia y nepotismo en su partido personal, además de cobijar bajo el manto de las candidaturas plurinominales (y su deseado "fuero constitucional", el cual vuelve casi intocable bajo el uso de la ley a quien lo tiene) a personajes de nuestra vida pública claramente vinculados al abuso del poder, hasta el candidato de partido gobernante, quien no obstante haber tenido a su cargo la dependencias administrativa más importante para la detección del abuso de atributos fiscales y su correspondiente investigación y no haber detenido tantos casos de abuso de poder ahora del domino público, no hay uno sólo que haya propuesto una política pública concreta para restituir el estado de derecho y la rendición de cuentas.

Ahora más que nunca, un candidato a presidente, ha de ser el representante de nuestra nación ante el resto del mundo y debe velar por el cumplimiento de las leyes, no bastan las palabras y las buenas intenciones fundamentadas en discursos que pretenden vendernos ideologías y dogmas basados en el culto a su persona: se necesitan propuestas concretas de acción pública que tomen en cuenta los grandes retos nacionales, internos y externos, y los cambios que invariablemente habrán de ocurrir en los próximos años. Cambios que involucran entre otros aspectos el creciente uso de tecnología en los jóvenes y niños pero la falta de métodos de enseñanza que permitan usar ésta con fines vinculados a la creación de conocimiento, ciencia e investigación, y no únicamente como acceso a medios de diversión., la necesidad de inversión productiva que permitan la creación de nuevas y mejores oportunidades de empleo, el necesario acceso a crédito para el impulso de los nuevos talentos emprendedores y generadores de ideas, la alta y cada vez mayor interdependencia de todos los países en la provisión de insumos a empresas y productos a sus habitantes.

En otras palabras, y cómo ya lo han dicho múltiples especialistas en diversos medios, es hora de demandar como ciudadanos que se eleve la calidad del discurso de todos y cada uno de los candidatos presidenciales, y que nos proporcionen mucho más que "jingles" (cuyo costo en varios miles de pesos hemos pagando todos) o mensajes melodramáticos que pretenden suponer que el cambio que nuestro país requiere ocurrirá, mágicamente, con una persona distinta como presidente. Si en EU, cuando Bill Clinton buscaba un "mantra" en su campaña para conectar con las necesidades de su electorado y lo encontró en aquella célebre frase "Is the economy, stupid!" para nuestro caso no tengo duda que nuestros candidatos deberían aceptar y entender que no hay modelo económico y social que pueda garantizar desarrollo, paz, y prosperidad a sus ciudadanos sin una solución de fondo a nuestros grandes problemas institucionales: la corrupción y la impunidad.

El autor tiene Doctorado en Economía en la Universidad de Chicago. Es Profesor-Investigador de la Facultad de Economía de la UANL y miembro del SNI-CONACYT Nivel 1. jorge.o.moreno@gmail.com

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