Comentario económico a la Ley de Remuneraciones
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Comentario económico a la Ley de Remuneraciones

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Comentario económico a la Ley de Remuneraciones

bulletCiertamente se ocupa mayor austeridad y racionalizar el gasto, pero también hacerlo de manera sensata, inteligente y apegada a derecho.

Opinión MTY COMENTARIO ECONÓMICO Marco A. Pérez Valtier
12/12/2018
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Marco Pérez ValtierFuente: Féliz Vásquez

El choque de trenes entre el Poder Judicial por un lado, y los Poderes Legislativo y Ejecutivo por el otro, sin duda que reviste capital importancia, ya que no sólo se trata de una cuestión de índole monetaria, sino que posee profundas implicaciones en cuanto a la “Independencia” y la “Autonomía” que en el papel tienen estos tres Poderes que gobiernan nuestra Nación.

Aprovechando la ocasión, esta controversia invita también a reflexionar sobre el verdadero alcance que cada Poder tiene o que “debería tener”, ya que si bien el establecimiento de las Leyes es una facultad exclusiva del Poder Legislativo, su “Interpretación” es atribución del Poder Judicial, cosa que a Mi no me hace mucho sentido, ya que quien debe estar más calificado para “Interpretar” una Ley, pienso Yo, debería ser quien la propuso, estudió, justificó, analizó, discutió y finalmente la aprobó, pero en nuestra praxis, esta labor se la adueña el Poder Judicial, y son ellos quienes interpretan el “Espíritu” de la Ley y la exposición de motivos del legislador.

De hecho, la Constitución incluye algo que se le llama la “interpretación Auténtica” de las Leyes, a cargo por supuesto de los Legisladores, y quizás esta sería una muy buena ocasión para definir de una vez por todas el ámbito de acción de cada Poder, porque una cosa es “Aplicar” la Ley e Impartir Justicia, y otra muy diferente “Interpretar las Leyes”. (Lo que el Legislador quiso decir….).

En cuanto al punto de vista económico de esta controversia salarial, lo primero que es relevante comentar, es que el pago a un factor de la producción, como lo es el trabajo, en una economía de libre mercado, debe asociarse a su valor producto marginal, así como a la Oferta y a la Demanda de dicho servicio, por lo que de salida, “legislar” en materia salarial, equivale a un control de precios que riñe con el libre mercado.

Por otro lado, tratar a los servicios profesionales como un “commodity”, es decir, como un bien genérico y homogéneo, no es precisamente una decisión acertada, ya que dentro del gobierno, se proporcionan una gama muy amplia de “servicios profesionales”, incluso algunos de ellos muy especializados, no solo como el caso que nos ocupa, ya que dentro del Gobierno también hay actividad financiera, actividad petrolera, etc., y no solo “burócratas”, por lo que en consecuencia, no resulta aconsejable aplicar un “Rasero” y pretender mediante Ley, aplicar un control de precios, en la modalidad de ”precio máximo al público”.

La Ley del Banco de México, en materia de remuneraciones a los integrantes de la Junta de Gobierno, expresamente señala que los sueldos deben ser comparables a los que perciben los puestos directivos del sistema financiero nacional, ya que si no se ofrecen sueldos competitivos con los del mercado, no sería posible contar con personal calificado y profesional para llevar a cabo las labores del Banco.

Por otro lado, es indiscutible que hay “excesos” en materia de remuneraciones a muchos servidores públicos, que no se pueden justificar, y que han proliferado los altos salarios en todos y cada uno de los Entes Federales, que ciertamente es preciso acotar, pero esto sin violentar nuestro marco institucional y las leyes del mercado de trabajo.

Por otro lado, es importante considerar que en materia salarial, es el propio Poder Judicial el que se autogobierna, y ellos mismos son los que presentan su proyecto de Presupuesto y su Tabulador Salarial, pero son los Diputados, los que en uso de su facultad Constitucional, “Aprueban” el monto del Presupuesto que habrán de ejercer los integrantes del Poder Judicial.

De tal suerte, los Diputados están legalmente facultados para “recortar” el presupuesto que ejercerá el Poder Judicial, y de esta manera los obligarían a que ellos mismos se ajustaran a la baja no solo sus percepciones, sino en general todo su gasto, ya que por ejemplo, además de los 578 mil pesos que reciben al mes de “Percepciones” fondean un fideicomiso cuyo objeto es darle mantenimiento a las casas habitación de los Ministros de la Corte, así, o más abusivos.

Ciertamente se ocupa mayor austeridad y racionalizar el gasto, pero también hacerlo de manera sensata, inteligente y apegada a derecho.

El autor es especialista en estudios económicos y de finanzas públicas. Actualmente ocupa el cargo de Socio de Economía en Pérez Góngora y Asociados.

Opine usted: mperezv@perezgongora.com

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.