Centralismo y federalismo: ¿complementos o sustitutos?

Como parte de la transición hacia la nueva administración federal impulsada por la agenda del virtual Presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), una parte fundamental en su lista de compromisos es la reingeniería de los procesos administrativos en la Secretaría de Hacienda, necesaria para cumplir con los requerimientos en gasto público derivados de la expansión en gasto social.

Estos cambios de la mano con un declarado combate a la corrupción, han sido el estandarte que diferenció su candidatura de manera efectiva de sus contrincantes y que fue parte de los elementos que determinaron el ganar la confianza del voto de la mayoría absoluta en las pasadas elecciones.

Sin embargo, una preocupación por parte de los académicos y expertos en las finanzas públicas representa qué parte de estos cambios involucran una mayor concentración en la toma de decisiones asociadas al gasto por parte del gobierno federal, dando poder y control absoluto a la futura SHCP. Así, esta secretaria, tendrían control para observar los procesos de licitación y asignación del gasto público.

¿Es este cambio, junto con la iniciativa de crear una Oficina de Presupuesto al estilo de la Congressional Budget Office (CBO) de EU, un retroceso al tan defendido Federalismo Fiscal Mexicano, restando así autonomía a los estados y municipios al concentrar de nuevo poder en el gobierno central? En otras palabras, ¿Son estas propuestas una evidencia del fracaso de este modelo en México?

La respuesta a todos los puntos anteriores me remontan al "Discurso de las Profecías" (1823) dictado por uno de los personajes históricos que más me intrigan por los detalles que conocemos de su historia: Fray José Servando Teresa de Mier. El Padre Mier, quien mucho antes de ser una avenida del centro de Monterrey o la Biblioteca Central donde pasé muchas tardes de mi época de estudiante de secundaria, fue Diputado del Segundo Congreso Constituyente de México, auguraba un fracaso en intentar implementar prematuramente una unión nacional copiando el modelo norteamericano de estados confederados, sin antes haber logrado una serie de prerrequisitos políticos necesarios para garantizar su éxito.

Así, los excesos observados en diversos gobiernos estatales, quienes en palabras de muchos expertos se comportaron como verdaderos Virreyes en sus respectivas localidades y en donde la falta de "alineación al centro" que ocurría en la época de hegemonía del PRI, incidieron directamente en la falta de transparencia y la abierta corrupción dejaron las arcas locales con niveles de deuda históricos a diversos estados y parecieron haber confirmado la obscura profecía de Mier.

Así, la falta de contrapesos judiciales o de los congresos locales que permitieran la rendición de cuentas en los distintos ámbitos de los gobiernos locales, y la desmedida aplicación de recursos de gasto público por adjudicaciones directas a empresas de dudosa reputación, han dado como resultado la necesidad de regresar a un mecanismo que permita "alinear incentivos" en aras de incrementar la transparencia de gobernantes en los ámbitos municipales y estatales, esto es, un regreso a un centralismo ordenado.

En otras palabras, el movimiento de federalismo fiscal que en la década de los 80 y 90 mostró en México un poder de convocatoria en términos de la coordinación de los niveles y tipos de las tasas impositivas prevalecientes a nivel nacional y las reglas de asignación de la recaudación federal participable entre federación y estados, requiere un incremento en el control y transparencia del uso de sus recursos, aunque esto represente en el corto plazo un incremento en la concentración de poder de regreso a la SHCP.

De llevarse a cabo, las quejas a estas propuestas, particularmente por parte de los gobiernos locales, no se harán esperar. Sin embargo, el éxito de todas estas medidas dependerá de la capacidad administrativa del incipiente gobierno federal y de la misma transparencia con la que sus principales agentes se manejen hacia dentro como fuera de las instituciones. En este caso, por el bien del país, no podemos sino desear que todo resulte como el mejor de los escenarios lo plantea, no obstante, siempre observando que la solución no cause mayores costos que beneficios a la sociedad en su conjunto.

El autor tiene doctorado en Economía en la Universidad de Chicago. Es Profesor-Investigador de la Facultad de Economía de la UANL y miembro del SNI-CONACYT Nivel 1.

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