Carmelo Cattafi: La insoportable levedad de la lucha contra la corrupción

Esta vez no se trata de percepción. Los casos de corrupción han aumentado de manera proporcional al progresar de la pandemia justo cuando se necesita un mejor manejo de los recursos y más solidaridad y empatía con la población. En los últimos meses hemos asistido entre otros, a escándalos de compras de equipos médicos inservibles, mascarillas poco saludables, medicamentos falsos, sobornos en compras que van desde bolsas de cadáveres a respiradores artificiales, documentación falsificada, fraude en resultados de laboratorio, sobrecostos injustificados, especulaciones.

Lamentablemente la lucha anticorrupción conlleva tres obstáculos insoportables: una falla de origen, debida a la desconfianza para denunciar; una sistémica, debida a procesos capturados que favorecen la impunidad; y otra social, debida a la aceptación de la corrupción como norma de interacción normal con el gobierno.

La arquitectura de la gobernanza anticorrupción ha demostrado su levedad en particular en el sector salud, sin embargo, proliferen los buenos propósitos como, por ejemplo, la reciente creación por parte de la ONU del Observatorio Regional para transparentar los precios de medicamentos contra el Covid-19 para América Latina.

El 2 de junio 2020 el Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos publicó una guía de acción política para enfrentar la pandemia del Covid-19 bajo principios democráticos donde subrayó ciertas medidas anticorrupción: promover la transparencia, la probidad y la responsabilidad de las administraciones públicas como principios de garantía democrática; fortalecer las medidas para la detección y la reducción de la corrupción dentro de las gestiones administrativas de los estados; contribuir a la construcción de una cultura de rendición de cuentas. También en junio, la Open Government Partnership publicó la Guía de Gobierno Abierto y Coronavirus: respuesta abierta, recuperación abierta, que incluye las mejores prácticas confirmando que la transparencia resulta fundamental para reducir el malgasto de recursos públicos sobre todo durante las adquisiciones públicas de emergencia que normalmente implican altos montos y opacidad.

El artículo 27 del recién nacido T-MEC es poco innovador en tema anticorrupción y compromete a las partes a adoptar las medidas que sean necesarias de conformidad con sus leyes y regulaciones.

A nivel nacional la proclamada lucha contra la corrupción parece mudar de jinete sin cambiar de rumbo, su común denominador sigue la regla de hacer coincidir las acusaciones con la inocencia de los imputados. Por lo mismo, el Sistema Nacional Anticorrupción, disfrazado de antídoto y nutrido de un decente fundamento jurídico, destaca por su ineficiencia. Hace unas semanas la Secretaría de la Función Pública buscó un remedio paralelo al Sistema Nacional Anticorrupción creando el Comité Técnico Especializado de Información sobre Corrupción.

Sin confundir lucha anticorrupción con austeridad, a nivel local el desempeño de los Sistemas Estatales Anticorrupción está lejos de lo esperado. No importa cómo se defina, la corrupción duele, por esto en Nuevo León se lanzó a final de junio, el Observatorio Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León. Se trata de un esfuerzo para exigir el derecho al buen gobierno e incentivar la participación de las personas en lo público emitiendo recomendaciones con un enfoque de derechos humanos en el análisis del funcionamiento de los órganos y de la política local anticorrupción.

Es importante generar canales de interacción y poder contar con mecanismos de denuncias y protección a denunciantes que generen confianza en las instituciones. Tal vez deberíamos empezar con la Prioridad 40, la última de la lista de la Política Nacional Anticorrupción aprobada en enero de 2020: colaborar con el Sistema Educativo Nacional en materia de formación cívica, ética, integridad y derechos humanos.

El autor es Doctor en Ciencias Sociales, miembro del SNI-Conacyt, especialista en Derecho Internacional, Política Internacional y Participación Ciudadana. Profesor del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.

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