Carmelo Cattafi: : Ese día internacional contra la banalidad de la corrupción

La corrupción va más allá del abuso de poder público para beneficio personal; las acciones u omisiones que proceden de las actuaciones en las familias son semillas de este complejo fenómeno multifactorial que siempre más invade al sector privado ya acostumbrado a buscar como "facilitar" su gestión a través de sobornos.

El pasado 9 de diciembre, día internacional contra la corrupción, el Secretario General de la ONU, António Guterres declaró que la corrupción representa la máxima traición a la confianza pública. Ese mismo día del 2003, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 57/169 que abrió a la firma la Convención de la ONU contra la Corrupción. La paradoja es que la sede donde se engendró este proyecto fue México. En Mérida se forjó el propósito de promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir la corrupción, apoyando la cooperación y asistencia técnica internacional.

Como actividad conmemorativa este año, dedicado a la recuperación con integridad, en la óptica de la vulnerabilidad de las finanzas públicas durante la pandemia, el INEGI destacó en su comunicado, que el porcentaje de víctimas de actos de corrupción en México en 2019 alcanzó el 16 por ciento de la población, remarcando como impere la cultura destructiva de la impunidad. El gasto promedio por persona afectada se determinó en tres mil 822 pesos, siendo más susceptibles a los actos de corrupción aquellos vinculados con trámites ante autoridades de seguridad pública, para la gestión de la propiedad o ante Ministerio Público.

La enorme diferencia entre lo que se sabe acerca de la corrupción, lo que se denuncia y lo que llega a condena definitiva depende de la costumbre de no denunciar, pero también de la perversión del sistema jurídico que favorece el retraso de los trámites con la parte formal que privilegia detalles irrelevantes de la ley olvidando a menudo la real función del amparo, ahora utilizado más para bloquear los procesos que para defender garantías.

Es cierto que si hoy nos parece que aumentó el debate acerca de la corrupción es porque afortunadamente existen más herramientas para el acceso a la información. Soborno, apropiación de bienes públicos, extorsión en las licitaciones o tráfico de influencias que desvirtúa el sentido de la meritocracia, han proliferado impunemente y con una banalidad tal, que podemos relacionarla con la cuestionada obra de Hannah Arendt que nos haría ver en quienes favorecen la corrupción, la inconsciente actuación de autómatas que no se dan cuenta que sus actos no son solo inmorales sino criminales. En estos términos, poner atención a la banalidad de la corrupción sería trabajar para castigar a quienes no se sienten responsables de su obrar como técnicos de la inmoralidad.

Los arquitectos de la corrupción necesitan de la banalidad de los ignavos, colaboradores anónimos, que Dante Alighieri repudiaba más que otros y los dejó en la puerta rechazados por el mismo infierno, no por ineptos, sino, por su vida ociosa sin infamia ni aplauso, quienes con su cobardía no son nada más que marionetas banales, inconscientes del daño que causan.

Los sistemas Estatales Anticorrupción no han gozado de la suerte de la voluntad de coordinar a sus integrantes que parecen beneficiar de una burbuja protectora. En Nuevo León, por ejemplo, los obstáculos a la rendición de cuentas, la perpetua solicitud de reservar información, el rehusarse a auditar las cuentas públicas, generan pocas acusaciones y de esas, menos del 5% llegan a una condena definitiva, y, claro, ninguna ejemplar. El tener órganos prometedores como el Comité de Participación Ciudadana o el Comité de Selección más que solventar el déficit democrático generó déficit de confianza. La verdadera vacuna contra la banalidad del Sistema Anticorrupción sería que cada persona se comprometa con volver a su hogar y poder mirar los ojos a sus seres queridos segura y orgullosa de haber actuado para el bien de los demás.

El autor es Doctor en Ciencias Sociales, miembro del SNI-Conacyt, especialista en Derecho Internacional, Política Internacional y Participación Ciudadana. Profesor del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.

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