Carmelo Cattafi: El combate a la corrupción, una aspiración universal desde lo local
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Carmelo Cattafi: El combate a la corrupción, una aspiración universal desde lo local

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Carmelo Cattafi: El combate a la corrupción, una aspiración universal desde lo local

bulletEn la Agenda 2030 se incluyó el objetivo 16, de paz, justicia e instituciones sólidas para avanzar con este tema.

Opinión MTY Ventana al mundo Carmelo Cattafi
17/01/2020
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Carmelo Cattafi
Carmelo CattafiCortesía

La corrupción, antítesis del estado de derecho, nace como problema local para convertirse en un fenómeno transnacional, generalizado y no exclusivo de ciertos estados. Al poner en riesgo el funcionamiento de las instituciones democráticas por causar daños a la sociedad con efectos devastadores para el desarrollo social y el derecho al buen gobierno, la corrupción se convierte en una violación a los derechos humanos individuales y colectivos.

Con el objetivo de fortalecer la prevención y erradicación de este flagelo, en diciembre de 2003, en Mérida, se abrió a la firma la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Este marco de cooperación internacional se sumó a instrumentos multilaterales como la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos de 1996, el convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción del Consejo de la Unión Europea de 1997, el convenio sobre la lucha contra el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos de 1997, la Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la corrupción de 2003 y la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional del mismo año.

En esta misma dirección y aprovechando las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza, se creó en 2011 la Alianza para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral a la cual ya se han sumado cerca de 80 países, que hizo más contundente la cooperación entre estados, empresas privadas y sociedad civil.

Además, en la Agenda 2030 se incluyó el objetivo 16, de paz, justicia e instituciones sólidas para reducir la corrupción y el soborno. México, para cumplir con sus compromisos internacionales, integró un Comité Coordinador, conformado por la Secretaría de la Función Pública, el INAI y el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil, que está trabajando en la construcción del cuarto Plan de Acción Nacional.

Entendiendo que el éxito de los esfuerzos para el combate a la corrupción es directamente proporcional a la fortaleza de la participación ciudadana, en el estado de Nuevo León, desde el 2016, se empezó un ejercicio de concreción de acciones que conjugan transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación. Lo anterior junto con la implementación de un Sistema Estatal Anticorrupción eficaz, representaría un modelo ideal a seguir si estuvieran las personas correctas en el lugar adecuado. El marco legislativo parece estar listo, pero como justamente afirma la Coalición Anticorrupción de Nuevo León, la inacción, omisión y falta de voluntad política alimentan la corrupción. Así las instituciones evidentemente inmaduras, se muestran incapaces de recuperar la confianza de la ciudadanía e insisten en poner obstáculos a su empoderamiento.

Lamentablemente la corrupción, capaz de adaptarse a cada ofensiva y estrategias para su combate, está inhabilitando las instituciones y acabando sistemáticamente con la democracia. Infiltrados que persiguen intereses personales o de grupos políticos se mimetizan y se disfrazan de dignos representantes de la sociedad civil en puestos clave al interior de los sistemas de garantía y control. Ojalá funcionen las cláusulas de combate a la corrupción que se incluyen en los instrumentos de nueva generación y se cree una Corte Internacional Anticorrupción ya que paradójicamente parece que la lucha anticorrupción funciona mejor desde afuera del territorio nacional.

El autor es Doctor en Ciencias Sociales, miembro del SNI-Conacyt, especialista en Derecho Internacional, Política Internacional y Participación Ciudadana. Profesor del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.