Austeridad sí, pero que sea constitucional y eficiente

En lugar de fijarte en los ahorros que generas, te sugiero que te concentres en cómo harás más dinero, cómo lo vas a gastar y cómo será tu vida de ahora en adelante, eso es lo que hago yo. -Bobby Axelrod

Durante los últimos sexenios se ha generalizado un reclamo recurrente por parte de la sociedad civil en cuanto al derroche del gasto y la corrupción que existe en las entidades de la Administración Pública Federal.

El llamado gobierno de la 4T impulsó y ha canalizado este reclamo al proponer una reforma legal que da origen a la Ley Federal de Austeridad Republicana.

Así, el pasado 2 de julio, el Senado de la República aprobó esta Ley de Austeridad y otras reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y a Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

A continuación, se destacan los principales elementos de esta reforma:

a).- Aplicación de medidas de austeridad en el uso del gasto de recursos federales;

b).- Prohíbe las pensiones de retiro a titulares del Ejecutivo Federal;

c).- Prohíbe el aumento de plazas durante el ejercicio fiscal que corresponda, y limita la contratación de personal y de servicios;

d).- Solo los servidores públicos que tengan alta responsabilidad en materia de seguridad podrán gozar de servicios de escolta y blindaje;

e).- Prohíbe la compra o contratación de vehículos oficiales, seguros de ahorro, aeronaves y gastos o remodelación de oficinas;

f).- Limita el aumento de gastos en materia de propaganda oficial.

g).- Prohíbe la constitución de fondos, fideicomisos o contratos análogos que evadan las reglas de disciplina.

La hipótesis de esta Ley es que con dichas medidas de "austeridad" se generarán mayores ahorros y que estos ahorros contribuirán al desarrollo social y económico del país. Sin embargo, su contenido y alcance presenta una problemática doble: la inconstitucionalidad de su contenido y la falta de eficiencia económica en su aplicación.

Primer problema. Se identifican tres inconstitucionalidades:

1. Libertad de trabajo. Se establece que los servidores públicos no podrán ocupar puestos en el sector privado en el caso de que cuenten con información de empresas que hayan supervisado o regulado hasta transcurridos 10 años. Con esto se configura una violación a la libertad de trabajo establecida en la Constitución, en su Artículo 5, el cual señala que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la actividad que prefiera, siendo lícita y que el ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial.

2. Partida secreta. Con los ahorros que se generen a partir de la aplicación de esta Ley, se busca que exista discrecionalidad del destino del gasto por decreto del titular del Poder Ejecutivo Federal. Lo anterior violenta el artículo 74 de la Constitución, ya que la aprobación anual del Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.

3. Órganos constitucionalmente autónomos. Se establece que esta austeridad alcance también a órganos como derechos humanos, INE, Banco de México, INEGI, tribunales electorales, INAI, entre otros. No obstante, es vital que este tipo de instituciones cuenten con autonomía e independencia funcional y financiera, pues de otra manera su operación y objetivos se verán condicionados.

Segundo problema. En cuanto al desarrollo social y económico que se busca con la aplicación de esta Ley, es necesario tener claro que los recortes y ahorros que se promueven no son el único camino para lograr crecimiento esperado. Pese a la austeridad que ya se aplica, la economía mexicana ha crecido sólo un 0.1 por ciento (INEGI); nuestro país está entrando a una etapa de recesión o, por lo menos como lo ha dicho el Secretario de Hacienda, en una desaceleración.

Para la ejecución de un plan de austeridad es necesario establecer mecanismos de supervisión, de transparencia y rendición de cuentas, disminuyendo en todo momento la posibilidad de hacer mal uso de los recursos ahorrados.

Por lo tanto, las soluciones no surgen a partir del ahorro, sino del control y destino del gasto. Además, más allá de concentrarse en los recortes, lo que se necesita es atraer inversión para el país, fortalecer el mercado interno, crear mayores fuentes de empleos y, por supuesto, hacer todo esto en un marco de legalidad y constitucionalidad.

El autor es profesor del Departamento de Derecho del ITESM, Campus Monterrey y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt.

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