Ánimo regio y participativo
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Ánimo regio y participativo

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Ánimo regio y participativo

Lo que en un estado se considera consulta ciudadana, en otro es un plebiscito y en un tercero podría no estar regulado.

Opinión MTY La Propia Política Sara Lozano
03/04/2019
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La Propia Política Sara Lozano
La Propia Política Sara Lozano Fuente: Cortesía

Entre más estudio este tema de las herramientas de participación ciudadana, más creo que necesitan pocas reglas y mucha más voluntad política si, como dice el discurso público, lo que se busca es que sean más accesibles y más baratas. Hay más de 300 mecanismos identificados por el

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), muchos se sobreponen, se traslapan, se duplican. Lo que en un estado se considera consulta ciudadana, en otro es un plebiscito y en un tercero podría no estar regulado.

La historia en Nuevo León viene cargada de obstáculos ¿Sabía o recuerda que durante el gobierno de Fernando Canales Clariond se aprobó una Ley de Consulta Popular muy interesante por el diseño del mecanismo y su aplicación? Pero resulta que después de ser aprobada por el Congreso en 1999, el gobernador no la publicó por errores -de forma- en la técnica legislativa. Y murió sin salir a la luz, regresó al Congreso y este la desechó sin más.

El siglo XXI trajo de un lado para otro a activistas de la sociedad civil quienes buscaban una Ley de Participación Ciudadana (LPC). En 2002, un grupo de ciudadanos presenta una iniciativa a la que se fueron sumando una y otra y otra iniciativa, y todas se congelaban.

Hasta 2016 por fin se aprueba una LPC, se convocó a mesas de trabajo, foros y se integraron las inquietudes de una buena parte de las organizaciones de la sociedad civil que la venían empujando. No salió perfecta, pero era indispensable aprobarla por mandato federal. Triste pero cierto, tenía que publicarse, por órdenes federales, antes de la elección de 2018.

Y ya aquí hemos advertido lo inequitativa que es esta legislación para la ciudadanía. Impone requisitos de participación en urnas y de aprobación que no les pide a los partidos políticos, todo un tema por explorar. Obliga a recolectar cantidades de firmas superiores a las que se le pide a una agrupación política que quiere convertirse en partido político. De cubrir todos los requisitos, no hay certeza de hacer cumplir a la autoridad responsable, en el camino hay muchos baches que puede mandar al traste esa iniciativa ciudadana.

En 2019 aún no se resuelve la legislación secundaria, esto es, cómo operan estas formas de participación ciudadana, qué derechos y obligaciones conllevan también para las autoridades involucradas. Cruda realidad la voluntad política de las últimas dos décadas, pero quizá haya una buena noticia, podrían diseñarse formas más baratas y efectivas para su implementación.

Y no ceja el ánimo regio participativo. La buena noticia es que hay cuatro solicitudes de consulta popular a nivel estado. Aun les falta para salir a la luz, reunir la cantidad de firmas, su verificación y la validación de la pregunta en el Tribunal Superior de Justicia del estado. A ver qué historia nos trae este año con las voluntades políticas y las Consultas Populares.

La autora es Consejera Electoral en el estado de Nuevo León y promotora del cambio cultural a través de la Educación Cívica y la Participación Ciudadana.

Opine usted: saralozanoala@gmail.com

Twitter: @saraloal

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.