De acuerdo con un informe reciente de UNICEF, el número de infantes con discapacidad en América Latina y el Caribe es cercano a los 19.1 millones, mientras que a nivel global alcanza casi 240 millones.
Las niñas y niños con discapacidad se encuentran entre las personas más marginadas y discriminadas, con una probabilidad desproporcionadamente alta de vivir en la pobreza. Esta discriminación también afecta a sus familias, creando un círculo vicioso de exclusión que es necesario abordar.
Diversos estudios indican que las familias participan en prácticas de consumo colectivo para construir su identidad familiar –valorando especialmente las experiencias de ocio compartidas que permiten una interacción significativa– y son cruciales para el buen funcionamiento entre sus integrantes. Por ello, decidir quiénes consumirán en conjunto en una familia es fundamental pero complejo, debido a las diferencias en intereses y necesidades de las personas que la conforman.
Esta situación es bastante común, especialmente en el consumo rutinario. Sin embargo, las actividades de consumo con un significado profundo presentan un desafío mayor, especialmente cuando existen infantes con discapacidad en la familia.
Si la discapacidad es cognitiva y la dificultad de participar en la actividad es alta, la motivación para excluir a esa o ese integrante también será alta. No obstante, la inclusión o exclusión de la o el infante con discapacidad se convierte en una decisión que a menudo resulta en la autoestigmatización de la progenitora y progenitor.
Las vacaciones familiares se han asociado con contribuciones positivas a la identidad y unión familiar, fortaleciendo el vínculo, proporcionando tiempo de calidad en familia y promoviendo el bienestar. Las familias que tienen niñas y niños con discapacidad o alguna condición médica crónica también buscan estas experiencias y consideran que son esenciales para lograr un sentido de normalidad e inclusión en la sociedad.
Sin embargo, el mercado turístico está diseñado, principalmente, para las familias convencionales y a menudo es ajeno a las experiencias de consumo y a las necesidades específicas de las familias con un miembro con discapacidad.
La falta de conocimiento y comprensión sobre los derechos y necesidades de las personas con discapacidad, junto con la escasa capacitación y experiencia en este tema por parte de las empresas turísticas, el gobierno y otros turistas, genera barreras físicas, actitudinales e informativas.
Estas barreras obstaculizan el acceso equitativo y la plena participación de los niños y niñas con discapacidad y sus familias en actividades culturales, recreativas y de consumo, especialmente al viajar fuera de su entorno habitual. Esta situación representa una vulneración de sus derechos y de su dignidad.
Morton y Vázquez-Maguirre (2024) proponen un marco para abordar posibles violaciones a la dignidad en las experiencias turísticas de familias con niñas o niños con discapacidad.
En su modelo, la dignidad se establece como un principio central que requiere de un trato respetuoso hacia la diversidad y la superación de la discriminación. Sugieren que la teoría de grupos de interés (stakeholders) puede servir de base para la cooperación y colaboración, garantizando así la restauración, protección y promoción de la dignidad a través de experiencias turísticas inclusivas y respetuosas.
Este marco analiza las responsabilidades de cuatro grupos de interés (proveedores de servicios, gobierno, otros turistas y las familias de niños con discapacidad) para reducir las barreras infraestructurales, actitudinales e informativas que enfrentan los niños y niñas con discapacidad y sus familias en el turismo.
Abordar esta corresponsabilidad es urgente en un sentido práctico, ya que solo a través del compromiso conjunto y la acción coordinada podremos avanzar hacia un futuro donde la diversidad sea celebrada y donde todas las personas puedan disfrutar plenamente de sus derechos con dignidad.
La autora es actualmente es profesora investigadora de Mercadotecnia de la Escuela de Negocios de la UDEM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT y de la sociedad de honor Beta Gamma Sigma.