Como se anticipaba en esta columna al inicio de este año, el presidente Andrés López envió al Congreso una serie de iniciativas de reforma con las que pretende consolidar su proyecto de gobierno rumbo al cierre de su administración. Entre las múltiples reformas, destaca una que no es difícil de imaginar en el contexto de las próximas elecciones: un cambio en el sistema de pensiones.
La reforma al sistema de pensiones se da en un contexto en el cual diversos expertos han destacado que el ahorro generado por parte de quienes cotizan en las Afores resulta insuficiente para garantizar un flujo de recursos que les permitan suavizar la transición entre ser trabajador y pensionado, y garantizar un nivel de vida estable ya no digamos próspero en esa nueva etapa de su vida. Cabe señalar que este fenómeno no es exclusivo de México, pero que en el caso de nuestro país el tema posee como agravante el hecho de que un porcentaje muy alto de la fuerza laboral se encuentra concentrado en el sector informal donde no existe un ahorro formal para el retiro.
Probablemente uno de los temas más importantes que debemos destacar es el manejo informativo-político que se ha dado al contenido de la propuesta de reforma al sistema de pensiones, ya que la aparente garantía de pensionarse con el último sueldo completo no es universal, sino únicamente para trabajadores que ganan hasta 16,777.68 pesos al mes, ingreso que equivale al salario mensual promedio del 2023.
Empezando por este punto, el giro político con el que se maneja la reforma para buscar su apoyo público, en realidad oculta un peligro potencial de regresar la administración de los fondos, ahora en forma de regulación a las Afores, a manos del gobierno federal, para luego continuar gradualmente adquiriendo control sobre dichos fondos.
Uno de los argumentos principales en contra de que un gobierno administre los fondos de las pensiones es la percepción generalizada de la ineficiencia burocrática. Bajo esta óptica, las instituciones gubernamentales tienden a ser más lentas y menos eficientes en comparación con el sector privado por la naturaleza de la toma de decisiones hacia dentro de dichas instituciones. La gestión de las pensiones requiere una atención constante y la capacidad de adaptarse rápidamente a cambios económicos y demográficos, algo que algunos críticos creen que los gobiernos no pueden hacer de manera eficiente.
Por otra parte, cuando un gobierno tiene el monopolio en la administración de las pensiones, puede haber una falta de incentivos para la innovación y la mejora continua en dicho mercado. En un sistema privado, las Afores compiten por ofrecer los mejores servicios y rendimientos a los afiliados, lo que puede llevar a una mayor eficiencia y mejores resultados para los pensionados. Eliminar los incentivos a la competencia, reduce la capacidad para adaptarse a las necesidades cambiantes de una sociedad.
Así también, la administración gubernamental de las pensiones induce a mayores riesgos económicos y financieros asociados con la intervención estatal. En particular, el gobierno puede ser susceptibles a presiones políticas induciendo a que las decisiones relacionadas con las pensiones a menudo den prioridad a consideraciones políticas de corto plazo en lugar de tener una visión a largo plazo y financiera. Además, la experiencia internacional nos ha mostrado cómo las crisis económicas pueden afectar negativamente a los fondos de pensiones gestionados por el gobierno, poniéndolos en grave riesgo de bancarrota.
Otro argumento en contra de regresar la administración del sistema de pensiones al gobierno se refiere a favorecer el empoderamiento individual. La gestión privada de las pensiones permite a los individuos elegir entre diferentes opciones de inversión y proveedores de servicios les otorga un mayor control sobre su futuro financiero. En otras palabras, empoderamiento es brindar la oportunidad a cada persona de hacerse responsable de su futuro, desvinculándolo de los ciclos políticos del gobierno en turno.
Finalmente, la tentación política de ampliar gradualmente el control sobre la principal fuente de ahorro del país pone en riesgo no solo la estabilidad de las finanzas públicas, sino también de todo el sistema financiero del país. Combinar las presiones en el balance público por los compromisos de gasto público con el acceso a recursos y liquidez a través de los fondos privados de ahorro para retiro es un riesgo que se debe evitar.
La promesa de una mejor pensión es sumamente atractiva para una población que ve su ingreso no solo limitado por la falta de crecimiento en opciones laborales o incrementos salariales, sino también ante la merma que genera en sus ingresos el fenómeno inflacionario. Sin embargo, si bien es necesario replantear los incentivos privados al ahorro para el retiro, regresar la administración a manos del gobierno federal no es una solución ya que, parafraseando a Milton Friedman, las buenas intenciones que se argumentan para la reforma no son garantía de políticas públicas efectivas y eficientes.