Monterrey

Rafael Velázquez: Derechos humanos y crisis migratoria en la frontera

Los gobiernos no tienen los recursos suficientes para atender las necesidades de los migrantes.

El próximo 10 de diciembre se cumplen 75 años de la aprobación de la Declaración Universal Derechos Humanos por parte de la Organización de las Naciones Unidas. En esa ocasión, México desempeñó un papel significativo para que la carta de la ONU incluyera la promoción de los derechos humanos.

En otras palabras, el país se convirtió en un actor clave para la defensa de esas garantías a escala global. Sin embargo, en los hechos, el gobierno mexicano ha tenido limitaciones en esta práctica y, de cierta forma, ha sido incongruente con esa posición. En la esfera interna, han existido casos de violación abierta a los derechos humanos de los mexicanos.

Los casos más emblemáticos fueron la matanza de Tlatelolco en 1968, la guerra sucia en los años setenta, la represión a ciertos sectores laborales, la desaparición de personas, el jueves de Corpus Christi de 1971, el caso de Ayotzinapa en 2014, entre otros más a los que se suman los de la actual administración de la 4T.

Para los gobiernos priistas, la agenda de la promoción de los derechos humanos no fue una prioridad de política exterior. A pesar del impulso al tema en los años cuarenta, la preferencia del PRI era no criticar a otros países para no ser señalado internamente escudándose en los principios tradicionales de política exterior.

No obstante, cuando México modificó su modelo de desarrollo económico hubo ligeros avances en la materia. Por ejemplo, Salinas de Gortari fundó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Ernesto Zedillo aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, esos cambios estaban vinculados a la apertura comercial de ese entonces.

Los países, con quien México estaba negociando tratados de libre comercio, exigían un mayor compromiso con las garantías individuales. Cuando vino la alternancia política, los gobiernos panistas promovieron los derechos humanos a escala global, incluso hemos de recordar la reforma constitucional presentada por Felipe Calderon para incorporar la protección y defensa de los derechos humanos en distintos artículos y hacer de estos un principio más de la política exterior particularmente en el artículo 89 fracción X. No obstante, esta labor causó algunas crisis diplomáticas, como fue el caso con Cuba y Venezuela.

Hoy día, el tema de los derechos humanos es de alta relevancia para la política nacional. Sin embargo, en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador ha surgido un nuevo tipo de crisis humanitaria. Desde inicios de su administración, México está experimentando una crisis de derechos humanos en diversos ámbitos destacando la de los flujos migratorios que atraviesan el país para llegar a Estados Unidos.

Luego de una amenaza de Donald Trump de aumentar los aranceles, López Obrador decidió enviar a la Guardia Nacional para contener a las caravanas de centroamericanos, a pesar de que esa medida violaba una promesa hecha en campaña de respetar los derechos humanos de los migrantes. Ya hubo situaciones que se han salido de control, como el incendio en Ciudad Juárez que cobró la vida de 40 detenidos en un alberge del Instituto Nacional de Migración en marzo del 2023. Como ha sido palpable, las condiciones de las personas migrantes en México han sido paupérrimas. Muchos viven en albergues improvisados esperando cruzar a Estados Unidos y, en muchas ocasiones, no tienen acceso a servicios básicos.

También es común que la policía o los agentes de migración los extorsionen o violen sus derechos humanos en el cruce por el país. Incluso los narcotraficantes tratan de integrarlos a sus filas o los asesinan. También hay evidencia de que recorren el país en condiciones denigrantes. En muchas ocasiones, niños y adultos sufren el traslado en camiones bajo condiciones pésimas.

Las fronteras de los estados del norte de México sufren con mayor énfasis esta situación. Los gobiernos no tienen los recursos suficientes para atender las necesidades de los migrantes. El apoyo que ofrece la sociedad civil es insuficiente.

Por ello, es necesario que los tres niveles de gobierno y la sociedad establezcan medidas de coordinación para atender esta problemática. Ningún Estado está cumpliendo su función básica si no atiende este fenómeno que aumenta día a día. Por razones de deterioro económico y violencia en los países de origen, la migración será un proceso creciente a corto y mediano plazo. Es ineludible tomar consciencia de esta realidad y establecer mecanismos de gobernanza para paliar el problema. La prioridad deberá ser la protección de los derechos humanos de estos grupos vulnerables.

El autor es profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Es doctor en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es presidente del Centro de Enseñanza y Análisis sobre la Política Exterior de México (CESPEM).

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