El muy adelantado, e ilegal con todas sus letras, inicio del proceso electoral rumbo al comicio federal que habrá de celebrarse el próximo año con el fin de elegir el (¿o la?) presidente del país dará también inicio al periodo de auge en el gasto público durante el ciclo político: uno donde la expansión en el gasto social estará muy por encima al observado el resto del sexenio, y si continúa con la actual tendencia, uno cuya opacidad y rendición de cuentas quedarán también pendientes.
Durante todo lo que va de este quinquenio administrativo federal, la opacidad en la rendición de cuentas sobre el gasto público destinado a proyectos sociales o de inversión, así como en el seguimiento a la normatividad, el diseño, monitoreo, y evaluación de impacto de los programas sociales, fueron el desafortunado “sello de la casa” de la amplia gama de programas sociales implementados desde el gobierno federal.
Programas federales como “Jovenes Construyendo el Futuro”, las “Becas para el Bienestar Benito Juárez”, así como “Sembrando Vida” y las “Pensiones a Adultos Mayores” se distinguieron más por ser ideas con buenas intenciones (en el mejor de los casos) que por ser programas que buscaran eliminar de raíz la pobreza en que, irremediablemente, terminarán millones de mexicanos que reciben estos apoyos si se les llegara a retirar dicho sustento.
Pero, ¿por qué motivo habría de privarse a estas personas del apoyo que tanto requieren y que, en muchos casos, ahora es obligatorio por ley? Por una sencilla razón: los recursos del gobierno son finitos, y a menos que se acelere el cobro de impuestos, la emisión de deuda pública (que por cierto, ha alcanzado nuevos niveles históricos de costo por financiamiento), o se reduzca más el paupérrimo recurso destinado a otros gastos también necesarios, estos programas carecen de autogestión financiera que les permita seguir operando sostenidamente.
Entrando un poco en el peligroso mundo del “deber ser” (uno del que prometo salir en las próximas líneas), el objetivo fundamental del gobierno no debería ser el de jugar un papel como eterno proveedor de caridad en forma de asistencia social, sino el de proveer mecanismos genuinos que permitan a los individuos alcanzar todo su potencial de manera independiente, liberándoles permanentemente del yugo de la pobreza y la vulnerabilidad.
Durante la década de los 90, y gran parte de los 2000, México se distinguió por ser un país de avanzada a nivel mundial en el diseño de programas sociales destinado a erradicar la pobreza de raíz: proveyendo inventivos en la inversión del capital humano. PROGRESA, OPORTUNIDADES y PROSPERA fueron programas sexenales cuyo fundamento era el utilizar recursos públicos de manera eficiente, facilitando la adquisición de salud, educación, información, y prevención, en hogares vulnerables utilizando a la figura femenina como eje de construcción de tejido social y nueva riqueza.
Muchas críticas podrían hacerse a estos programas, pero un hecho fue cierto: la evidencia era fundamentalmente positiva en torno a los efectos que tuvieron en su población objetivo.
Este aprendizaje será fundamental para que en un futuro sirva como eje de construcción de nuevos programas sociales que se alejen del asistencialismo simplón que se limita a “dar dinero” en forma de transferencias, a uno que considere el complejo telar social e institucional en donde los mercados son insuficientes para resolver problemas fundamentales como la desigualdad de oportunidades. Aunque ese futuro se ve lejano, estemos preparados pues se requerirá de la participación todos el reconstruir las instituciones sociales necesarias para el correcto operar del país, con transparencia, apertura, objetivos apartidistas, y una visión más allá de la siguientes elecciones.