La inflación en México sigue su tendencia alcista, muy por encima de los objetivos de política del Banco de México. La incertidumbre internacional derivada del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la inflación observada en Estados Unidos, el incremento en las tasas de interés internacionales y su consecuente ajuste local en las tasas de interés de referencia por parte del Banco de México, todo lo anterior en conjunto con la pandemia por COVID-19 y las expectativas de una recesión mundial, forman lo elementos de la tormenta perfecta para continuar con esta tendencia alcista.
A pesar de las medidas preventivas por parte de las autoridades financieras comandadas por Victoria Rodríguez, la inflación registró un nuevo repunte con golpe de autoridad para mostrarse allí, en donde a todos los ciudadanos nos afecta: el poder adquisitivo de nuestro ingreso, particularmente sobre los productos de la canasta de consumo básico.
El pasado miércoles, el INEGI reportó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) mostró un crecimiento de 7.99 por ciento en su tasa anual a junio, y rebasando los objetivos inflacionarios de Banco de México de 3 por ciento más (menos) 1 por ciento por octava vez consecutiva. Sin embargo, lo alarmante es que este fenómeno es mucho más severo en algunos de los productos básicos de la canasta básica de los hogares mexicanos como lo son el pollo, el pan, la tortilla, y el huevo.
En particular, la inflación medida por el INPC, ha pasado de 7.65% en mayo a 7.99% en junio. Dentro de ella, la de alimentos es particularmente alta y creciente, pues han incrementado su inflación de 11.27% a 11.84% en el mismo lapso. Entre los bienes y servicios cuyos precios tuvieron mayor incidencia en la inflación destacan los alimentos procesados y no procesados con un alza anual de 13.42%, su mayor tasa desde agosto de 1999. A su interior destacan los casos de los aceites y grasas vegetales comestibles con un aumento anual de 33.26%; harinas de trigo, 28.61%; pan blanco, 24.96%; tortilla de harina de trigo, 18.35%, así como los pastelillos y pan dulce empaquetado, 16.77%, lo anterior como resultado del alza internacional del precio del trigo debido al conflicto en Europa del este. Entre las frutas y verduras, se encuentran los aumentos de productos como la naranja con un alza anual de junio de 24.71%; sandía, 23.4%; chayote, 18.83%; piña, 15.73%; y chile seco, 13.71%. De los bienes pecuarios, destaca el huevo con un aumento de 23.96%; pollo, 17.52%; carne de res, 15.36%; y pescado, 14.29%.
México es el tercer país de la región de América Latina y el Caribe con una de las mayores inflaciones en los precios de los alimentos y bebidas, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Con datos de marzo de este año, en México los alimentos y bebidas se encarecieron 12.1% a tasa anual, lo cual lo ubicó en la tercera posición, sólo superado por la inflación de 16.2% en Paraguay, y de 23.5% en Colombia. Al respecto, de acuerdo con el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, la inflación provocará que 38.7 millones de personas, que ganan entre uno y dos salarios mínimos, no alcancen a cubrir el mínimo de la canasta básica. En la misma línea “México Cómo Vamos” informó que el 38.8 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza laboral, es decir, que los ingresos no alcanzan para alimentar a toda la familia.
El estudio de los efectos en bienestar que tiene esta variable sobre la población puede resumirse en términos del “impuesto inflacionario”. Este gravamen es derivado indirectamente a través de la pérdida en el poder adquisitivo del dinero en manos de las personas, y es una tributación a la cual nadie escapa, y sólo quienes tienen acceso a medios financieros pueden protegerse. Entre más alto es el porcentaje de ingreso que una familia destina a poseer dinero en forma líquida, mayor deterioro presenta su poder adquisitivo ante la inflación.
Así, son las familias de menores estratos de riqueza quienes destinan una mayor proporción de su ingreso a dinero en su forma más líquida, haciendo de éste grupo el más vulnerable al impuesto inflacionario. En otras palabras, la inflación es un “impuesto regresivo” que afecta a todos los ciudadanos, pero su capacidad de mermar poder adquisitivo es percibida en mayor medida por los grupos de menor ingreso, siendo este efecto mayor cuando el incremento en precios se trata de alimentos y productos básicos.
Desafortunadamente, la potencial reducción de precios en alimentos depende de factores fuera del control de las autoridades. Los precios de los alimentos pueden seguir al alza por meses por factores como un aumento en su demanda debido al crecimiento post-COVID pese a los temores de una recesión mundial, malas cosechas en grandes países productores, el recrudecimiento de la guerra en Ucrania, los cuellos de botella en el transporte internacional de mercancías, o los cierres de cadenas de suministros debidas a repuntes en el COVID-19.
De esta forma, la regresividad de la inflación, los ingresos mermados de miles de familias, y la fragilidad de los empleos creados en esta incompleta recuperación económica por la pandemia de COVID-19, sumados a los enormes costos de largo plazo que el incremento de la inflación podría tener por sus componentes de persistencia y de expectativas, demuestran la importancia de mantener la autonomía del Banco de México. Es fundamental contar con un banco central alejado de objetivos políticos o partidistas, pero también con la capacidad de instrumentar nuevas herramientas de control inflacionario, particularmente cuando ésta última se fundamenta en el incremento de los costos de insumos y expectativas, y no en presiones de demanda y consumo.
El autor es Doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Autor de diversos libros y artículos académicos. Ha recibido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales por su trabajo académico y de investigación. Actualmente es Profesor-Investigador de la Facultad de Economía UANL. Web: www.jorgeomoreno.org.