La crisis de agua que enfrenta Nuevo León nos ha dejado escenas cargadas de debate público y dilemas éticos. Por un lado, camionetas lujosas cargando tinacos inmensos, personas en supermercados comprando 24, 48, o 100 botellas de agua (el plástico de un solo uso y el daño ambiental tienden a ignorarse cuando se percibe que la salud está comprometida), pipas de agua llenando cisternas de casas cuyos jardines nunca han lucido secos y cuyas albercas tampoco han estado vacías. Y por otro lado, filas inmensas de personas bajo el sol, en colonias populares, en espera de una pipa de agua, o con sus cubetas apiladas frente a una toma pública, en espera de algunas gotas de agua. Ante estas escenas surgen dos perspectivas ¿El agua es un derecho al que todos debemos tener acceso de forma equitativa? ¿O deberíamos tratarla más como un producto, sujeto a la oferta y demanda, donde los individuos con más recursos podrían acumularla y hacer con ella lo que quieran?
La Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 64/292, reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento, como elementos esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Es decir, cada individuo tiene derecho a disponer de agua suficiente (entre 50 y 100 litros de agua según la Organización Mundial de la Salud), saludable (libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos), aceptable (color, olor y sabor aceptables), físicamente accesible (dentro o en la inmediata cercanía del hogar) y asequible (su costo no debería superar el 3% de los ingresos del hogar).
A pesar de ser un derecho humano, pareciera que el agua se comienza a percibir como un producto más, y como tal, los valores alrededor del mismo cambian. La expansión de los mercados, y los valores que promueve, en esferas de la vida donde no solía pertenecer, replantean la idea de un derecho (garantizado, “gratuito”, inherente al ser humano, intransferible) y lo empiezan a convertir en algo transferible (vendible), no gratuito (sujeto a oferta y demanda), y no garantizado (debes adquirirlo por tus propios medios).
Si cedemos a tomar una perspectiva de mercado sobre el problema del agua, sería moralmente aceptable que una familia comprase pipas de agua para llenar su sistema, su piscina, y regar sus jardines, mientras otra familia podría pasar semanas sin agua por no poder comprar garrafones. Sin embargo, la mayoría de nosotros todavía consideramos inmoral que alguien pudiera hacer un uso tan superfluo del agua (llenar su alberca) cuando hay familias sufriendo por conseguirla. Creemos también que el agua no es un producto cualquiera, es una necesidad básica y un derecho. Hay elementos de la vida que no se pueden someter a la lógica de mercado. Imaginemos que no existen barreras físicas y que a cada persona se nos asignan 50 litros de agua cada día, y un grupo de ciudadanos empieza a ofrecer 500 pesos a la persona que “venda” su cuota de agua. Este parece ser un trato en el que todos ganan (una persona gana 500 pesos y la otra 50 litros de agua), no obstante, también se podría interpretar como tomar ventaja de la precariedad económica de una persona para que renuncie al líquido vital (algo así como pagarle a alguien para que haga una actividad que perjudica su bienestar). Ninguna persona debería verse en la necesidad de renunciar a su derecho y venderlo al mejor postor.
Otro riesgo de adoptar una lógica de mercado es la erosión de la responsabilidad moral que sienten los individuos para cuidar el agua y solidarizarse con otros individuos que tienen barreras a su acceso (aquellos que no tienen un tinaco o cisterna). Esto debido a que, si yo compré el agua, yo puedo hacer con ella lo que quiera (yo tengo su propiedad), y el que exista gente sin poder siquiera tener agua para beber no debería preocuparme, porque la lógica de mercado indicaría que ellos también deberían buscar la forma de comprar agua.
Este razonamiento es muy peligroso para una sociedad y los principios que la gobiernan. El espíritu de altruismo y solidaridad que necesitamos en este momento se ve amenazado por una lógica que impone un precio a todo lo que pretende intercambiar. La forma en que la sociedad se organiza y estructura alrededor de una emergencia, el civismo y ciudadanía que deben prevalecer, también se ven amenazados, al igual que nuestro sentido de comunidad.
El autor es especialista en ética, emprendimiento e innovación social, actualmente es profesor-investigador en la Escuela de Negocios de la Universidad de Monterrey.