Si usted es lector regular de esta columna, sabrá que como economista académico y ciudadano he establecido y justificado la necesidad de contar con instituciones autónomas e independientes del gobierno, que permitan realizar actividades económicas y sociales prioritarias para nuestro país. Entre estas actividades podemos mencionar las elecciones democráticas, la evaluación de la calidad de la educación, el monitoreo y evaluación de programas del gobierno, y por supuesto, la regulación de la certidumbre del sistema económico a través de la política monetaria vía el control de la inflación.
Sin embargo, la actual administración federal ha sido concluyente en limitar los recursos para muchas de estas instituciones o directamente cerrarlas por considerarlas innecesarias y fuentes de corrupción. Muestra de ello es la reciente promoción desde el poder legislativo a múltiples cambios en las leyes que limitan el ámbito de acción de organismos autónomos como el Institituto Federal Electoral.
El día de ayer, el presidente Andrés López Obrador realizó un acto inédito en la historia económica de nuestro país, y que manda una señal inadecuada sobre una de las instituciones más importantes: El Banco de México.
Me refiero al aviso adelantado del presidente sobre la decisión de la Junta de Gobierno de Banxico de aumentar la tasa de interés de referencia de la política monetaria en 50 puntos base para ubicarla en 6.5 por ciento. Tambipen reveló la manera en que se acordó dicha decisión (únanime) a través de los votos de su Junta de Gobierno, elemento que muestra la potencial diferencia en opiniones entre sus miembros sobre las expectativas económicas nacionales e internacionales.
El aviso oficial de dicha decisión, así como de los motivos y particularidades en la votación interna de la propia Junta de Gobierno, corresponden al propio Banxico, quien había planeado hacer el anuncio el día de ayer jueves 24 de marzo, a las 13:00 horas, dando así espacio a que el aviso adelantado del presidente constituya un hecho insólito.
Y es que si bien el presidente puede opinar libremente al respecto de las decisiones de Banxico, ésta debe ser después de que la institución ha oficializado su postura ante los ciudadanos y el sistema económico. En palabras simples, el presidente no tiene atributos para preanunciar o revelar información tan importante para la estabilidad financiera antes que lo haga la voz oficial, la Gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, o un representante de la institución.
López Obrador declaró en su conferencia matutina que “…la decisión de ayer la tomaron en Banxico por unanimidad y respetamos la autonomía. Espero que resuelvan pronto en Estados Unidos, porque tengo información que hay, como en Europa, mucho malestar por el incremento de los precios, cada país tiene su política”. Y continuó: “… los financieros en el mundo, cuando hay inflación, lo que buscan es parar la economía. Nosotros vamos a tener una tasa de interés de 6.5% porque cuando aumentan hay menos inversión y se supone que baja la inflación, es un mecanismo de control. De todas formas cuando llegamos al gobierno la tasa era del 8%, la bajamos hasta el 4%”, expuso el mandatario federal en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.
En particular, el Artículo 45 de la Ley del Banxico, establece que “quienes asistan a las sesiones deberán guardar confidencialidad respecto de los asuntos que se traten en ellas”, salvo previa autorización de la Junta de Gobierno, por lo que estas declaraciones del presidente rompen con las formas que rigen la relación entre el gobierno federal y el Banco de México, enviando una señal negativa desde mi punto de vista.
Banxico es un organismo con autoridad y autonomía respecto al poder ejecutivo federal en el manejo de sus objetivos inflacionarios e instrumentos de política, por lo que este tipo de acciones innecesariamente vuelve a generar dudas sobre la autonomía de las decisiones de la institución.
El panorama internacional, la incertidumbre en indicadores de los energéticos como el precio del petróleo, y los elementos nacionales como la inestabilidad social y los bajos niveles de crecimiento esperado en el país, han presionado a que el nivel de inflación nacional se ubique en un 7.29 por ciento en la primera semana de marzo de este año.
Ante dicha perspectiva, la reacción de Banxico es la esperada para controlar el nivel inflacionario, sin embargo también tiene repercusiones en otros ámbitos de la economía, por lo que el aviso adelantado, además de ser una mala señal de autonomía institucional, también pudo distorsionar en el periodo entre el aviso presidencial y el oficial, las miles de decisiones de empresarios e inversionistas que dependen de este anuncio para coordinar sus expectativas de costos y rendimiento en sus inversiones.
Considero que el aviso adelantado del presidente, además de ser una falta de respeto a la Gobernadora, a Banxico, y la correspondiente ilegalidad en caso de haberla, es también una mala señal sobre lo que habremos de esperar en política económica para el cierre del sexenio; a menos que las instituciones autónomas mantengan nuestro respaldo y credibilidad para cumplir sus transcendentales funciones.
El autor es Doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Autor de diversos libros y artículos académicos. Ha recibido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales por su trabajo académico y de investigación. Actualmente es Profesor-Investigador de la Facultad de Economía UANL.Web: www.jorgeomoreno.org.