A Peña Nieto, presidente de México, parece extrañarle que los mensajes del gobierno carezcan de claridad.
Haciéndose eco del expresidente estadounidense George H. W. Bush en su promesa electoral de 1988, de "lean mis labios, no más impuestos", Peña Nieto se comprometió, en su discurso del estado de la nación en septiembre, de que no habrán nuevos impuestos ni impuestos más altos durante el resto de su gobierno. Ésa es una gran promesa especialmente porque el mandato presidencial termina en 2018.
Los mexicanos pueden estar preguntándose si deberían creerla. ¿Por qué? Esta desconfianza se debe a que el gobierno ha demostrado una capacidad alarmante en los últimos meses de darse zancadillas a sí mismo y de dar marcha atrás, o de tergiversar sus anuncios.
Tomemos por ejemplo la caída en los precios del petróleo en un país que financia una tercera parte de su presupuesto gubernamental con las ventas de crudo. Al principio, el gobierno dijo que estaba protegido por su muy cacareada política de cobertura, que le permitía fijar el precio para el próximo año, en este caso de 76.4 dólares por barril.
Aunque muy por debajo de los precios máximos, esto resultó ser muy cómodo debido a la caída de los precios y el precio de la mezcla de crudo mexicano para exportación. Se evitó la crisis, dijo el mensaje.
Las cosas se veían mejor y mejor: a mediados de enero, el gobierno había recurrido a los mercados de bonos para obtener los fondos necesarios para cumplir con la mitad de sus obligaciones de la deuda externa durante todo el año, y con tasas históricamente bajas, además. La inflación fue inusualmente baja. Una mejora en la economía de Estados Unidos –el destino de casi cuatro quintas partes de las exportaciones– ofrecía la promesa de un crecimiento menos lento después de dos años decepcionantes.
Pero hacia el final del mes, el estado de ánimo había cambiado a medida que se materializaba la crisis del precio del petróleo: la austeridad es el nuevo plan de juego del gobierno, con recortes presupuestarios de más de 124 mil millones de pesos ordenados para este año, la mitad de Pemex, la petrolera estatal.
Mientras que los líderes comerciales lo aclamaron como una muestra de planificación responsable por anticipado, la reacción del público ante el anuncio todavía era un resonante "Ay".
Muchos temen que el año próximo sea más duro aún. Y pareciera que las vueltas en U, los tropiezos y los pasos en falso estuvieran multiplicándose.
Este mes el presidente reconoció finalmente lo que ha había sido obvio para muchos mexicanos desde que se supo la noticia en noviembre de que su lujosa mansión familiar había sido construida, pagada y todavía era propiedad de un contratista favorecido del gobierno.
Ese hombre de negocios formaba a su vez parte de un consorcio encabezado por China que ganó, y fue luego abruptamente despojado, de una licitación para un tren de alta velocidad antes de que la noticia de la casa irrumpiera.
"Estoy consciente de que esto . . . se ve como si hubiera sucedido algo impropio", aceptó Peña Nieto. "Lo cual, en realidad, no fue así", añadió rápidamente.
No sólo parecía impropio lo de la mansión presidencial. Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, compró una propiedad del mismo contratista, y se encontró que Peña Nieto compró hace varios años una residencia de otro contratista. Nada de ello es necesariamente negativo, excepto que los términos de esas transacciones siguen siendo opacos, y la idea de que líderes políticos hayan fomentado vínculos estrechos con contratistas de obras públicas hace que muchas personas sientan un marcado malestar.
El hecho de que el presidente se tardara tres meses en darse cuenta de todo esto ya es de por sí suficientemente negativo. Pero su promesa de una investigación completa, encabezada por un auditor federal recién nombrado quien de inmediato dijo que su potestad se limitaba exclusivamente al sondeo de contratos gubernamentales y no de casas, dejó al gobierno en una situación aún más embarazosa.
Un paso adelante, ¿dos pasos atrás? El gobierno de México se ha caído desde la desaparición y aparente asesinato de 43 estudiantes en la ciudad de Iguala, en septiembre. Esto colocó nuevamente el tema de la seguridad en el punto de mira después de que el gobierno había dirigido deliberadamente su agenda hacia la reforma y lejos de la sangrienta "guerra contra las drogas" de la administración anterior.
El reconocido equipo forense argentino que trabaja en la investigación ha acusado a ciertos funcionarios de sacar conclusiones precipitadas acerca de lo sucedido, y sugiere que la versión oficial parecía forzar a que los hechos encajaran con los testimonios televisados de los presuntos responsables detenidos –algo que el gobierno de México niega.
Peña Nieto y los altos funcionarios parecen estar genuinamente perplejos ante el hecho de que los mensajes del gobierno carecen, bajo las mejores circunstancias, de claridad ya que su estrategia –el crecimiento económico a través de reformas de gran alcance– generó un genuino entusiasmo de parte de los inversionistas internacionales. El hobby del presidente es el ajedrez: ¿quizás es hora de un nuevo plan de juego?
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